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Internacional

Asesinan a 200 ambientalistas en el mundo en 2021

Global Witness tiene 10 años registrando los homicidios de las personas que intentaban proteger el medio ambiente y su territorio

Agencia Reforma

jueves, 29 septiembre 2022 | 14:58

Global Witness | Algunas de las víctimas

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Ciudad de México.- En promedio, al menos tres personas murieron cada semana del año pasado mientras intentaban proteger el medio ambiente y su territorio, indica un reporte de Global Witness.

El informe registra el asesinato de 200 defensores en 2021. Hace una década, esta organización internacional comenzó a reportar dichos asesinatos. Del 2012 al 2021, contabilizó mil 733 defensores silenciados.

A decir de Vandana Shiva, activista y científica de la India, los asesinatos ocurren bajo una visión en la que la naturaleza es algo a ser conquistado y sometido, no apreciado y protegido.

"Este paradigma nos ha llevado al borde del colapso. No sólo estamos frente a una emergencia climática, estamos a las puertas de la sexta extinción masiva y estas defensoras son algunas de las pocas personas que se interponen en el camino", escribió en el prefacio del reporte "Una década de resistencia".

"Son las personas que entienden, en el nivel más profundo, cómo el destino de la humanidad está entrelazado con el destino de los lugares naturales que defienden. Es por eso que están dispuestas a arriesgarlo todo para defenderlos y por lo tanto, más que nadie, merecen protección", consideró.

Los datos recopilados por Global Witness sólo son la punta del iceberg, asegura la agrupación, pues más allá de los asesinatos, muchas comunidades y personas defensoras son silenciadas a través de ataques menos denunciados, como amenazas de muerte, vigilancia, violencia sexual y/o criminalización.

Concentra AL homicidios

Cuatro de los cinco países más mortíferos para los activistas ambientales en los últimos 10 años se ubican en América Latina: Brasil, con 342 casos de homicidios; Colombia, con 322; México, con 154; y Honduras, con 117.

En 2021, los tres países con más asesinatos también fueron de la región: México en primer lugar, con 54; Colombia en segundo, con 33; y Brasil en tercero, con 26. En tanto, más de tres cuartas partes de los ataques registrados por Global Witness se llevaron a cabo en Latinoamérica.

Según la agrupación, es desproporcionado el número de ataques fatales contra pueblos indígenas, pues comprenden más del 40 por ciento de los casos a pesar de que representan el 5 por ciento de la población mundial. Destacan los países latinoamericanos en este rubro, como México, Colombia, Nicaragua y Perú.

"En todo el mundo, los pueblos indígenas y las personas defensoras ambientales arriesgan sus vidas por la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Las y los activistas, así como las comunidades, juegan un papel crucial en la primera línea de defensa contra el colapso ecológico, además de ser líderes en la campaña para prevenirlo", señaló Mike Davis, director ejecutivo de Global Witness.

¿Qué hacer?

Los gobiernos deben comprometerse a denunciar e investigar estos asesinatos, además de condenar a los culpables, urgió Shiva. Asimismo, exhortó a las empresas a asegurar que sus operaciones no causen daños.

Global Witness emitió una serie de recomendaciones dirigidas a distintos sectores. Al gubernamental, por ejemplo, le sugirió declarar nula y sin efecto cualquier legislación para criminalizar a los defensores, asegurar el derecho al consentimiento libre, previo e informado, así como promover los mecanismos existentes para optimizar la protección de derechos humanos, como el Acuerdo de Escazú y el Protocolo de la Esperanza.

También llamó a los gobiernos a exigir que las empresas e instituciones financieras realicen diligencias debidas de derechos humanos y riesgos ambientales en todas sus operaciones globales.

Con respecto al sector empresarial, debería implementar procedimientos sólidos para prevenir, identificar, mitigar y dar cuenta de sus daños a derechos humanos y el medio ambiente durante sus operaciones.

Otra idea es implementar políticas de tolerancia cero a las represalias y ataques contra defensores, la adquisición ilegal de tierras y a la violación al consentimiento libre, previo e informado.

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