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Juárez
jueves, 21 marzo 2024 | 12:27
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación contra el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, tras acreditarse violaciones graves a los derechos humanos de la víctima César Roberto Fierro Reyna por actos de tortura, quien fue condenado a la pena de muerte el 26 de febrero de 1980.
El juarense permaneció cuarenta años en prisión en Estados Unidos por la muerte del taxista Juan Nicolás Castañón y sometido a diversos llamados para su ejecución.
También la CNDH recomendó al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chihuahua por no haber admitido a trámite la queja presentada por la víctima en primera instancia.
Fierro Reyna, establece el archivo periodístico, se declaró culpable después de que judiciales, dirigidos por el entonces comandante José Refugio “Cuco” Ruvalcaba Muñoz, privaron de la libertad a las víctimas indirectas: Socorro Reyna Romero (madre) y Alfredo Murga García (padrastro) y lo amenazaron con matarlos por lo que aceptó la culpa.
Para el 27 de noviembre de 1994, “Cuco” Ruvalcaba, ya entonces exjefe de la Policía Judicial del Estado, junto a sus hijos César y Alberto fueron localizados muertos en el interior de la cajuela de un automóvil abandonado a mitad del puente “Libre”, en un caso que quedó bajo jurisdicción de El Paso, establece el archivo periodístico.
Las autoridades locales y la CEDH ya recibieron la recomendación y se encuentran en tiempo de emitir su respuesta.
La recomendación 146VG/2024
El archivo periodístico refiere que Fierro Reyna fue detenido en 1979 en El Paso, Texas y en 1980 fue condenado a la pena de muerte.
Las irregularidades durante el juicio fueron documentadas por activistas y organizaciones de la sociedad civil.
De acuerdo con denuncias realizadas por familiares y grupos defensores de los derechos humanos César Fierro se declaró culpable del crimen porque su mamá y sus hermanas fueron privadas de su libertad por los entonces agentes judiciales Salvador Siller, Salvador Osuna, Jorge Sagarnaga y Fidel Padilla, quienes se encontraban bajo el mando del comandante Ruvalcaba y ejecutaban órdenes extrajudiciales de manera impune.
“La CNDH emitió la Recomendación 146VG/2024 a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, así como, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de la entidad por su negativa de admitir la queja e investigar el caso”, cita el comunicado de prensa oficial.
El 11 de mayo de 2021, la CNDH recibió el escrito de queja de la víctima César Roberto Fierro Reyna quien denunció actos de tortura cometidos por agentes de la Policía Municipal de Ciudad Juárez en 1979.
Explicó que el 1 de agosto de ese año acudió a visitar a una persona que se encontraba detenida en el Departamento de Policía de El Paso, Texas y, durante la revisión para acceder al inmueble, se le acusó de intentar ingresar sustancias prohibidas. Fue trasladada a unas oficinas donde la golpearon e interrogaron sobre el homicidio de un taxista ocurrido en esa ciudad estadounidense.
Según su testimonio, el agente del vecino país (Al Medrano, ya fallecido) le advirtió que policías de Ciudad Juárez habían acudido a su domicilio y detenido a su madre Socorro Reyna Romero y a su padrastro Alfredo Murga García.
Mientras se encontraba en poder de las autoridades estadunidenses, la víctima fue contactada vía telefónica por un agente municipal de Ciudad Juárez, quien lo amenazó con torturar a sus familiares si no se declaraba culpable del homicidio del referido transportista.
Posteriormente, el mismo policía municipal se presentó en el lugar donde estaba detenida la víctima y, mostrándole como evidencia dos cartas que dichas personas tenían en su poder, nuevamente lo amenazó. Ante ello, la víctima firmó la declaración que le fue impuesta aceptando su responsabilidad en el mencionado ilícito.
El 14 de febrero de 1980, César Roberto Fierro Reyna fue condenado a la pena de muerte en Texas, pero dicha sentencia fue aplazada en varias ocasiones y finalmente no se llevó a cabo tras varios recursos interpuestos por su defensa, a pesar de lo cual permaneció en prisión por 40 años hasta que fue liberada, menciona el documento oficial.
Deberá gobierno aceptar culpa
La CNDH expuso que por las violaciones graves a los derechos humanos señaladas, la Presidencia municipal deberá tramitar la reparación integral del daño causado a la víctima y otorgarle, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, asistencia en materia psicológica y médica inmediata y gratuita.
Para lo cual esta Comisión solicitó se realice un análisis exhaustivo sobre las necesidades que deben cubrirse a la víctima César Fierro, dada la discapacidad psicosocial que desarrolló por los hechos vividos.
El Municipio deberá hacer un acto de reconocimiento de responsabilidad en el que se le brindará a la víctima una disculpa pública, y al que deberá ser invitada la gobernadora de Chihuahua para que se envíe un mensaje sobre la no tolerancia de actos de tortura en esa entidad; además de reivindicar la dignidad, honra y memoria de las otras víctimas indirectas.
Asimismo, se solicitó que se nombre algún parque, calle o zona con su nombre y/o se devele una placa conmemorativa. Por último, se le requiere implementar actividades integrales en materia de derechos humanos y erradicación de la tortura
En lo que corresponde a la CEDH, se solicitó a su presidente colaborar en el trámite y seguimiento de la denuncia administrativa que la Comisión Nacional presente contra las personas servidoras públicas que emitieron el Acuerdo de no competencia de la queja presentada por la víctima y capacitar al personal.
La historia
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