Acusado de incendiar estación de INM demanda por 6.25 mdp

El acoso que ha recibido la familia de Jeison Daniel C. R., acusado de homicidio, lesiones y daños a la propiedad por el incendio del 27 de marzo de 2023 y que terminó con la vida 40 migrantes en Ciudad Juárez, llevó a su esposa, sus hijos y su madre tuvieran que salir de Venezuela para refugiarse en Perú.

La información fue dada a conocer por el mismo Jeison Daniel en una carta enviada al Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en la que, a su vez, solicita la reparación del daño como una de las víctimas de dicho siniestro.

El hostigamiento y las amenazas a su familia se dieron luego de que la información de Jeison Daniel se hicieron públicos a nivel internacional, difundidos, acusa él, por “las autoridades investigadoras federales”.

Jeison reclama un daño físico y moral, y el pago por reparación de 6.25 millones de pesos. Su representante legal en las audiencias ante el Poder Judicial de la Federación por los hechos del 27 de marzo, Jorge Vázquez Campbell, asegura que su cliente resultó con lesiones por la inhalación del humo.

Por otra parte, el daño moral es consecuente a que “lo convirtieron en una imagen de sicario”, de acuerdo con el abogado.

El hombre de origen venezolano de 29 años de edad es acusado de haber iniciado el incendio del 27 de marzo de 2023 al interior de la estación migratoria tipo “B” ubicada en la calle General Rivas Guillén entre las avenidas David Herrera Jordán (Malecón) y Heroico Colegio Militar, en Ciudad Juárez, de acuerdo con el archivo periodístico.

Ese día, la celda destinada a los varones en la estación estaba llena, una parte por hombres encerrados arbitrariamente luego de un operativo interinstitucional entre dependencias del Gobierno Municipal y el Instituto Nacional de Migración (información dada a conocer por la  Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho).

Ante el hacinamiento, la comida y agua que se les dio resultó insuficiente, por lo que algunos de los hombres privados de la libertad empezaron a protestar, acomodando colchonetas para limitar la visibilidad de los agentes. 

Jeison Daniel C. R. es señalado como una de las personas que inició el incendio, señalado vagamente, según su abogado, por múltiples testigos, como quien accionó un encendedor y prendió una de las colchonetas.

Vázquez Campbell aseguró en entrevista que “le fabricaron responsabilidad” a su cliente, además de que no sale directamente en los videos captados por sistema interno de vigilancia del Instituto. 

Los testigos, asimismo, no lo describen por nombre, sino que acusaron tanto a los venezolanos como a un “señor con trenzas”. 

El acusado dice en su carta a la CEAV que “en la investigación inicial de los hechos, algunas de las víctimas indicaron a los Policías Ministeriales Federales, que los responsables de los hechos habían sido personas de nacionalidad venezolana, y para mi desgracia, nomás sobrevivimos dos de esta nacionalidad, y se me imputó la comisión del delito que no he cometido”.

Actualmente, la CEAV se encuentra valorando (a más de un año de ocurrido el suceso) el monto económico que el Estado mexicano deberá pagar por concepto de reparación del daño a las víctimas del incendio, como parte de la recomendación por violaciones graves emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 111VG/2023. 

Es bajo esta recomendación que se ampara Jeison Daniel en su carta para solicitar el pago también a él, como víctima.

El monto solicitado por él es de seis millones 250 mil pesos, de acuerdo con Vázquez Campbell. De este monto se desprenden cinco millones por la reparación del daño moral “causado a mi persona y mi familia inmediata al haberme señalado públicamente como responsable de los actos donde se causó la muerte de los refugiados”.

Hasta el momento, la CEAV no ha respondido la solicitud de Jeison Daniel, quien continúa en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social Varonil número 3 de Ciudad Juárez, en espera de la siguiente fase del proceso penal, o bien la resolución del amparo interpuesto que busca modificar la vinculación a proceso por los delitos mencionados, “en virtud de que las pruebas no son directas ni indirectas”, de acuerdo con su defensor.

“Ha sido tanta la agresión que ya lleva tres diferimientos de audiencia de amparo. Ni siquiera lo han dejado defenderse. A la fecha, no ha logrado que un juez escuche su caso”, apuntó Vázquez Campbell. 

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