Retenciones ilegales condujeron a tragedia

Ciudad Juárez.— La Fiscalía General de la República (FGR) señaló ayer que la retención de personas extranjeras por más de 36 horas condujo al hacinamiento que derivó en el incendio ocurrido el pasado 27 de marzo en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, el cual provocó la muerte de 40 personas.

Durante la audiencia inicial en contra de Antonio ‘N’, director general de Control y Verificación Migratoria del INM, el Ministerio Público Federal señaló que la Ley de Migración establece 15 días para realizar los retornos, mientras que el artículo 111 establece que ninguna persona debe estar alojada más de 36 horas en una estancia provisional, por lo que “ese incumplimiento provocó el acumulamiento de más personas y provocó el reclamo de agua”.

Dijo que de acuerdo con la carpeta de investigación, una persona había ingresado a la estancia provisional tipo B el 22 de marzo, dos el día 23 y diversas el 24 de marzo, como ocurrió con un originario de El Salvador, quien fue detenido el 23 de marzo y quien después de resultar lesionado narró que habían recibido comida y trato precarios por parte del personal del INM.

La agente federal adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la FGR narró que otra de las víctimas sobrevivientes declaró que fue detenido el 24 de marzo con su tío, cuando ambos salían de un hotel de la ciudad. Afirmó que diariamente ingresaba un número considerable de personas y otras se iban.

Dijo que ese día todos querían agua porque hacía demasiado calor, y que a las 10:00 de la mañana llegaron más y les empezaron a quitar la comida.

“Querían agua y ya no había la suficiente” y “pude ver cómo se metían al baño a fumar cigarros que les vendían los guardias de seguridad, con encendedores, y que al salir del baño se pusieron agresivos. Que aproximadamente a las 7:30 de la tarde volvieron a pedir que les dieran agua y algunos migrantes les dijeron que se manifestaran, por lo que algunos juntaron las colchonetas y plásticos y con el encendedor que tenían prendieron fuego”, señaló.

Leyó también un testimonio en el que uno de los retenidos narró que cuando ellos gritaban al personal para que les ayudaran a salir de ahí, una persona del INM les dijo “que les vaya bien”.

Destacó que en el momento del incendio había 68 personas dentro del área de hombres, pero el INM sólo tenía 52 expedientes administrativos abiertos, ya que a 16 migrantes venezolanos no se les había iniciado un procedimiento, lo que calificó como privación de la libertad. 

Antonio ‘N’ es acusado como probable responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público, por lo que la representación social le pidió al juez el auto de vinculación a proceso en su contra.

Durante cinco horas los agentes del Ministerio Público Federal dieron lectura a los datos de prueba y su formulación de imputación, en la que señalan que Antonio ‘N’ giró oficios para que se cumpliera en las estancias del país con los protocolos de Protección Civil, pero no supervisó que se llevaran a cabo, por lo cual en esta frontera no se contaba con un trato digno a las personas extranjeras, quienes ante la falta de agua y alimentos prendieron fuego a las colchonetas.

Se reveló que a través del oficio 161/2022, el 7 de julio de 2022 el titular de la representación del INM en Chihuahua, el contralmirante Salvador González Guerrero le informó que debido a los trabajos de remodelación realizados en la estancia provisional de esta frontera, se amplió su capacidad de 40 hombres y 20 mujeres a 80 hombres y 25 mujeres, y le adjuntó fotografías de las instalaciones, en las cuales se nota la falta de extintores y la existencia de cinco ventanas de 40 centímetros de alto por 20 centímetros de ancho.

Indicó además que el protocolo establece que las estaciones provisionales deben estar al 80 por ciento de su capacidad, y que deben agilizar el trámite para su salida, pero al momento del incendio había 68 personas en el área de hombres, quienes excedían el porcentaje establecido, además de que en dicha zona no había mangueras, extintores ni botones de alarma.

“Estaban en condiciones de encarcelamiento”, “en un cuarto con celdas y candado”, “fue omiso en observar las obligaciones a su propio cargo, que él mismo instruyó desde 2020 que tomó el cargo. Se encargó de su difusión, dejando de observar el cumplimiento de las mismas”, señaló la fiscal al acusarlo de incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando la muerte de 40 extranjeros.

“Fue omiso porque dichas personas no recibieron un trato digno”, “no supervisó los protocolos para una correcta operación”, los migrantes estaban en “condiciones de un centro de reclusión, aislados, bajo llave”, señaló la parte acusatoria.

Las llaves del candado nunca fueron encontradas durante el incendio, hasta que llegaron los bomberos e hicieron un boquete en la pared y rompieron el candado para poder acceder, pero finalmente una persona del INM, a quien no pudieron describir físicamente, le entregó las llaves a uno de los bomberos. Los daños a las instalaciones fueron estimados en un millón 893 mil 915.38 pesos.

Antonio, representado por cinco abogados ya que ayer se unieron dos más a su defensa, solicitó ante el juez federal José Avelino Acosta una ampliación de 144 horas para que se resuelva su situación legal, por lo que la audiencia inicial 236/2023 se retomará el próximo martes 25 de abril a las 14:00 horas.

El juez federal recordó que se mantiene como medida cautelar la firma mensual a partir de ayer viernes.