Advierten impunidad en caso Ayotzinapa con Ley de Amnistía

Ciudad de México.- Con la reforma a la Ley de Amnistía, el presidente Andrés Manuel López Obrador podría garantizar impunidad a quienes a su juicio revelen información para esclarecer el caso Ayotzinapa y conocer el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde 2014, advirtió Javier Cruz Angulo, abogado especialista en derecho constitucional. 

La iniciativa que podría ser aprobada este miércoles en la Cámara de Diputados señala que no importa si los beneficiados cometieron homicidio, secuestro, desaparición forzada u otros delitos graves previstos en la Constitución.

"Se podría generar impunidad porque sólo queda a criterio de una persona (otorgar la amnistía). Es decir, si hay una persona condenada por el delito que usted guste que se considere muy dañino para la sociedad y esta persona ofrece que puede resolver otros crímenes, obtiene total impunidad porque queda el criterio de una sola persona (dársela)", señaló.

La legislación penal, explicó en entrevista, ya contempla distintas figuras para otorgar beneficios a quien colabore con las autoridades, pero estos deben ser otorgados por la Fiscalía General de la República (FGR), revisadas por un juez y mediante un procedimiento establecido.

La reforma la Ley de Amnistía establece que "por determinación exclusiva de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal se podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido en este ordenamiento, en casos específicos que reúnan las siguientes condiciones".

Entre las condiciones descritas señala que la amnistía se otorgará a quienes aporten elementos para conocer la verdad en casos que sean relevantes para el Estado mexicano.

También que se podrá otorgar ese beneficio a personas sobre las que se haya ejercido la acción penal, se encuentren sujetas a proceso o estén sentenciadas por cualquier delito

López Obrador reconoció esta mañana durante su conferencia en Palacio Nacional que el propósito de la reforma es resolver el caso Ayotzinapa y que él pueda beneficiar a las personas que tengan información para que de esta forman colaboren con la justicia.

Cruz Angulo recordó que por disposición constitucional, el titular del Ejecutivo no tiene facultades para investigar ni resolver delitos, por lo que al hacerlo invadiría las funciones de la FGR, que es un órgano constitucional autónomo.

"La función constitucional para la persecución del delito recae sobre el ministerio público, recae sobre un organismo constitucionalmente autónomo y se tomó la decisión de que las fiscalías fueran organismos constitucionalmente autónomos precisamente para alejarlas de intereses políticos como los que pueda tener el presidente", advirtió.