Acusa FGE a municipales; alcaldía los defiende

Ciudad Juárez.- La Fiscalía General del Estado (FGE) en la Zona Norte boletinó en Plataforma México a dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) –entre ellos al jefe de investigación–, que permanecen en calidad de evadidos y se presume huyeron al interior del país, dio a conocer el fiscal de Distrito Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López.

En tanto, la SSPM dio a conocer que respaldará a los agentes señalados por robo agravado, tortura y encubrimiento en perjuicio de un matrimonio.

Otros dos oficiales detenidos el pasado viernes fueron liberados luego de la audiencia de control de detención y continuarán el proceso en libertad, informó ayer Israel Hernández, vocero del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Nava López precisó que en la ciudad aún hay un operativo para lograr la captura de los dos oficiales prófugos, cuyas identidades declinó revelar. Dijo que la actuación persecutoria se deriva de la judicialización de la carpeta de investigación iniciada por el Ministerio Púbico por la probable responsabilidad en la comisión de los delitos de tortura y robo agravado en perjuicio de un matrimonio, por lo que al acreditarse con evidencia científica suficiente, se solicitaron al juzgador las órdenes de aprehensión que obsequió el pasado viernes.

Agentes investigadores informaron que uno de los oficiales evadidos es el suboficial Aldo Iván S. T., jefe de Investigación de la SSPM.

De acuerdo con los datos abiertos del Poder Judicial de la Federación, el elemento prófugo, cercano al secretario Raúl Ávila Ibarra, promovió ante el Juzgado Séptimo de Circuito el recurso de amparo indirecto en contra de la FGE con fecha del 7 de diciembre del 2020, indica el expediente 596/2020.

Hasta la tarde de ayer el Gobierno municipal declinaba emitir información en torno a la situación laboral de los dos agentes sustraídos de la acción de la justicia.

Se desconoce si los oficiales entregaron los uniformes, vehículos y armas de fuego bajo su resguardo; también si existe una investigación por parte del órgano de control interno.

Mediante comunicados de prensa, la SSPM fijó un posicionamiento de apoyo a los dos de los elementos detenidos el pasado viernes.

Salen libres

Los policías municipales Alejandro R. T. y Luis O. M., acusados por los delitos de encubrimiento por favorecimiento en perjuicio de un matrimonio, quedaron en libertad la tarde del sábado.

Durante la audiencia de control de detención y formulación de imputación, el juez que los requirió impuso como medida cautelar a los oficiales la firma y abstenerse de acercarse a la presunta víctima por un plazo de doce meses.

El juzgador fijó para el próximo jueves 17 de junio la audiencia de vinculación o no a proceso, informó Israel Hernández.

El Ministerio Público solicitó ante el juez la prisión preventiva como medida cautelar, sin embargo, éste resolvió imponer otras medidas a los dos elementos de la SSPM, dijo el fiscal Nava López.

Por la tarde y mediante un comunicado de prensa la SSPM citó que la liberación fue “por ser un delito que no amerita la imposición de la prisión preventiva, misma que no fue solicitada por la parte acusadora”. El vocero del TSJE confirmó que el MP sí solicitó esa medida cautelar.

Seguridad Pública reiteró su confianza en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua y dijo que “continuará atenta a sus resolutivos para actuar en consecuencia”.

Destacó que la corporación “continuará brindando todo el apoyo y respaldo jurídico a los elementos en cuestión. Apoyo al que tienen derecho”.

Al respecto, el fiscal Jorge Nava López informó que ambos agentes preventivos, adscritos a la Unidad de Inteligencia de la Policía municipal, enfrentan cargos por el delito de encubrimiento por favorecimiento.

“El delito de ellos dos es el encubrimiento por no denunciar los hechos de los que tuvieron conocimiento (tortura), donde está como autor material el sustraído”, dijo el fiscal.

Aún están pendientes por cumplirse dos órdenes de arresto contra agentes municipales, entre ellos un mando, acusados de tortura y robo, dijo Nava.

Agentes investigadores aseguraron a El Diario que la Unidad de Delitos contra la Paz Pública y el Adecuado Desarrollo del Servicio Público, de la FGE, integra varias carpetas de investigación contra el grupo de Inteligencia, a los que se señala como los probables responsables de los delitos de allanamiento, robo, abuso de autoridad, privación de la libertad y hasta amenazas.

¿Sin sanciones?

El Reglamento del Sistema Municipal de Seguridad Pública refiere en el artículo 162 del Capítulo V, relativo a la remoción, que son faltas por las que podrán ser removidos los integrantes de las instituciones el infligir o tolerar actos de tortura, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la Seguridad Pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra, cita el inciso 21.

El artículo 168 del procedimiento de Asuntos Internos menciona que cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y aportando elementos suficientes de prueba, podrá denunciar los actos u omisiones de los elementos que conforman las Instituciones, que impliquen responsabilidades.

“Todo servidor público deberá denunciar por escrito a la Dirección de Asuntos Internos o ante los Titulares de las Instituciones, los hechos que a su juicio sean causa de responsabilidad, imputables a los integrantes de las Instituciones” (sic).

La SSPM no ha dado a conocer el inicio de un procedimiento administrativo contra el personal implicado en la acusación formulada contra el grupo de inteligencia. Lo que sí hizo público fueron los resultados que atribuyeron a los cuatro agentes denunciados por civiles.

“Con hechos han realizado una excelente labor policial y han destacado con importantes detenciones y aseguramientos de alto impacto. Ejemplo de ello son golpes al crimen organizado sin distinción de pandillas, grupos y/o cárteles criminales”, cita el comunicado.

La representación social que los investiga ayer consideró que “si están tan seguros de la integridad del mando prófugo, deberían colaborar con la autoridad y presentarlo para que un juez determine si es probable responsable”.

Este caso será analizado el próximo lunes cuando sea expuesto el caso ante la Mesa para la Construcción de la Paz que encabezará aquí el gobernador Javier Corral.