Tribunal Supremo británico anula suspensión de Parlamento

La decisión unánime de los 11 jueces del tribunal declaró 'nula y sin efecto' la orden del primer ministro Boris Johnson

Associated Press
martes, 24 septiembre 2019 | 07:48

Londres.- En un importante golpe para el primer ministro británico, Boris Johnson, el Tribunal Supremo británico declaró ilegal el martes su decisión de suspender el Parlamento durante cinco semanas durante la crucial cuenta atrás para el Brexit.

La decisión unánime de los 11 jueces del tribunal declaró "nula y sin efecto" la orden de suspender las sesiones parlamentarias.

La histórica decisión provocó peticiones inmediatas de que Johnson renunciara al cargo.

El líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, dijo en la conferencia de su partido que la decisión refleja el "desdén" de Johnson por la democracia y el Estado de Derecho.

Corbyn afirmó que Johnson debería "convertirse en el primer ministro que menos tiempo ha servido".

El duro tono del fallo judicial y el hecho de que fuera un voto unánime hizo que muchos dijeran que Johnson no puede seguir en el cargo.

"Su posición es insostenible y por una vez debería tener el coraje de hacer lo correcto y renunciar", afirmó delante del Tribunal la legisladora del Partido Nacional Escocés Joanna Cherry, una de las personas que presentó la demanda contra el primer ministro.

Johnson, que se encontraba en Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas, no hizo comentarios sobre el veredicto en un primer momento. Antes había señalado que obedecería la decisión judicial.

La suspensión "fue ilegal porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del Parlamento de realizar sus funciones constitucionales sin justificación razonable", indicó la juez Brenda Hale, presidenta del Supremo.

El fallo supone que el Parlamento nunca fue suspendido legalmente y técnicamente sigue en activo, añadió.

El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, dijo en un comunicado por escrito que el veredicto "defiende el derecho y el deber del Parlamento de reunirse en este momento crucial para examinar al ejecutivo y exigir cuentas a los ministros".

Bercow instó a los parlamentarios a "reunirse sin demora" y señaló que consultaría a los líderes de los partidos con urgencia para coordinarlo.

Algunos legisladores dijeron que el Parlamento debería reanudar sus sesiones el miércoles por la mañana, con una posible sesión de control de preguntas al primer ministro con Johnson. Estas sesiones se suelen celebrar los miércoles.

En un país sin una constitución escrita, el caso planteaba una confrontación poco habitual entre el primer ministro, los tribunales y el Parlamento en torno a sus derechos y responsabilidades.

La cuestión giraba en torno a si Johnson actuó de forma legítima cuando recomendó a la reina que suspendiera el Parlamento durante cinco semanas en un periodo de tiempo crucial, antes de la fecha límite para que Gran Bretaña abandone la Unión Europea, el 31 de octubre.

Johnson ha declinado decir si renunciaría en caso de que se determinara que había infringido la ley o si intentaría volver a cerrar el Parlamento.

La decisión siguió a tres días de vista ante un comité de 11 jueces la semana pasada.

La corte rechazó el argumento del gobierno de que la decisión de suspender el Parlamento hasta el 14 de octubre era rutinaria y no estaba relacionada con el Brexit. Los abogados del gobierno alegaron que según la constitución no escrita del país, era una cuestión sobre la que debían decidir los políticos y no los tribunales.

Las voces críticas afirmaban que el mandatario había cerrado de forma ilegal el Parlamento semanas antes de que el país abandonara el bloque de 28 naciones con el "inapropiado propósito" de eludir el escrutinio de los legisladores sobre sus planes de Brexit.

También acusaron a Johnson de desinformar a la reina, que debía dar su aprobación formal para suspender la legislatura.

Johnson y el Parlamento han chocado desde que el mandatario asumió el poder en julio con la determinación de sacar al país de la UE el 31 de octubre, haya o no un acuerdo de divorcio con sus socios europeos.