Cuando pagar una multa de tránsito puede terminar en la deportación

Nueva York— Después de que las autoridades de inmigración intentaran arrestar a un joven que había acudido a pagar una multa de tránsito en el Ayuntamiento en abril, rápidamente se corrió la voz rápidamente en esta ciudad, donde un tercio de los residentes son nacidos en el extranjero.

El efecto fue inmediato, dijo Joseph M. DeStefano, alcalde de Middletown. La semana anterior al intento de arresto, más de 500 personas habían visitado el edificio para aplicar a un nuevo programa de identificación municipal. La semana después, sólo cinco lo hicieron, dijo DeStefano.

“Ese único incidente ha socavado completamente la confianza de la comunidad inmigrante en su capacidad para venir al Ayuntamiento o la estación de Policía”, dijo.

A medida que la administración de Trump ha ampliado el número de personas que enfrentan la deportación, también ha crecido el antagonismo entre la Casa Blanca y las llamadas ciudades santuario, las cuales limitan su cooperación con las autoridades de inmigración.

En Nueva York y Nueva Jersey, los esfuerzos para frenar dicha cooperación han ido mucho más lejos. Recientemente, los estados prohibieron a los agentes de inmigración arrestar a inmigrantes indocumentados en los juzgados estatales. Y los municipios en al menos otras cuatro entidades han impuesto normas similares.

Sin embargo, en Nueva York, las regulaciones no aplican a los aproximadamente mil 300 tribunales ubicados en poblados y localidades, un extenso sistema que se ocupa de los problemas más cotidianos, como delitos menores y desalojos.

DeStefano forma parte de un grupo de personas que han impuesto presión al Legislativo estatal para extender la prohibición a estos tribunales locales —otro detonante en el debate sobre cuánto poder deben tener las ciudades santuario para restringir la aplicación de la ley federal.