Se recrudecen asesinatos de mujeres

En Juárez, la ciudad en la que desde hace más de 25 años se alertó por el aumento de la violencia de género, los asesinatos de mujeres no sólo no se han reducido sino que, por el contrario, van en aumento.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado recopilados por El Diario, mientras que en 2016 se registraron 57 delitos contra la vida de este tipo, la cantidad de casos al siguiente año fue de 96, un 68 por ciento de incremento. 

La cifra continuó al alza en 2018, con 105 asesinatos de mujeres, para llegar a 180 en 2019 y a 182 en 2020; datos estos últimos que representan un aumento de más del 200 por ciento a lo presentado el año que arrancó la actual administración estatal y casi diez veces los 19 crímenes registrados en 1993, período en el que se ubica el inicio del registro de la problemática en esta frontera.

Minimizan feminicidios

Areli Castañeda fue encontrada la mañana del 21 de febrero pasado con señales de haber sido asesinada a golpes con una piedra localizada todavía manchada de sangre junto a su cadáver. Tenía 28 años y dejó cuatro hijos –de 10, nueve, ocho y cuatro años–, además de “muertos en vida” a su hermana, su hermano y a su madre.

Una hora y media después del hallazgo de este crimen, a las 9:55 del mismo domingo, otra mujer aún no identificada fue encontrada muerta en el lecho de la acequia que atraviesa la calle José María Arteaga, en la zona Centro. 

El anterior sábado 20, en un llano de la colonia Luis Echeverría, con un disparo en la cabeza había sido localizada otra víctima. Se llamaba Claudia Solís Ogaz.

Ningún asesinato, y no sólo estos tres registrados en menos de dos días en la ciudad que hace 25 años alertó contra el aumento de los crímenes de género, fue mencionado en las ponencias oficiales de la conferencia sobre la Política Nacional Para Erradicar las Violencias contra las Mujeres, encabezada el siguiente jueves 25 en la Ciudad de México por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 

“El feminicidio en general y la violencia de género están fuera del discurso, pero, sobre todo, están fuera de los planes oficiales: no están vistos como una problemática importante. Esto, desgraciadamente, nos lo confirma desde el Ejecutivo y su propio discurso, minimizante de la violencia de género, hasta lo que hacen las otras dependencias de gobierno”, dijo Ivonne Mendoza, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer. 

“Es algo muy preocupante para nosotras, porque sí vemos que no es tema para el Gobierno federal, desde que inició esta administración, en la que teníamos ciertas esperanzas de que, al contrario de lo que sucede, la atención fuera más enfocada y más dirigida a la prevención y al alcance de la justicia para las víctimas y para sus familias”, agregó.

Un ejemplo de este abandono, mencionó Mendoza, es la suspensión del diálogo iniciado con la representación de las familias de las víctimas incluidas en la sentencia dictada en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso conocido como “Campo Algodonero”, predio de esta localidad en el que, en 2001, fueron encontradas ocho mujeres asesinadas.

“Como litigantes de la sentencia del caso del ‘Campo Algodonero’, tuvimos desencuentros con gobiernos anteriores. Ahora la diferencia es que en las otras administraciones federales teníamos por lo menos un diálogo, gente dedicada a tener diálogo con nosotras para ver el seguimiento a la sentencia; no quiere decir que se cumpliera la sentencia, pero por lo menos sí se establecieron mecanismos de diálogo y de atención”, dijo Mendoza.

“Esos desaparecieron con esta administración, para nuestra sorpresa, porque pensábamos que incluso se iban a robustecer esos mecanismos”, agregó.

Con esta percepción coincidió Julia Monárrez, investigadora del Colegio de la Frontera, autora de diversos estudios sobre la violencia y participante en el peritaje sobre feminicidio sexual sistémico que se presentó ante la CIDH para la citada sentencia. 

“Para este Gobierno, para esta nueva administración federal, los feminicidios no están como un tema o un asunto prioritario en su agenda política. Lo hemos visto a través de muchas declaraciones en relación con esta temática, que es muy dolorosa”, dijo Monárrez.

Esto, explicó, aun cuando diversos convenios internacionales obligan al Gobierno federal mexicano a atender la problemática, como la iniciativa Spotlight, patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de incidir para “Mejorar las normas y las políticas públicas para la eliminación de la discriminación y de la violencia contra mujeres y niñas” en municipios que, como Juárez, son “territorio crítico” por las altas cifras de incidencia. 

“Entonces, un Estado que ya forma parte de convenios internacionales, en los que entra junto con otras naciones que no tienen el potencial económico ni una infraestructura de aparato de justicia, de todos modos, entró la iniciativa Spotlight, porque México tiene un problema muy grave de violencia contra las mujeres y el feminicidio es la punta del iceberg”, agregó la investigadora.

‘Que se haga público’

Para la hermana menor de Areli Castañeda –que pidió no ser identificada por motivos de seguridad– entre las prioridades posteriores al crimen estuvieron la detención de culpable, conocer los motivos por los que había utilizado tanta saña y, también, que la sociedad supiera lo que había ocurrido.

“Quería que saliera la noticia, porque quería que se hiciera público lo que había hecho”, dice la familiar en entrevista.

“Porque fue mucha saña, ¿por qué?, ¿cuál es el motivo, la razón por la que pudo haber hecho eso?”, agregó.

En lo narrado a este medio desde el 24 de febrero, la familiar explicó que la pareja sentimental de su hermana –de una relación reciente– empezó a contradecirse al reportar ante la Fiscalía General del Estado un secuestro y el robo del vehículo en el que viajaba con la víctima cuando, de acuerdo con esta probable coartada, un grupo de hombres armados les cerró el paso. 

“Porque él da una versión, que ocurre esto en la mañana, que los bajan del carro, pero es hasta cinco horas después que él va y avisa a las autoridades; son cinco horas después, y creo que ahí es donde comienza a contradecirse, y ese mismo domingo que voy a Fiscalía, va a poner la denuncia y lo dejan arrestado”, agregó la entrevistada. 

El cuerpo de Castañeda fue localizado a las 8:20 de la mañana en la vía pública, sobre la terracería de la intersección entre el bulevar Camino Real y la carretera Rancho Anapra, en el poniente de la ciudad. 

En la colonia Bellavista, una de las zonas más antiguas de esta frontera y donde ese mismo domingo 21 se encontró a otra mujer asesinada, el crimen no causó sorpresa. 

“Ya habían encontrado también a dos personas tiradas. Todo alrededor se encuentran cuerpos. No se sabe a qué hora le va a tocar a uno”, comentó un vecino de la acequia que, también por seguridad, pidió no ser identificado.

En entrevista, el padre de familia agregó que aun el trayecto a pie que realiza a diario su esposa para acudir a su trabajo es motivo de zozobra. 

“Vivimos en una ciudad de mucha violencia, donde nosotros comenzamos, por callarnos, el no hacer nada al respecto”, dijo la hermana de Areli.

“Quisiera pedir hasta pena de muerte para esos casos, pero nuestras leyes, las autoridades son quienes la corrompen”, agregó la familiar. 

‘Sólo discurso’

En Juárez, la violencia contra las mujeres no sólo no se ha reducido, sino que, de acuerdo con estadísticas oficiales, ha aumentado.  

Según los datos de Fiscalía General del Estado recopilados por El Diario, mientras que en 2016 se registraron 57 delitos contra la vida de este tipo, la cantidad de casos al siguiente año fue de 96, con un 68 por ciento de incremento. 

La cifra continuó a la alza en 2018, con 105 asesinatos de mujeres, para llegar a 180 en 2019 y a 182 en 2020; datos éstos últimos que representan más de un 200 por ciento adicional a lo contado el año que arrancó la actual administración estatal, y casi diez veces más que los 19 crímenes registrados en 1993, cuando inició aquí el registro de esta problemática.

También en las mediciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con lo reportado por este medio, la ciudad se ha ubicado a la cabeza de la lista de municipios más violentos para el género, como en 2020. 

Esto, aun cuando al menos desde 2004 se crearon instituciones para atender específicamente este tipo de ilícitos, como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los homicidios de mujeres en el municipio de Juárez, de la Fiscalía General de la República, o la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), base del organismo aún existente para todo el país.

En la FGE se formó también un órgano especializado donde a la fecha, sin embargo, cada agente investigador debe llevar más de cuatro mil expedientes, como advirtió un estudio de la organización local Mesa de Seguridad. 

Y para el protocolo de investigación de feminicidios elaborado en la misma agencia especializada del estado desde 2018, agregó Mendoza, aún no se capacita a los operadores. 

El órgano especializado de la FGE no respondió ayer una solicitud de información sobre estas carencias.

“Fueron proyectos que realmente no supieron atajar la violencia, porque se quedó sólo en el discurso; por ejemplo, la Conavim se generó y se creó un aparato muy grande, burocrático, en torno a esa oficina que a fin de cuentas no resolvió nunca nada”, dijo Mendoza.

“No había este discurso de minimización; no había este discurso de decir que somos parte de una ala conservadora del país que golpea al Gobierno federal, no lo había; sin embargo, tampoco se resolvía nada”, agregó.