Piden ONGs a Municipio disculparse por uso de fuerza en desalojo de migrantes

A través de un pronunciamiento, más de 25 organizaciones y activistas locales, nacionales, binacionales e internacionales que trabajan a favor de las personas en movilidad pidieron al Ayuntamiento de Juárez y a la Dirección de Derechos Humanos del Municipio proporcionar una disculpa pública a la población venezolana tras el uso de la fuerza pública para desalojarlas del campamento migrante. 

“Como organización que promueve y defiende los derechos humanos de las personas en contextos de movilidad humana, hacemos un llamado fático a proporcionar una disculpa pública por parte de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio de Juárez y el Ayuntamiento a la población venezolana por la actuación de las fuerzas antimotines y por la difusión del discurso criminalizador de la población en movilidad, reproducido y justificado en la conferencia de prensa del lunes 28 de noviembre”, pidió la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA).

Destacó que en dicha conferencia se reconoció que por línea institucional del Ayuntamiento se ordenó desalojar por los medios necesarios, por lo que le llamado fue para el Secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Opinel y el director de Derechos Humanos, Santiago González Reyes, quienes argumentaron que el desalojo con uso de la fuerza pública fue por su seguridad.

El desalojo inició  “desde el 17 de noviembre al utilizar a elementos de SSPM para intimidar y hostigar durante diez días a la población asentada, así como a la ciudadanía que intentaba ayudarles”, apuntó.

La mañana del domingo, agentes municipales y estatales retiraron las carpas y cobijas de los sudamericanos que permanecían frente a Estados Unidos, con ayuda de elementos antimotines de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM), durante un operativo en el que participaron los tres niveles de gobierno y en el que los migrantes denunciaron haber recibido “cachazos” en las manos para que soltaran las carpas, pisotones cuando permanecían dentro de las carpas y agresiones verbales por parte los municipales.

Por ello, organizaciones como Hope Border Institute (Instituto Fronterizo Esperanza), y las que integran el Grupo de Trabajo Sobre Politica Migratoria-GTPM, como Aldeas Infantiles SOS México,I.A., Alianza Américas American Friends Services Committee, Asylum Access México (AAMX) A.C.,Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundación Appleseed México, y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) se unieron al llamado. 

También lo hicieron Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), Movimiento Migrante Mesoamericano (M3), Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) Save the Children México, Sin Fronteras, lAP, Servicio Jesuita a Migrantes México, Servicio Jesuita a Refugiados, SMR Scalabrinianas: Misión con Migrantes y Refugiados, entre otros.

La organización local informó que compartieron la preocupación con las Comisiones Estatal (CEDH) y Nacional (CNDH) de los Derechos Humanos, así como con el Consejo Estatal de Población (Coespo), en torno a la exposición de la población a situaciones de violencia generalizada en la localidad, al encontrarse junto al río Bravo sin alumbrado público y frente  diversos riesgos.

También dialogaron sobre la persecución por parte de autoridades migratorias y de seguridad pública (prioritariamente municipal), derivando en detenciones arbitrarias, robo, extorsión y destrucción de sus documentos o permisos migratorios; el uso de fogatas encendidas con materiales de riesgo que exponían a las personas asentadas; riesgos de salud asociados a la falta de regaderas y sanitarios y enfermedades respiratorias derivadas de las condiciones climáticas.

“En virtud de lo anterior, coincidimos en la necesidad de que las personas fueran reubicadas en espacios humanitarios, aunque ello imponía retos no superados desde hace al menos tres años, tales como:

Falta de regulación de espacios de acogida donde se han documentado casos de explotación y abuso sexual, capacidad limitada de alojamiento en los espacios públicos y privados y ausencia de presupuesto público municipal, estatal y federal para los espacios humanitarios (aunado a la opaca transparencia por parte de las dependencias que hacen uso de los recursos)”, informó.

Tras el desalojo con el uso de la fuerza pública las organizaciones se dijeron preocupadas por el que se realizaron intentos previos de reubicación de las personas asentadas a través de personal de Protección Civil, Grupo Beta, Coespo, la Delegación de Programas para el Bienestar y la Dirección de Derechos Humanos del Municipio, argumentando que la integridad de las personas estaba en riesgo y no existía forma de garantizar la salubridad del espacio. 

“Sin embargo  dichas dependencias hicieron uso de la SSPM desde el 17 de noviembre para impedir la instalación de nuevas casas de campaña o personas”.

El 27 de noviembre, más de 60 unidades de la SSPM, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Guardia Nacional fueron destinadas para desalojar a la población, en lo que se denominó "operativo de limpieza", denunciaron.

Estos hechos, aunados a los abusos de autoridad de los agentes, generaron predisposición y temor en la población venezolana. Cuando el diálogo entre autoridades y población asentada se agotó, la respuesta fue el uso desproporcionado de la fuerza pública (Grupo Antimotines de la SSPM - utilizado en pocas ocasiones en la ciudad-), replegando a personas en movilidad (entre ellos niñas, niños y adolescentes), subrayaron a través del comunicado de prensa.

Además de la disculpa pública, las organizaciones pidieron a las autoridades que den respuesta a la solicitud de una mesa de diálogo, cuya petición fue hecha por las personas del campamento para llegar a acuerdos que les permitieran permanecer por lo menos hasta el 21 de diciembre en la zona del río Bravo.

Como una medida reparatoria “es importante que la SSPM en conjunto con la Dirección de Derechos Humanos del Municipio disefen, transparenten y pongan en marcha una campaña de sensibilización para informar y empatizar sobre las condiciones que enfrentan las personas refugiadas, así como las implicaciones de la ayuda humanitaria”, solicitaron. 

También pidieron garantizar la no repetición de acciones de “securitización”, al ver a las personas en movilidad como amenaza prominente para la seguridad nacional.

Solicitaron además “clarificar las distintas versiones proporcionadas por la Secretaria del Ayuntamiento, Comunicación Social del Gobierno del Estado y la Dirección de Derechos Humanos del Municipio respecto al número de traslados voluntarios realizados a albergues, posterior al desalojo. También a cumplir con la obligación de brindar información verídica sobre las organizaciones de derechos humanos y otras agencias presentes en el desalojo”.