Busca Morena evadir devolución de financiamiento

Ciudad de México.- En fast track, la Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para que el INE no le pueda descontar a los partidos políticos la totalidad de los remanentes del financiamiento público, lo que beneficiará particularmente a Morena, el partido que más dinero acumula sin gastar y que tiene que regresar a la Tesorería de la Federación.

La semana pasada, el diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna, exrepresentante ante el INE y cercano a la dirigencia de Mario Delgado, presentó la iniciativa que hoy se está aprobando con rapidez.

La propuesta modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral y Ley General de Partidos Políticos, con medidas retroactivas para que no se tengan que regresar recursos de años anteriores.

El dictamen fue aprobado a primera hora de la mañana con 27 votos a favor, incluido el PRI, y 11 abstenciones de la Oposición, que cuestionó la prisa con que se procesó una "reforma a modo".

En el artículo 456 de la LGIPE, se modifica de 50 por ciento al 25 por ciento la cantidad límite que el INE podrá reducir del financiamiento de los partidos político por conceptos de multas.

Ahí se agrega un párrafo, para poner el mismo límite a otros conceptos.

"El monto total de la reducción y/o retención de la ministración mensual del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes derivada de cualquier tipo de sanciones, multas, descuentos, remanentes u otros conceptos, no podrá exceder el veinticinco por ciento de la ministración mensual que corresponda", se agregó a dicho artículo.

Con ello, los partidos podrán quedarse con el 75 por ciento de los recursos que no haya gastado de las ministraciones mensuales.

En el artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos también se agrega un inciso con una redacción similar.

"La autoridad electoral no podrá reducir y/o retener más del veinticinco por ciento de la ministración mensual del financiamiento público ordinario que les corresponda, derivada de cualquier tipo de sanciones, multas, descuentos, remanentes u otros conceptos".

En artículos transitorios se señala que todas las obligaciones en materia de fiscalización emitidas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto "deberán ajustarse de manera inmediata".

Ello impacta particularmente a los ejercicios 2019, 2020 y 2021, que siguen en revisión no sólo en el Instituto Nacional Electoral, sino en los procesos de fiscalización que se llevan a cabo en cada uno de las entidades federativas por parte de los Oples.

"Las autoridades electorales competentes tendrán un plazo de treinta días para adecuar la normatividad correspondiente de conformidad con lo dispuesto en este decreto, sin que sea condición para la aplicación y cumplimiento inmediato de las disposiciones establecidas en el mismo", se precisa.

El cambio de 50 por ciento a 25 por ciento en el límite para realizar los descuentos no es de mayor impacto, porque en promedio las autoridades locales no aplican cifras mayores, a fin de no ahorcar a los partidos en su operación financiera por los descuentos en multas, que se van acumulando cada año.

En la discusión del dictamen, la vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, resaltó que los diputados fueron citados fuera de la fecha acordada en el plan anual de trabajo, para el 18 de octubre en reunión ordinaria.

"No entiendo la urgencia de citarnos el día de hoy, en todo caso debería ser extraordinaria", comentó.

También indicó que se discutía el tema a una semana de que Gutiérrez Luna presentara su iniciativa, lo que le daba un trato preferencial, dado que hay un centenar de iniciativas pendientes.

La perredista agregó que la propuesta no deja de ser contradictoria, porque se argumenta en el dictamen que se quiere proteger el financiamiento público para los partidos, cuando la iniciativa del Ejecutivo federal lo que plantea es su desaparición.

"Una cosa contradictoria absolutamente con la otra", remarcó.

Festejó que los morenistas reconozcan la importancia de las actividades de los partidos políticos, a partir del financiamiento público ordinario.

Recordó que las multas a los partidos políticos suman 697.5 millones de pesos a través de diversos procedimientos y que, en los últimos años, el partido que más multas acumula es Morena.

Advirtió que puede ser inconstitucional el artículo transitorio que plantea hacer efectivo de inmediato la reforma sobre procesos de fiscalización anteriores, pues sería retroactivo.

"No pueden ser retroactivas las leyes como marca la Constitución en su artículo 14", señaló.

"Si bien puede haber beneficio a los partidos en el tema de las multas, no es correcto que se vaya por encima de la Constitución ni se pueden hacer leyes a modo", dijo Elizabeth Pérez.

El dictamen se pasará a la Mesa Directiva para que programe su discusión en el Pleno.