La política migratoria en México mata: OSC

Ciudad Juárez.— Más de 210 organizaciones de la sociedad civil, 11 redes de trabajo regional, nacional e internacional y 230 personas emitieron en conjunto un comunicado en el cual responsabilizan al Gobierno federal de lo acontecido la noche del lunes 27 de marzo en esta ciudad, cuando tras un incendio al interior de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) murieron y resultaron heridas personas migrantes.

“Las estaciones migratorias, estancias provisionales y demás lugares habilitados bajo la Ley de Migración son centros de detención donde las personas se encuentran privadas de la libertad, incomunicadas, hacinadas y encerradas con candados. Afirmar que lo sucedido es consecuencia de una protesta/motín es especular y revictimizar”, se lee en el posicionamiento público compartido por la asociación Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) a este medio.

Denunciaron también el uso de términos como “alojamiento” o “albergue” para referirse a la detención y privación arbitraria de la libertad en las llamadas estancias migratorias del INM. 

El documento consta de 16 páginas, de las cuales 13 y media corresponden a la firma de todas las organizaciones que exigen respuestas y medidas de no repetición por lo ocurrido, que terminó con la vida de 39 personas migrantes y dejó a más de 20 heridas. 

Las organizaciones recordaron que desde septiembre de 2022 se había denunciado por su parte las condiciones de hacinamiento en que se encontraban las personas detenidas en esas estancias. 

“El espacio físico en el que se mantenía a las personas migrantes era reducido y sin ventilación”, además de que no existe atención médica, acceso a agua potable, comunicación e información suficiente para las personas privadas de la libertad en las estaciones migratorias del INM en Juárez.

Hacen recuento

En el recuento de lo ocurrido, los firmantes señalan que “esta lamentable e indignante tragedia ocurrió luego de un operativo a cargo de autoridades municipales y federales, quienes, indolentes, continúan criminalizando a través de los discursos y plataformas oficiales”.

Asimismo, el colectivo incluyó una serie de peticiones y exigencias a los Gobiernos federal y municipal de Juárez, al Congreso del Estado y al INM.

Entre otras, al Gobierno federal solicitó la destitución e inhabilitación inmediata del comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez.

Al INM pidieron que se responsabilice y una explicación sobre los hechos, así como un alto a la militarización de las fronteras. 

Al Congreso de la Unión exigieron dejar de utilizar eufemismos para referirse a la detención migratoria como práctica común en México, así como atender lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de las revisiones migratorias fuera de lugares de tránsito internacional.

Exigen disculpa del alcalde

Al Gobierno Municipal exigieron, entre otras cosas, el cese inmediato de los operativos de detención y explicación de aquellos donde han resultado detenidas personas en contextos de movilidad, específicamente el realizado el día 27 de marzo.

Además, pidieron la renuncia inmediata de las autoridades municipales que resulten responsables al extralimitar sus facultades en operativos donde han sido detenidas familias y población adulta, y una disculpa pública del presidente municipal por todos los discursos de odio, estigmatización y criminalización realizados a lo largo del año.

El posicionamiento está firmado por organizaciones de la sociedad civil de Ciudad Juárez, Chihuahua, de todo México e incluso de otras partes del mundo, pero los une un enfoque de Derechos Humanos, compartió personal de DHIA.

El documento concluye sentenciando que “la política migratoria en México, mata”.

Firman comunicado

210 organizaciones de la sociedad civil

11 redes de trabajo regional, nacional e internacional 

230 personas