Se unen Ongs al repudio

Ciudad de México.— En una carta firmada y dirigida tanto a autoridades federales como estatales y municipales, 210 organizaciones y 230 personas exigieron diversos puntos en pro de los derechos humanos tanto de los familiares como de las víctimas que cobró el incendio al interior de la estación provisional del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez.

De igual manera, manifestaron su rechazo a que las autoridades continúen llamando “alojamiento” o “albergues” a lugares que, manifestaron, son de detención y privación arbitraria a la libertad en las “estancias” migratorias, pues aseguran que el INM categoriza los espacios con diferentes nombres mientras la finalidad de todos es privar de la libertad a personas en situación de movilidad.

En el escrito, responsabilizan al Gobierno federal, toda vez que consideran, es el reflejo de la ausencia de protocolos y una política de estado para garantizar los derechos y protección de personas migrantes y solicitantes de asilo “por lo que 40 personas fallecidas y más de 20 lesionadas por un incendio son  resultado de una serie de omisiones por parte de las autoridades encargadas del espacio y de rutas de evacuación para atender este tipo de siniestros”.

Incluso se menciona que dicha estación se encontraba con sobrecapacidad, teniendo en su interior a personas privadas de la libertad, incomunicadas, hacinadas y encerradas con candados; se hizo un llamado a no desinformar mientras se mantiene el proceso de investigación.

Por lo anterior, el documento hace cuatro exigencias: 

Primero al Gobierno municipal de Ciudad Juárez: el cese inmediato de los operativos de detención y una explicación de aquellos donde han resultado detenidas personas en contextos de movilidad; renuncia inmediata de autoridades municipales que resulten responsables; alto a los discursos de odio, criminalización y estigmatización a personas en situación de movilidad y en su lugar, mensajes a sus servidores de que toda violación a derechos humanos será sancionada; así como una disculpa pública del presidente municipal por todos los discursos de odio a lo largo del año.

Segundo al INM: responsabilizarse y explicar lo sucedido en conjunto con las autoridades involucradas; notificar a consulados sobre las personas hospitalizadas o fallecidas, ya que aún hay personas en calidad de desconocidas; garantías de no repetición; facilitar y respetar el ingreso a organizaciones de la sociedad civil para labores de monitoreo y documentación; no contratación de personal militar y alto a la militarización de las fronteras.

Tercero al Congreso de la Unión, en particular a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado: legislar por la excepcionalidad de la detención por razones migratorias avanzando hacia su eliminación; quitar el uso de eufemismos como “presentación y alojamiento” de la Ley de Migración; acatar el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia No. 184/2022 que declara inconstitucional el procedimiento de revisión migratoria que se efectúa en lugares distintos al de tránsito internacional que deriva en la detención y alojamiento en estaciones migratorias del INM.

Finalmente la exigencia al Gobierno federal para que garantice el acceso a servicios de salud; adelantar el proceso de identificación y entrega digna de restos a familias de las personas fallecidas; asumir los costos de repatriación; investigar los hechos y garantizar que no quede en impunidad así como la destitución e inhabilitación del comisionado del INM Francisco Garduño Yáñez.