‘Preocupante’, rezago en pago de agua a EU

Ciudad Juárez.- La Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) reportó un preocupante rezago en la entrega de agua del río Bravo a Estados Unidos durante el presente quinquenio, que concluye en 2025.

De acuerdo con Jesús Luévano, secretario de la representación mexicana, la previsión es que, al concluir el ciclo, el volumen faltante puede ser superior al registrado en 2020, cuando el incumplimiento de esta entrega –establecida en el Tratado de Aguas de 1944– derivó en un enfrentamiento entre agricultores y la Guardia Nacional en las inmediaciones de la presa La Boquilla.

“En 2020 terminamos con un faltante del orden de 300 millones de metros cúbicos (Mm3), y ahora prevemos que, si sigue esta tendencia, terminaríamos con un faltante de mil 600 millones, es decir, cinco veces, lo cual es totalmente inmanejable”, dijo.

El funcionario fue entrevistado luego de que, por quejas del Gobierno de Tamaulipas, la Sección Mexicana de la CILA –con sede en Juárez– canceló la firma del acta 330 de este organismo; documento con el que se buscaba, dijo Luévano, que el país pudiera incrementar las entregas a Estados Unidos y mejorar la predictibilidad de los volúmenes.

“Esa acta lo que buscaba era dotar a México de herramientas que le permitieran incrementar las entregas, porque el tercio que se está entregando ahora de esos tributarios es muy bajo. Hemos entregado apenas del orden de 500 Mm3 y traemos un atraso de poco más de 800 Mm3; lo que buscamos es evitar que terminemos este ciclo en 2025 con un faltante que sea tan grande que sea imposible que lo paguemos”, dijo.

De acuerdo con información oficial del Gobierno de Tamaulipas, esa administración gestionó la cancelación del acta 330 con el argumento de que “en esencia pretendía entregar agua a Estados Unidos al margen de lo que establece el Tratado (…) lo que comprometía el agua almacenada en las presas interiores La Amistad y Falcón, que está asignada y concesionada” a aquella entidad.

Otro argumento, presentado por la diputada federal Olga Juliana Elizondo, también de Tamaulipas, indicó que el acta podría generar “cambios” en el acuerdo binacional, como indicó en un comunicado del Congreso.

Luévano, por separado, explicó a este medio que el acta citada no modificaría los términos del tratado binacional sino que, por el contrario, procede de un convenio firmado desde octubre de 2020 por las dos secciones del organismo.

“Es un compromiso estipulado en el acta 325 de la CILA; cuando cerramos el anterior ciclo se estableció el compromiso de firmar un acta que nos permitiera dar mayor predictibilidad a las entregas de agua de México a Estados Unidos; entonces, esta acta obedece precisamente a ese acuerdo que se tuvo en 2020. En el acta se establecía que debía firmarse antes del 31 de diciembre de 2023, lo que no ocurrió a consecuencia de estas quejas”, dijo Luévano.

“Ha habido una mala interpretación, no se está entendiendo el alcance de esta acta, la naturaleza y como que no tienen los antecedentes de que esto viene de un acta anterior, pareciera que se nos ocurrió en este momento y que la estamos generando a partir de nada, cuando es parte de un proceso del cumplimiento de las obligaciones de México”, agregó.

El funcionario mencionó también que en Estados Unidos hay preocupación por el rezago acumulado al sur de la frontera, y que el incumplimiento de México en la firma del acta citada pone en riesgo el tratado.

“En Estados Unidos lo que nos han dicho es que están preocupados porque no hemos cumplido; nos está pidiendo que veamos cómo pudiéramos ir avanzando en el cumplimento de nuestras obligaciones. Han presentado una serie de notas diplomáticas y una serie de manifestaciones en el sentido de que quisieran que México cumpliera con sus obligaciones”, dijo.

“Si no cumplimos con los acuerdos en el marco del tratado, ponemos en riesgo la viabilidad del tratado”, agregó.

Luévano recordó que México tiene la obligación de entregar un mínimo de 431.7 Mm3 anuales del agua del Bravo durante cinco años.

“Si demostramos que hay sequía extraordinaria, lo que establece el tratado, tendríamos cinco años más para cumplir, pero insisto, el problema no es ese: el problema es el volumen que estaríamos dejando para pagar el ciclo siguiente, porque si llegamos con un faltante de mil 600 millones, estamos obligados a pagar en los siguientes cinco años estos mil 600 más los dos mil 200 millones del nuevo ciclo”, dijo Luévano.

“Estaríamos hablando de casi cuatro mil millones de metros cúbicos en cinco años, lo cual no hay forma de que se pueda pagar. Entonces, lo que se busca evitar es precisamente llegar a ese escenario”, agregó.