Recibió CEDH 4 quejas por desplazamiento

Chihuahua.– La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que de enero a diciembre de 2022 recibió un total de cuatro quejas por desplazamiento forzado, un problema que afecta principalmente a familias de la zona serrana, que desde hace varios años se han visto obligadas a abandonar sus tierras. 

De acuerdo con el informe para la relatoría especial de la ONU sobre derechos humanos de las personas desplazadas internamente sobre el estado de Chihuahua, del 2012 al 15 de agosto del 2022, mil 680 personas tuvieron que abandonar sus casas (648 son mujeres, 508 hombres y 524 niñas y niños).  

Aunque de acuerdo con el presidente de la CEDH, Néstor Armendáriz, del 2019 al 2022 se han presentado alrededor de 11 querellas, éstas son pocas en comparación con el número de casos que pudieran existir; sin embargo, no en todas las ocasiones se denuncian este tipo de actos, principalmente por miedo. 

De los eventos y casos de desplazamiento documentados, se desprendió que la mayoría de éstos están vinculados con la violencia ejercida por integrantes o grupos del narcotráfico, ya sea para el desarrollo de actividades propias de la producción y tráfico de drogas, así como para diversificar fuentes de ingreso, o bien como mero mecanismo de control del territorio. 

En agosto del 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició una investigación de oficio luego de que por distintos medios de comunicación, tuvo conocimiento de que una persona ampliamente reconocida por su activismo como defensora de derechos humanos de la comunidad ralámuli había sido privada de la vida. 

El objeto de la indagatoria consistió en dilucidar si las autoridades tenían conocimiento de su labor social, el riesgo que se enfrentaba en su calidad de persona defensora de derechos humanos y verificar si se habían tomado las medidas pertinentes para salvaguardar su vida.

Analizados los hechos y evidencias recabadas, ese organismo encontró elementos para considerar violados los derechos fundamentales de la víctima, específicamente los relacionados con la protección a la vida y el derecho a la libertad en su modalidad de desplazamiento forzado. 

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil han implementado acciones legales o vía mecanismos de protección de derechos humanos, para impulsar una reparación integral que incluya medidas de no repetición, así como que contemple la reubicación o retorno seguro.