Hostiga personal de INM a testigos de la tragedia

Ciudad Juárez.- Las acusaciones contra tres empleados del Instituto Nacional de Migración (INM) por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones –ambos delitos dolosos– así como por el ejercicio indebido de servicio público, por los hechos ocurridos el pasado 27 de marzo, nuevamente exhiben la forma en que operó esta dependencia a cargo del contralmirante Salvador González Guerrero. 

Para los agentes del Ministerio Público Federal (MPF) adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR), el hallazgo de evidencias en la escena del incendio, como cinco colillas de cigarro, una cajetilla de cigarros y hasta un teléfono celular en la celda de los hombres, aunado a la falta de comida, agua y papel sanitario, son consecuencia de los actos de omisión en que incurrieron los servidores públicos. 

También expusieron ante el juzgador la serie de dificultades que han enfrentado para avanzar en la investigación complementaria, al denunciar que el personal del INM está ingresando al hotel donde se encuentran bajo resguardo los sobrevivientes del incendio de la estación provisional Juárez, incluso han impedido que declaren los migrantes lesionados.

“Las víctimas están temerosas por encontrarse en territorio mexicano debido a los malos tratos que recibieron por parte del personal del INM”, expuso ante el juez federal una de las seis fiscales que formuló imputación contra los servidores públicos.

La representación social llevó ayer ante un juez federal de Control a Eduardo A. M., responsable del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; a Juan Carlos M. C., coordinador de Grupo de Protección a Migrantes Beta Juárez, y a Cecilia R. T., subrepresentante local en Rodrigo M. Quevedo (Palomas) del INM.

La acción penal contra los empleados federales fue dada a conocer con anticipación por parte de la FGR, lo que favoreció al titular del INM, contralmirante Salvador González Guerrero, quien obtuvo un amparo de la justicia federal. Otro empleado que obtuvo el amparo para evitar su arresto es Roberto Gaytán, quien dejó de presentarse a trabajar desde hace varios días. 

En total son ocho las personas acusadas por el incendio en la estación provisional: seis son empleados del INM, uno guardia y un migrante. 

Estas detenciones mantienen casi paralizadas las actividades del instituto, ya que además de la clausura de la estación, la operatividad del Instituto recae en empleados encargados de despacho, informó personal del INM. 

Luego de un receso de seis horas, la audiencia inició a las 03:15 de la mañana y concluyó a las 10:00 horas del viernes. 

Según la causa penal 235/2023, el pasado 27 de marzo Eduardo A.M. fungía como jefe del Departamento de Recursos Materiales y como garante de la seguridad de los migrantes que estaban en las instalaciones del INM incumplió con su responsabilidad, la cual era administrar los recursos para garantizar un trato digno a los extranjeros. 

“No había agua potable para proporcionar a 68 personas dentro de una celda, no había comida suficiente ni enseres, no los proporcionó, provocando que entre las 20:30 y 21:50 horas, Jeison Daniel y otro hombre presuntamente provocaran la ignición de las colchonetas”, dijo la agente del MPF.

El incendio, que dejó 40 muertos y 27 lesionados (las cifras oficiales de víctimas han variado durante el proceso penal), fue consecuencia de todo lo que falló.

El área siniestrada y en la que presuntamente el venezolano Jeison Daniel C. V. destruyó dos cámaras de videovigilancia carecía de un sistema de detección de incendios, de aspersores, de extintores y sólo uno de cinco que había en las celdas pudo ser utilizado. El resto estaba oculto entre objetos que estaban en la estación provisional.

Para la fiscal, Eduardo también falló al no proporcionar el auxilio oportuno y eficaz para minimizar el riesgo desde el momento que se quejaron por la falta de alimentos, pues a pesar de que fue advertido por los guardias de la inconformidad que existía, ignoró la situación.

Incluso fue él, según los testimonios de Omar, Alan Omar y Abel, guardias de seguridad de la empresa privada Tank, quien ordenó que los garrafones de agua fueran rellenados en el sanitario, pese a que el agua era de mala calidad. 

En el caso de Juan Carlos, quien funge como coordinador del Grupo Beta Juárez, está a cargo de la unidad interna de Protección Civil, según el acta constitutiva signada el 5 de diciembre del 2022, en la que aparece el contralmirante Salvador González Guerrero como responsable de la estancia provisional Tipo B, Juárez, mientras que Daniel G. Y. es el suplente responsable del inmueble y Juan Carlos es el responsable de la unidad. 

Pese al conato de motín que se registró el 27 de marzo entre los extranjeros detenidos por el INM, Juan Carlos omitió desarrollar acciones preventivas como responsable de la unidad interna de Protección Civil, función que dejó de realizar al no administrar los recursos materiales e ignorando los protocolos establecidos en caso de incendio, no hubo un plan de desalojo de las celdas cerradas con llave, no hubo una ruta de evacuación, lo que ocasionó la muerte de 40 personas y lesiones de 27. 

En el caso de Cecilia, como jefa del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia, le correspondía la vigilancia de los extranjeros, formular la solicitud de auxilio que realizaron los migrantes para atender la resistencia organizada, además debió mantener un equipo eficaz contra incendios.

La clasificación de los delitos de homicidio y lesiones, por el ejercicio indebido de servicio público, están contemplados en los artículos 302 y 304, así como el 288 y 298 del Código Penal Federal, en ambos delitos se consideró el dolo eventual, precisó el MPF. 

Objetos prohibidos en celdas

Contra los detenidos existe el señalamiento de 21 personas, todas ellas ya declaradas.

Además se cuenta con más de 80 elementos de prueba, entre ellos el audio de la conversación con Omar P. supervisor de la empresa Tank, donde el guardia le avisa que no hay papel de baño y él le pide que acuda con personal de limpieza. 

También le menciona que no hay agua potable para dar de beber a las personas y le dice que rellene los garrafones con agua del baño, aun cuando otra empleada, identificada como Paloma, le dice que no haga caso ya que el agua sale amarilla.

Al expediente se agregó un video y fotografías del mismo, así como el peritaje del Departamento de Bomberos, que localizaron cinco colillas de cigarro, una cajetilla de cigarros y un teléfono celular, objetos que no están autorizados para ser ingresados a las celdas pero que por un costo indeterminado se permite su venta ilícita.  

Estas pruebas formaron parte del caudal de evidencias que ayer presentaron los agentes del Ministerio Público Federal. Entre los datos presentados por los fiscales destacó la larga lista de omisiones que presuntamente cometieron Eduardo A. y Juan Carlos M., señalados como los principales responsables de la seguridad de los migrantes confinados en la celda para hombres de la estación provisional Juárez.

Los fiscales pidieron el auto de vinculación contra los servidores públicos, por lo que la audiencia fue programada para la próxima semana. A petición de la representación social el juez dictó prisión preventiva contra los detenidos, por lo que fueron ingresados al Centro de Reinserción Social para Adultos.

Antes de ser trasladados al penal, las familias lograron ver a sus seres queridos, que les manifestaron su apoyo ante lo que consideraron un acto injustificado.