Clínicas de Texas enfrentan una prohibición casi total del aborto

Una ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos después de aproximadamente seis semanas de embarazo entró en vigencia este miércoles, después de que la Corte Suprema no actuó en una solicitud para bloquearla, lo que marcó el comienzo de la ley de aborto más restrictiva de la nación y provocó que las clínicas en el estado rechazaran a mujeres que buscaban el procedimiento.

Los jueces aún pueden fallar sobre la solicitud, que es solo un paso temprano en lo que se espera sea una batalla legal prolongada sobre la ley. Mientras tanto, el acceso al aborto en Texas se ha vuelto extremadamente limitado, el último ejemplo de un estado liderado por republicanos que impone nuevas restricciones para las mujeres.

La ley, conocida como Proyecto de Ley del Senado 8, equivale a una prohibición casi completa del aborto en Texas, una que alimentará aún más las batallas legales y políticas sobre el futuro de la Roe v. Wade, la decisión de 1973 que estableció el derecho constitucional al aborto. La ley no hace excepciones para los embarazos resultantes de incesto o violación.

En una solicitud de emergencia instando a los jueces a intervenir, los proveedores de servicios de aborto en el estado escribieron que la ley “reduciría inmediata y catastróficamente el acceso al aborto en Texas, excluyendo la atención de, al menos, el 85 por ciento de las pacientes de aborto en Texas (aquellas que tienen seis semanas de embarazo o más) y probablemente obligando a muchas clínicas de aborto a cerrar".

Los precedentes de la Corte Suprema prohíben a los estados prohibir el aborto antes de la viabilidad fetal, el punto en el que los fetos pueden mantener la vida fuera del útero, o alrededor de las 22 a 24 semanas.

Pero la ley de Texas fue redactada para dificultar la impugnación en los tribunales. Por lo general, una demanda que busca bloquear una ley porque es inconstitucional nombraría a funcionarios estatales como acusados. Sin embargo, la ley de Texas prohíbe a los funcionarios estatales hacerla cumplir y, en cambio, delega a los particulares para demandar a cualquiera que realice el procedimiento o lo “ayude e incite”.

Es posible que la paciente no sea demandada, pero los médicos, los miembros del personal de las clínicas, los consejeros, las personas que ayudan a pagar el procedimiento, incluso un conductor de Uber que lleva a una paciente a una clínica de aborto, son todos posibles acusados. Los demandantes, que no necesitan tener ninguna conexión con el asunto o mostrar alguna lesión por ello, tienen derecho a 10 mil dólares y se recuperan sus honorarios legales si ganan. Los acusados predominantes no tienen derecho a honorarios legales.

La pregunta inmediata para los jueces no es si la ley de Texas es constitucional. Se trata, más bien, de si puede ser impugnada en un tribunal federal. Los defensores de la ley dicen que, dada la forma en que está estructurada la ley, solo los tribunales de Texas pueden fallar sobre el asunto y solo en el contexto de las demandas contra los proveedores de servicios de aborto por violar la ley.