Abogados de Trump renuevan presión para que haya un especialista en la investigación sobre los documentos

Washington.— El equipo legal del ex presidente Donald J. Trump renovó agresivamente este miércoles su presión para que haya un árbitro independiente para que revise los documentos que el FBI decomisó en su cateo realizado el 8 de agosto en su residencia en Florida, diciéndole a un juez federal que sólo tenía en su poder “sus propios registros presidenciales”.

En un documento que consta de 18 páginas, los abogados de Trump sugirieron que al llevar a cabo lo que ellos describieron como “una redada sin precedentes, innecesaria y no basada en la ley” en Mar-a-Lago, la casa y club de Trump en Palm Beach, Florida, el Departamento de Justicia estaba “criminalizando la posesión personal de un ex presiente y sus registros presidenciales que se encontraban en un lugar seguro”.

La juez Aileen M. Cannon, quien fue designada por Trump, dio indicios durante el fin de semana de que se inclinaba a asignar a un experto externo, conocido como árbitro especial, para este caso, aunque quería escuchar primero al Departamento de Justicia, que objetó la petición de Trump en un largo documento que entregó el martes por la noche.

La audiencia está programada para el jueves en la Corte Federal de Distrito en West Palm Beach.

El argumento del equipo legal de Trump de que los documentos presidenciales de la administración Trump eran sus propios registros se contrapone con el Decreto de Registros Presidenciales de 1978.

Allí se deja en claro que el gobierno, no el presidente o ex presidente, es el dueño de los archivos generados durante su mandato en la Casa Blanca.

Si Trump también tenía documentos generados por otras agencias y departamentos, nunca ha quedado entendido que sean propiedad de los presidentes.

Los abogados de Trump argumentaron que el Decreto de Registros Presidenciales no tiene un mecanismo para aplicar la ley, sugiriendo que el gobierno no tiene bases para decomisar los documentos que Trump se llevó a Mar-a-Lago y no regresó después de repetidas peticiones de los Archivos Nacionales y un citatorio del Departamento de Justicia.

El documento no menciona el hecho de que el magistrado que emitió la orden de cateo para Mar-a-Lago lo hizo no sólo en base al Decreto de Registros Presidenciales, sino en otras leyes que están en contra del ocultamiento de registros gubernamentales.

Incluyendo el Decreto de Espionaje, que criminaliza la retención no autorizada de secretos de seguridad nacional que son potencialmente peligrosos y deben estar muy bien resguardados.