Juárez
Otra de la CES…

Estatales arrestan y ‘siembran’ armas a civiles; juez los libera

Investigarán a ocho elementos de la Policía Vial del Estado

Cortesía / El abogado celebra la liberación de sus representados

Staff
El Diario de Juárez

martes, 30 marzo 2021 | 11:42

Ciudad Juárez— Cinco personas, exhibidas públicamente como presuntos integrantes de una célula criminal procedente de Jalisco que operaba en El Porvenir, y capturados en un operativo que realizó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) en el Valle de Juárez, fueron liberadas el pasado domingo por un juez federal después de que la defensa legal evidenció errores en la consignación.

Ahora, ocho elementos de la Policía Vial del Estado, adscritos a la CES, son investigados por un fiscal federal por diversos delitos, entre ellos supuestos actos de tortura, tras la consignación de los acusados dentro de la causa penal federal 246/2021, dio a conocer el abogado Carlos Sosa.

Emilio García Ruiz, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), dijo que el juez Luis Benítez se extralimitó, por lo que apelará la resolución que consideró “bastante garantista”.

“Ahora no va a poder detener la Policía a nadie nunca”, consideró el jefe policiaco tras conocer la resolución del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de juez administrador del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Ciudad Juárez, Luis Benítez Alcalá.

El pasado viernes la CES hizo público el arresto de Filemón C. R., de 33 años; Luis Antonio S. G. y Mario Alfredo G. P., originarios de Jalisco, además de José Luis F. F. y Ana Iliana S. Z., de Ciudad Juárez, quienes supuestamente viajaban a bordo de una camioneta GMC Sierra, negra, modelo 2008, interceptada en el cruce de las calles Venustiano Carranza y 2 de Abril, en El Porvenir, municipio de Praxedis G. Guerrero. 

Estas personas fueron capturadas presuntamente en posesión de armas largas y equipo táctico, además de un vehículo “vinculado en actos ilícitos”. 

Para el integrante del despacho jurídico Vargas, Sosa y Miramontes Caro, este asunto era muy delicado, pues se jugaban 15 años de vida de cinco personas que no cometieron ningún delito.

“La realidad es que el jueves 25 de marzo hubo un operativo de varias autoridades en el Valle, entre ellos la CES; hicieron un desastre y arrestaron a varias personas, en este caso los señores ni se conocían y los fueron deteniendo en diferentes lugares y fueron recuperando carros estacionados en la vía pública; a ellos les pusieron las armas y equipo táctico que sacaron de un domicilio donde no hubo detenidos”, explicó.

Entre las personas detenidas, dijo Sosa, se encontraba el desponchador del pueblo, porque lo sacaron de su negocio.

“El Gobierno municipal otorgó una carta en la que acredita que ese día la persona estaba trabajando en la desponchadora porque brinda el servicio al Municipio”, agregó.

A las personas las traen a esta ciudad y las consignan por delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; como evidencia entregan mediante cadena de custodia una escopeta calibre 12, un rifle calibre .22, dos fusiles de calibre .223 (AR-15), además de una pistola calibre .22 con diversos cargadores y balas. También uniformes tácticos pixelados y cargadores de plástico con balas, abundó el defensor.

En el Sistema del Registro Nacional de Detenciones queda grabada la detención el día 26 de marzo, por lo que los abogados cuestionaron la privación ilegal de la libertad de las personas un día antes y el hecho de que la CES no puso a disposición inmediata a los detenidos. 

“A ellos los traían desde el día anterior y les sembraron las armas, la camioneta, les sembraron todo y el juez de Control ordenó la libertad. También ordenó al fiscal federal una investigación en contra de los policías estatales por privación ilegal de la libertad y tortura. Todo este asunto prácticamente se les vino abajo”, aseguró Sosa.

Las personas arrestadas, explicó, son migrantes mexicanos que pretendían internarse sin documentos a Estados Unidos por la zona del Valle, mientras que la otra persona era comerciante del lugar y dos más visitantes del lugar. 

Si son o no delincuentes la autoridad no lo acreditó ante un juez, sostuvo.  

“La Policía Estatal hizo un desastre en el Valle nada más para meter trabajo, agarraron a varias personas y ya casi todas están libres, la verdad es que no paran los abusos por parte de la CES, esta pobre gente arrestada en El Porvenir se estaba jugando 15 años de su vida. En este caso se pudo acreditar que las consignaciones no eran apegadas a la realidad, los policías que aparecen en el parte informativo ni siquiera son los mismos que realizaron la detención y se pudo constatar con sus propias actas”, dijo el defensor privado.  

Entrevistado al respecto, García Ruiz dijo que en esa consignación, que hizo pública Ricardo Realivázquez Domínguez, hubo un error que están investigando.

“Ellos (los abogados) obtuvieron una copia del Registro Nacional de Detenciones  y hay un error. Estamos tratando de averiguar de quién es, si de los elementos o el sistema; aparece una hora inversa de la puesta a disposición y el juez consideró que por esa causa no puede valorar todo lo demás, porque como no coincide la hora de la detención todo lo demás queda en escala de incertidumbre y los deja ir”, detalló.

Ante la resolución del juez, consideró que éste “se está extralimitando porque no puede eliminar la puesta a disposición únicamente con un argumento, no tiene ninguna otra evidencia de que las cosas no hayan sucedido así”.

También aseguró que el juez no dio vista al fiscal federal para que investigue al personal de la CES ni tampoco existe nada con el tema de tortura, incluso refirió que existen partes médicos donde se acredita el óptimo estado de salud de las personas privadas de su libertad.

“El juez deja a salvo las garantías de la Fiscalía (General del Estado) para hacer la imputación nuevamente porque las armas existen y tienen que ser de alguien, deja a salvo que la Fiscalía pueda imputar y solicitar orden de aprehensión nuevamente contra las cinco personas y esa audiencia de imputación la fija para el 21 de mayo”, dijo el jefe policiaco, al advertir que todavía pueden detener a las cinco personas liberadas.

García Ruiz aseguró que es parte de la estrategia de la defensa presentar estos alegatos para desacreditar la actuación policial.

Agregó que incluso el desfase del horario pudo incidir en el error del registro de la detención, por lo que al presentar nuevamente la acusación van a argumentar que el juez se está extralimitando, dejando en libertad sólo por eso cuando no tiene evidencia contra lo que dice el parte.

“Es un juez sumamente garantista y al reconocer que hay una duda los deja libres cuando fueron detenidos en flagrancia con armas de fuego y si así seguimos la Policía no va a poder detener a nadie nunca, el juez tiene que darle valor a lo que el policía dice y no liberar por un error que puede ser subsanable”, insistió.