Diario
Estado
sábado, 04 mayo 2019 | 13:37
Chihuahua.- Acusado de secuestro y extorsión, Joel S.C., hijo del activista indígena Cruz Sánchez Legarda, fue vinculado a proceso junto a otros 4 imputados, quienes además fueron señalados por pertenecer al grupo criminal de “El Tigre”, que opera en la región serrana del estado.
Joel S. C. y su padre Cruz Sánchez son beneficiarios de medidas de protección por la Secretaría de Gobernación, debido a que junto con otros familiares son considerados víctimas de desplazamiento por violencia, por hechos ocurridos en el municipio de Uruachi, en la comunidad de El Manzano, de donde la familia es originaria.
Sin embargo, independientemente de las medidas de protección, a Joel S. C. se le mantuvo la acusación por la que ya había recibido la prisión preventiva como medida cautelar.
La Fiscalía General del Estado confirmó que al imputado y otros hombres, se les relaciona con actividades ilegales para un grupo criminal.
Después de 12 horas aproximadamente de una audiencia realizaea ayer, en la que se presentaron a declarar cinco testigos, la juez de Control vinculó a proceso a los cinco imputados por el delito de secuestro y extorsión.
Los testimonios de cinco testigos, al menos tres de ellos considerados víctimas del desplazamiento por violencia y que están dentro de un programa de protección de la Segob - todos familiares del imputado Joel, la esposa e hijo de otro presunto de nombre Otoniel- y datos de prueba que presentaron los defensores, no fueron sufientes para la juez, quien determinó que había elementos de prueba suficientes para vincularlos a proceso.
Los defensores intentaron acreditar con los testigos que los dos imputados antes mencionados, se encontraban en Chihuahua capital cuando se dio el secuestro del que los acusan, el pasado 21 de abril en Temechi, municipio de Guerrero.
El Ministerio Público acusó a a Joel S. R., a Omar G. S. y a Raymundo G. S., todos originarios de Uruachi, del delito de secuestro y su participación posterior en extorsión.
De acuerdo con la parte acusadora, privaron de su libertad a una pareja el domingo 21 de abril en Guerrero y la llevaron a un lugar de cautiverio en la misma región.
Desde la zona exigieron a los familiares el pago de un rescate para liberar a las víctimas, integrantes de una familia reconocida en la región.
El día que liberaron a las víctimas, continuaron extorsionando a la familia afectada para que les entregaran el dinero.
Por otra parte, a Otoniel P, M, originario de Tomochi, municipio de Guerrero y Jesús O. H., originario de Ceballos, Durango, se les acreditó participación en el delito de extorsión.
El primero se encargó de la negociación vía telefónica y al segundo de acudir a recoger el dinero producto de ese delito, el de extorsión, para evitar un nuevo ataque.
Por ello, a los 5 se les vinculó a proceso penal y se les decretó la prisión preventiva durante 5 meses, tiempo que se dio para el cierre de la investigación.
Protección por violencia en El Manzano
El 11 de junio de 2016 fue encontrado el cadáver de Gilberto Sánchez Cruz en la localidad de San Juanito, municipio de Bocoyna.
Era otro de los hijos de Cruz Sánchez Legarda, exgobernador indígena y líder social de Rocoroivo en la comunidad El Manzano.
Un año antes, en 2015, al líder indígena le habían matado a otro hijo, Benjamín Cruz, en El Manzano, de donde toda la familia fue desplazada por la violencia.
Fue en marzo de 2015 cuando un grupo de 60 hombres armados y encapuchados se enfrentaron con habitantes de El Manzano.
A partir de entonces, la familia de Cruz Sánchez Legarda comenzó a ser desplazada de su lugar de origen y se presentó ante instancias defensoras de derechos humanos como víctimas de la violencia del crimen organizado en la región serrana.
Gracias al respaldo de organizaciones que apoyan a Sánchez Legarda y su familia, la Secretaría de Gobernación activó protocolos de protección que incluyen geolocalizadores y personal de seguridad para estas personas, aunque otras asociaciones los señalan por ser parte de grupos involucrados en activididades ilícitas.