Afirma Gobierno que reorientó fondos por Covid-19

Ciudad de México— La Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dijeron a un juez que ya cumplieron con una orden judicial para reorientar el presupuesto para proteger las fuentes de empleo y dar facilidades fiscales, ante la pandemia del Covid-19.

Pese a que el Presidente Andrés López Obrador en un primer momento criticó el acuerdo del Consejo Mexicano de Negocios con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ahora las autoridades federales lo presumen ante el juez como una de las medidas de contención tomadas ante la crisis.

Juan Carlos Pinsón Guerra, director de Asuntos Contenciosos y Procedimientos de la Procuraduría Fiscal, en representación de López Obrador y el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, solicitó revocar la suspensión provisional que ordena al Gobierno modificar el presupuesto por la emergencia sanitaria.

Es en esa solicitud donde enumeran diversas medidas como la citada, para tratar de acreditar que ya cumplieron con el mandamiento judicial y que, por tanto, éste debe ser cancelado.

Su escrito fue entregado el lunes a José Rivas González, Juez Segundo de Distrito de Baja California, quien el pasado 11 de abril concedió la citada suspensión a una microempresa de Mexicali denominada Cervecería Infinito.

El juzgador, sin embargo, no resolvió de inmediato la petición del Gobierno y apenas el miércoles agregó el documento suscrito por Pinsón al juicio de amparo interpuesto por la empresa, reservándose la decisión de emitir posteriormente un acuerdo al respecto.

El representante del Presidente y la SHCP enumera diversas medidas que ha tomado el Gobierno federal para proteger el empleo, uno de los aspectos principales que el juez ordena atender con la reorientación del presupuesto.

Refiere, por ejemplo, el aumento de liquidez en los mercados por 50 mil millones de pesos y las medidas de protección a la liquidez de un millón de personas, que en realidad fueron acordados por Banxico, un organismo autónomo.

"Otro hecho superviniente, público y notorio lo es el acuerdo realizado por el Consejo Mexicano de Negocios y el BID, para el manejo de un fondo de 12 mil millones de dólares anuales para otorgar créditos a 30 mil empresas", dice el escrito entregado al juez.

"Acuerdo que además busca mantener el funcionamiento adecuado de las cadenas de suministro y optimizar el capital de trabajo, bajo la consideración de que continuar con la actividad productiva y proteger los empleos es prioritario".

Cita actos y decretos como los relacionados con los 25 mil pesos que se entregarán a empresarios con PYMES, la fijación de tarifas eléctricas, las reglas de los microcréditos para bienestar 2020, la extinción de fideicomisos y las medidas específicas contra el COVID-19.

Adicionalmente, refiere acciones y costos como los 553 millones de pesos del programa de apoyo emergente a la economía de Baja California, 18 millones para salvar microempresarios, préstamos de hasta 400 mil pesos a pequeñas empresas, 95 millones de financiamiento a compañías de desarrollo científico y políticas económicas aplicadas por Banxico hasta por 750 mil millones.

Acusan que tratan de confundir

Adolfo Solís Farías, abogado de la empresa Cervecería Infinito, dijo que desde hace 20 días el Gobierno federal ha recurrido a todos los recursos legales para tratar de echar abajo esta suspensión y hasta el momento no lo ha logrado.

"Pidieron al juez que se les explicara la suspensión (una aclaración), pidieron que la modificara, pidieron que la revocara, presentaron una queja (que no ha sido resuelta) y negaron los hechos en el informe presentado", dijo el litigante.

"Traen un bombardeo de escritos, para ver cuál pega, pero ninguno dice si ya reorientaron o no el presupuesto. Y esa técnica se usa para confundir al juez, pero es poco eficaz porque el juez se negó a atender su petición".