Enfrentará Duarte varios cargos en Chihuahua: FGE

Ciudad Juárez.— Mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el exgobernador César Duarte Jáquez “tendrá que enfrentar” diversas carpetas de investigación, además de la contenida en la solicitud de extradición, la defensa señaló que agregar acusaciones violentaría no sólo las garantías constitucionales del imputado, sino también los tratados internacionales.

“Efectivamente, la extradición está solicitada una sola causa penal; sin embargo, existen diversas carpetas iniciadas en contra del exfuncionario público por la posible comisión de delitos, las cuales, una vez que se encuentre aquí, tendrá que enfrentar”, respondió a este medio Sahira Castro, vocera de la FGE.

“Hay que recordar que la extradición deriva de un tratado con Estados Unidos, el cual fija reglas claras de los casos en que se deberá atender a este procedimiento, lo cual de ninguna manera implica que se quede impune por las otras carpetas iniciadas en su contra”, agregó Castro.

La funcionaria fue consultada luego de que uno de los representantes legales de Duarte, Juan Carlos Mendoza Luján, mencionara a El Diario que sumar causas al exgobernador violentaría la “Regla de Especialidad” contenida en el Artículo 17 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.

Este artículo establece que, salvo excepciones, la persona entregada conforme a este marco “no será detenida, enjuiciada o sancionada en el territorio de la Parte requirente por un delito distinto de aquel por el cual se concedió la extradición”.

La misma garantía está protegida en el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Extradición, mencionó Mendoza.

En entrevista, el representante legal insistió en que la única causa penal que deberá enfrentar el exmandatario es la contenida en la carpeta de investigación 3041/2019, con la que se sustentó la acusación de asociación delictiva y peculado por 96.6 millones de pesos que fue presentada ante la Corte federal de Miami para la solicitud de extradición.

“Si bien es cierto que aquí se le abrieron en el estado de Chihuahua otras 19 carpetas, ninguna de ellas procedió ante la Fiscalía General de la República (FGR), que era el primer filtro, para luego dirigirse con la Dirección de Asuntos Jurídicos de Secretaría de Relaciones Exteriores y poder solicitar la extradición; ninguna de ellas procedió”, dijo Mendoza.

“Significa que no cumplieron requisitos ni había elementos suficientes para poder acreditar la existencia de un delito; el hecho de que estén abiertas no significa que exista el delito, luego entonces no procedieron para solicitar la extradición”, agregó.

Por tanto, insistió Mendoza, si se le procesa por esos expedientes, la autoridad mexicana “estaría violando las garantías constitucionales y un tratado internacional”.

Detenido en Miami, Florida, el 8 de julio de 2020, Duarte enfrentó en aquella ciudad norteamericana un juicio luego del que la juez federal Lauren F. Louis determinó en noviembre pasado extraditarlo a México.

Ayer, Mendoza señaló desconocer la “logística” de la entrega que, en otros casos, dijo, se da a través de la Cancillería y la FGR, que deberán poner al acusado a disposición de un juzgado de control en esta entidad.

El abogado señaló también que la defensa no contempla medidas adicionales para evitar la extradición, luego de que un tribunal desechara la solicitud de amparo o habeas corpus.

Por separado, entrevistado brevemente en esta frontera, el fiscal Roberto Fierro agregó que hay 60 días posteriores a esta última determinación judicial en los que la defensa puede aún interponer algún recurso.

Fierro también señaló que “las carpetas que se tienen abiertas son denuncias que se han interpuesto por parte de personas que fueron perjudicadas o se sienten perjudicadas o violentadas en su derecho en la pasada administración, y estamos investigándolas y estamos revisándolas”.

De acuerdo con la solicitud de extradición, el desvío de 96.6 millones de pesos del estado de Chihuahua se registró entre 2011 y 2014, cuando, según la querella, los recursos públicos fueron a parar a dos empresas privadas relacionadas con el político.