Asegura Trump que posee el perdón de la Casa Blanca y los registros de políticas de inmigración

Washington.— El ex presidente Donald J. Trump está asegurando que nueve documentos decomisados por el FBI en su residencia en Florida son suyos —aunque el Departamento de Justicia señala que son registros oficiales que deben ser depositados en los Archivos Nacionales, de acuerdo a una nueva carta que envió al árbitro especial que está supervisando la revisión de documentos.

La carta, que fue presentada este jueves por el Departamento de Justicia, describe las disputas sobre la propiedad y privilegio ejecutivo, relacionadas con una serie de 15 registros que han sido sometidos a una revisión inicial.

Es probable que esto sea un presagio de una lucha mayor sobre el legajo principal de unos 13 mil documentos y otro material que los agentes del FBI sacaron de Mar-a-Lago, el club y residencia de Trump, a través de una orden de cateo autorizada por la corte, en el mes de agosto.

Los documentos de la serie original que Trump asegura que le pertenecen incluyen seis paquetes que le entregaron cuando era presidente para que apoyara las peticiones para otorgar el perdón a las personas que lo solicitan, dos documentos relacionados con las políticas de inmigración de su administración y un correo electrónico que le envió una persona de una academia militar.

Sin embargo, el Departamento de Justicia en su carta se mofó de la idea de que cualquiera de esos documentos le pertenecen a Trump, citando el Decreto de Registros Presidenciales que dice que todos los documentos generados o recibidos por un presidente, su staff u oficina durante el transcurso de actividades oficiales son propiedad del gobierno y que deben enviarse a los Archivos Nacionales cuando el presidente concluye su mandato.

De los paquetes de perdones, por ejemplo, el Departamento de Justicia escribió: “Esas peticiones fueron recibidas por el demandante en su capacidad de funcionario con autoridad para otorgar perdones y exoneraciones, no en su capacidad personal”.

La disputa se deriva de la decisión de la juez Aileen M. Cannon del Distrito Sur de Florida de aceptar la petición de Trump para que interviniera en la investigación del Departamento de Justicia sobre si él había mantenido ilegalmente registros clasificados en su propiedad y haber obstruido los repetidos intentos del gobierno para que se los entregara.

El Departamento de Justicia argumentó que Trump “no puede afirmar lógicamente” un privilegio ejecutivo sobre dos documentos de políticas de inmigración al mismo tiempo que afirma que son suyas, diciendo que “sólo los registros oficiales son sujetos a una afirmación de privilegio ejecutivo”.