Acusan a cuatro de alojamiento ilegal de migrantes

Ciudad Juárez.- De las 101 personas en movilidad rescatadas el pasado 30 de abril de un domicilio en Infonavit Casas Grandes –donde estaban hacinados y en condiciones poco higiénicas por sus presuntos vigilantes– solo cinco declararon ante la Policía del Estado, se reveló en la audiencia inicial en contra de los detenidos ese día.

Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a hablar frente a un juez federal en una audiencia de medio de prueba anticipado, ante el temor de encarar a quienes los mantuvieron de esa manera mientras esperaban a ser cruzados a Estados Unidos. 

Pese a la falta de estos testimonios ante autoridad judicial, el Ministerio Público Federal acusó formalmente a cuatro de alojar a 86 migrantes extranjeros y 15 connacionales sin las medidas necesarias para ello, y sólo a uno de ellos se le imputó un cargo adicional por posesión ilegal de arma de fuego. 

Fueron seis familiares de los detenidos que fueron enviados hasta el otro lado de la sala del lado de la parte acusadora, tres agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, un asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, además de la defensora particular y los cuatro acusados.

Tres de ellos entraron con los ojos rojos, con un semblante aparente de haber llorado antes de entrar a la sala. Inició la sesión presidida por el juez de control Juan José Chávez Montes.

A solicitud de la Fiscalía se declaró de legal la detención y retención de los cuatro, el 30 de abril entre 4:00 y 4:30 de la tarde en el cruce de las calles Ricardo Marquina y Carlos Alfonso del Real, en la casa marcada con el número 2710, justo en la esquina. 

Hubo una denuncia ciudadana que indicaba que ahí entró gente con armas de fuego, y se escuchaban gritos de auxilio, reporte que atendió la Policía del Estado, que luego de ver a un hombre con una pistola al frente de la vivienda y que este los vio y corrió adentro, decidieron intervenirla, algo que está dentro de sus facultades de acuerdo con el juez Chávez Montes.

Los agentes escucharon a varias personas gritando “trae una pistola” desde el interior, motivo por el cual al advertir el ingreso del hombre armado y ante el riesgo de una posible agresión los agentes ingresaron a la propiedad. 

En el primer piso de la casa entre colchonetas y cobijas fueron halladas cerca de 50 personas, entre hombres y mujeres. Johan Ricardo R. E. de 21 años de edad, quien presuntamente portaba el arma, intentaba pasar entre ellos para escapar por la puerta trasera de la casa. Fue detenido, sin embargo.

Luego los oficiales subieron a un segundo piso y hallaron otros 50 hombres. Tras el rescate, cinco hombres (un hondureño, dos salvadoreños y dos guatemaltecos) se acercaron a los oficiales para exponer lo sucedido, lo que llevó a la detención de los otros tres, Luis Ángel C. B. de 20 años, José Gerardo S. M. de 41 y Carlos Iván M. G. Estos dos últimos también se encontraban identificados por las autoridades bajo otros nombres, pero particularmente el segundo con otros dos totalmente distintos al registrado en esta detención.

Fueron finalmente rescatadas una persona de Honduras, siete de Ecuador, 26 de El Salvador, 50 de Guatemala, y dos menores de edad originarios de algunos de esos países, aunque su información se reservó por principio de interés superior de la niñez.

También había 15 migrantes mexicanos, dos de ellos menores de edad también, aunque de este grupo no se precisó entidad de origen.

El Informe Policial Homologado fue suficiente para lograr el control de la detención y retención, así como la imputación y la primera fase de la solicitud a vinculación. Incluía fotografías del estado en que se encontraban las víctimas y la vivienda donde fueron hallados, entre malos olores, baños sucios, comida, agua y sueros insuficientes para las 101 personas que albergaban en espacios diseñados para familias pequeñas.

Los acusados hicieron uso de su derecho a guardar silencio.

Envían a víctimas a Janos 

De acuerdo con la información que dio al Ministerio Público la agente de Migración Karina Hernández Aguirre, las víctimas originarias de Centro y Sudamérica están en Janos, en la estación provisional de aquel municipio. Fueron enviados ahí, a diferencia de los connacionales, que fueron acomodados en albergues en Juárez.

Asimismo, las familias fueron atendidas por la Subprocuraduría Auxiliar de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Los cargos

Para terminar esta audiencia inicial la Fiscalía solicitó la vinculación a proceso por los delitos de albergue de migrantes con fines de lucro. De acuerdo con el artículo 159 fracción III de la Ley de Migración bajo el que se mencionan los delitos en materia migratoria, se impondrá de ocho a 16 años de prisión a quien “albergue o transporte por el territorio nacional, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o a varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria”, aunque también incluye un segundo párrafo que precisa la necesidad de demostrar la intención de obtener ese beneficio económico, lo que no quedó comprobado en esta audiencia inicial, según lo vertido.

No obstante, sí se advirtió que no existían razones ni labores humanitarias en el evento por el que se detuvo a los cuatro hombres.

Además, se incluye como agravante que había menores de edad entre las personas rescatadas, y que las condiciones en que se encontraban todos ponían en riesgo su salud, integridad, seguridad y vida.

Aunado a ello, Johan Ricardo R. E. se llevó un cargo adicional, al haber sido el presunto portador del arma de fuego corta que alertó a la Policía estatal en su intervención.

Por este delito, el juez Chávez Montes dictó prisión preventiva oficiosa al hombre de 21 años, pese a estar consciente, como dijo en audiencia, de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de esta modalidad de la medida cautelar más gravosa del sistema penal de México.

Por el delito de albergue a migrantes con fines de lucro, el resolutor dictó prisión preventiva aunque en modalidad de justificada, a solicitud del Ministerio Público luego de que este expuso un peligro de sustracción de la justicia (de que se vayan de la ciudad y no enfrenten el proceso penal en su contra) y riesgo para las víctimas. 

Denunciaron tortura

Previo al final de la audiencia, Luis Ángel C. B. de 20 años, el menor de los detenidos, denunció que “nos torturaron los oficiales”. José Gerardo S. M., el mayor de todos, dijo que “nos golpearon, nos quitaron las pertenencias. Nos pusieron la bolsa, nos golpearon”.

Ante esta denuncia frente al juez, este solicitó al Ministerio Público levantar la denuncia correspondiente para la investigación del delito de tortura, y a la CEAV que nombrara un asesor jurídico para los cuatro detenidos, ahora en calidad de presuntas víctimas del delito en mención.