Impedido para venta, predio que invadió Corral

Ciudad Juárez.- El terreno de la calle Costa Rica número 179, utilizado por el gobernador Javier Corral para ampliar el patio de su vivienda, se encuentra en juicio.

Actualmente ninguna persona puede disponer de ese predio de 277.64 metros cuadrados, según una demanda presentada el pasado 24 de mayo en el Juzgado Sexto Civil.

El gobernador aceptó que tomó el baldío para adjuntarlo a su propiedad recientemente, por lo que trabajadores derrumbaron una finca de adobe que ahí se encontraba, limpiaron el terreno y edificaron una barda en el perímetro, quedando unido a la casa de Corral en el mes de septiembre.

No obstante, dicho terreno, localizado en cruce de las calles Ignacio de la Peña y Costa Rica, lo reclamó hace cuatro meses por las vías judiciales José Ricardo Castro Pérez, al promover un juicio intestamentario.

La propiedad está escriturada a nombre de la abuela de Ricardo Castro, Francisca Muñiz viuda de Pérez, quien falleció en El Paso el 13 de octubre de 2008.

Castro Pérez es hijo de Elia Pérez Muñiz, quien murió el 6 de abril de 1988 en esta ciudad. Es además sobrino de Sergio Pérez Muñiz, finado hace aproximadamente cinco meses en El Paso, Texas.

Elia y Sergio Pérez Muñiz aparecen en un juicio intestamentario previo como propietarios, cada uno, de una tercera parte del terreno adjudicado por Corral, según consta en el fallo de la sentencia del juicio intestamentario a favor de Francisca Muñiz Viuda de Pérez.

El expediente 473/19 del Juzgado Sexto Civil es relativo al juicio intestamentario promovido esta vez por José Ricardo Castro Pérez, que se presentó el pasado 24 de mayo. Con ese antecedente, nadie tiene derecho a vender o tomar posesión del inmueble.

Desconocen número de herederos

Por el momento el juzgado desconoce si hay más personas con derecho a heredar esa propiedad, como pudieran ser más hijos de Elia o de Sergio Pérez Muñiz, por lo que la demanda no presenta avance, de acuerdo con el estatus del expediente en mención.

El demandante es representado por los abogados José Eloy Valles Alvidres, Germán Pallares Rosas, Julio Chiu Mireles, Perla Isabel Temich Temich y Ana Griselda Martínez Rivas, quienes tienen su despacho en la calle Zempoala 3410-B del fraccionamiento La Playa en esta ciudad, según consta en la demanda.

Del terreno en cuestión, el cual ya forma parte física de la propiedad del gobernador, no existen reconocidos herederos o albacea, por lo tanto no hay forma de defender, vender, ni de disponer de los bienes, de acuerdo con la denuncia presentada en mayo pasado.

El Diario comprobó que en el Registro Público de la Propiedad no existe un historial que acredite que el citado predio forme parte de los bienes de la pareja conformada por Ricardo Álvarez Chabre y Cecilia Trejo Parra.

Ellos dos son quienes supuestamente celebraron un contrato de promesa de compra con Corral, según dijo el gobernador luego del reportaje publicado por esta casa editora el 23 y 24 de septiembre sobre la forma en que se apropió del inmueble.

Tampoco la pareja señalada aparece de alguna forma en el sucesorio intestamentario que se reclama actualmente en el juzgado Sexto Civil.

El Diario recorrió cada uno de los juzgados civiles del Distrito Bravos en búsqueda de antecedentes de juicios o fallos judiciales donde estuvieran involucrados Álvarez Chabre o su esposa, sin que se encontraran antecedentes de que fueran favorecidos con el terreno de la calle Costa Rica 179 en un remate, como lo justificó el gobernador del estado.

A nombre de ambos únicamente se detectó el expediente 1978/2009 del juicio hipotecario, en el que Carlos Terrazas Carrillo, apoderado legal de Bancomer, le reclamó a la pareja la entrega de bienes en 2009, que finalmente fueron rematados por rebeldía en 2010, pero en un asunto ajeno a la propiedad que, según Corral Jurado, le prometieron en venta.

Desmiente El Diario al gobernador

El pasado 24 de septiembre, durante una entrevista televisiva en el Canal 28, bajo la conducción de Sergio Valles Rivas, Corral aseguró que el predio de la calle Costa Rica 179 era actualmente propiedad de dichas personas.

Indicó que con Álvarez Chabre y Cecilia Trejo celebró un contrato de promesa de compra que le amparaba a hacer modificaciones en los 277.64 metros cuadrados de terreno, y que por esa razón lo adjuntó a su propiedad.

Tras esa afirmación El Diario comprobó que la inscripción del inmueble no fue protocolizada. No existe ninguna anotación marginal ni el antecedente registral en esa propiedad que por protocolo enviaría un juzgado civil al Registro Público de la Propiedad para hacer saber el cambio de propietario por remate.

El único inmueble a nombre de Álvarez Chabre y de Trejo Parra que aparece inscrito oficialmente en el Registro Público de la Propiedad es un terreno urbano de 550 metros cuadrados en Campos Eliseos, con clave catastral 135-013 y con Folio Real 2657274.

Los datos oficiales en la dependencia mencionada, sobre el terreno de la calle Costa Rica 179, manzana 1170 de la colonia Oriental, de Folio Real 2107584, continúan apareciendo a nombre de José Sergio Pérez Muñiz, Elías (Elia) Pérez Muñiz y Francisca Muñiz Viuda de Pérez desde 1961, según la inscripción 87 folio 44 libro 448, sección 1.

En el rubro de antecedentes de dicho terreno únicamente aparece el historial de los embargos con los que cuenta la propiedad en mención en un estatus vigente.

Desde el pasado 25 de septiembre El Diario solicitó a la vocera de Gobierno del Estado, María José Valles, copias de los documentos del contrato de la promesa de compra que el gobernador anunció públicamente tener de esa propiedad, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta al planteamiento.

También fue buscado Ricardo Álvarez Chabre para que comentara sobre la forma en que habría adquirido dicho predio, que según el mandatario estatal le prometió en venta, pero no hubo respuesta al día de ayer.

Javier Corral dio a conocer que Álvarez Chabre y Cecilia Trejo se hicieron de esa propiedad en un remate, sin dar más detalles. Dijo que la promesa de compra la hicieron entre ambas partes el 29 de octubre del año pasado.

En el Registro Público, en los antecedentes del predio presuntamente invadido, hay dos anotaciones de cancelación total de embargo que datan del año 2003. Una de ellas del 15 de diciembre, inscrita con el folio 117 del libro 1194, y la segunda del 9 de mayo con la inscripción 23C, folio 23 libro 1184.

Pero en el mismo rubro de antecedentes, tres embargos de 1992 tienen el estatus de vigente. Uno por 61 mil 113 dólares, otro por 58 mil 250 dólares y el tercero por 26 millones 966 mil 667 pesos.

Personal del Registro Público de la Propiedad comentó que las anotaciones por mandamiento judicial (embargos) limitan la posibilidad de que el bien inmueble sea ofertado en una promesa de compra, debido a los gravámenes que tendrían que liquidarse por quien pretende comprar.

También dejaron claro que cualquier embargo caduca con el transcurso del tiempo, si el acreedor no solicita prórroga o renovación ante el juzgado.