Diario
Estado
sábado, 15 junio 2019 | 16:32
Chihuahua.- Alberto Alvídrez Aguilar recibió una sentencia de 9 años y 2 meses de prisión por el delito de violación agravada en perjuicio de quien fuera su exnovia, tras comprobarse que los supuestos mensajes de amenaza recibidos de la víctima eran falsos, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
El sentenciado se había fugado de una sala penal del Tribunal Superior de Justicia momentos después de que una juez de Control le dictara prisión preventiva el pasado 31 de agosto de 2017. Tras permanecer cuatro meses huyendo de la justicia, agentes ministeriales lo recapturaron en diciembre del mismo año.
Según los hechos por los que la autoridad judicial lo condenó a purgar una pena de casi una década, en marzo del 2017 el sentenciado se aprovechó del vínculo derivado de una relación afectiva y condujo a la víctima a un lugar despoblado a la altura de la carretera Aldama-Ojinaga, donde la violentó sexualmente.
La investigación, realizada por elementos de Aldama, arrojó que, en seguimiento a la denuncia interpuesta por la víctima por el delito de violación, posteriormente a los hechos anteriormente mencionados, la defensa presentó en los tribunales un mensaje de texto (SMS) en el celular del ahora sentenciado, quien argumentó que había sido enviado por la víctima.
La intención de dicho argumento era fortalecer su defensa y desacreditar a la víctima. Dicho mensaje traía escrita una supuesta amenaza donde se le acusaría por violencia sexual e iría a la policía para que fuera detenido.
Sin embargo, durante las indagatorias, personal especializado de la Dirección de Análisis de Evidencia Digital e Informática Forense de la FGE examinó los dispositivos, tanto de la víctima como del sentenciado, donde se encontraron incongruencias.
“Al revisar los dispositivos, este mensaje no se encontraba en el móvil de la víctima, lo que generó discrepancias que nos llevaron a instrumentar una verificación digital detallada mediante equipo tecnológico instrumentado para la extracción de datos”, afirman analistas de dicha unidad de la FGE.
El objetivo era localizar archivos o datos que hubieran sido borrados de la memoria por los usuarios y se detectó una aplicación o programa que generaba mensajes de texto o SMS falsos, aunado a que se determinó que el mensaje fue enviado después del crimen.
“La aplicación fue instalada, usada y eliminada del celular momentos después de su descarga, por lo que intentó engañar a las autoridades investigadoras”, dan a conocer los analistas.
La agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro adscrita a Aldama argumentó que la filtración pública por parte de familiares del sentenciado sobre los supuestos mensajes, con el fin de exhibir y difamar a la víctima, generaron revictimización y estigma social, por lo que se buscó una reparación del daño no solo económica, sino moral.
Con las pruebas y elementos, la Ministerio Público fundamentó la acción digital del acusado y estas evidencias fueron suficientes para que el juez dictara una sentencia de 9 años y 2 meses y se fijara una reparación del daño por 57 mil 600 pesos y otra genérica por daño moral.