Presentan denuncia penal por plan anti-Covid

La Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó una denuncia penal al detectar que, en el plan para enfrentar la pandemia, la Secretaría de Hacienda asignó en 2020 contratos por un total de 65.1 millones de pesos a dos proveedores cuyo expediente contiene documentación falsa.

El procedimiento aparece consignado en el “Reporte de Fiscalización al Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar”, revisión que fue entregada por la ASE el pasado martes al Congreso y que está disponible en el sitio electrónico del ente fiscalizador.

“Dato relevante 2: expediente de registro de una persona física y una moral al Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de Gobierno del Estado que contiene documentos falsos relativos a la opinión positiva de obligaciones fiscales. Sin embargo, se les asignó durante el ejercicio fiscal 2020 contratos del Programa para la Atención de Contingencias Sociales COVID 2019 por el importe de $27,399,523.06 y $37,788,886.34. (Se presentó denuncia penal)”, indica el texto.

De acuerdo con el titular de la ASE, Héctor Acosta Félix, la denuncia de hechos fue interpuesta ante la Fiscalía General del Estado contra los particulares, de los cuales se reservó identidades.

El informe de la ASE reporta que, en total, realizó 55 observaciones como resultado de las revisiones a los recursos del Plan Emergente, presentado por la administración estatal anterior en abril de 2020, en los primeros meses de la pandemia.

De estas observaciones, agrega el texto, derivaron 21 recomendaciones, 26 promociones de responsabilidades administrativas no graves, tres informes de presuntas responsabilidades administrativas graves y dos solicitudes de aclaración.

Además, señala la ASE, encontró cinco “datos relevantes” de los que derivaron cuatro “vistas a la autoridad competente” y la denuncia penal por la documentación falsa detectada en la cuenta pública de la Secretaría de Hacienda.

El informe entregado también hace notar la diferencia entre los 3 mil 209.8 millones anunciados en abril por el gobierno de Javier Corral como parte del Plan Emergente y los mil 001.2 millones que fueron “devengados” o pagados a terceros.

“Los recursos reportados por la Secretaría de Hacienda para la ejecución del Plan Emergente en materia de programas presupuestarios se constituyen por: 1. Recursos devengados por dependencias y entidades: Los destinados a los entes públicos bajo la estructura del programa presupuestario 4N002L3 ‘Programa para la Atención de Contingencias Sociales”, indica el texto de la ASE.

“Además, la Secretaría de Hacienda nos informó que ‘en este programa existen otros recursos que los entes indicaron dentro del portal ‘Transparencia COVID-19’ que forman parte del Plan Emergente (Tabla 2), sin embargo, estos no fueron identificados dentro de la estructura contable”, agrega el documento, citando a la dependencia encargada de las finanzas públicas.

Desde la semana anterior, Acosta mencionó la diferencia entre los recursos anunciados –y que se difundieron en la página de transparencia creada para la información de la pandemia– y los realmente ejercidos.

“La información que aparece ahí es información que obtuvieron de diferentes fuentes; no digo que es incorrecta, simple y sencillamente que la Secretaría de Hacienda, a la hora que nosotros le hacemos la solicitud formal, nos da otros datos”, dijo Acosta entonces.

“Lo que podíamos revisar era lo que realmente se ejecutó con recurso del Estado, del Plan, que fueron mil un millones 237 mil 863 (…) La Secretaría de Hacienda no entrega un informe de la proyección que hizo; cuando dice que va a destinar tres mil millones, a la par no informó cómo se integraron esos tres mil millones una vez que ya se ejecutó el programa; o sea, lo hizo cuando lo anunció pero no cuando ya lo ejecutó, no al terminar”, agregó el funcionario.

Otros 971.7 millones de pesos considerados en el Plan como estímulos fiscales –o recursos que dejó de percibir el Estado– tampoco fueron auditados, señaló Acosta también la semana anterior, debido a que la Secretaría de Hacienda no presentó un “informe de cómo se comportó ese proyecto”.

Dieron apoyos a servidores públicos

Entre otros hallazgos reportados por la ASE sobre el uso de los recursos del Plan Emergente está la entrega de apoyos injustificados a 296 empleados gubernamentales por parte del DIF, el cual sumó 10 observaciones.

“Otorgaron apoyos a 296 trabajadores del Gobierno del Estado y municipios, por un total de $585,500.00 toda vez que estos contaban con un trabajo durante el ejercicio de 2020, lo que contraviene con lo estipulado en el (…) Acuerdo que contiene las Reglas de Operación para el Programa Emergente Consistente en la Entrega de Apoyo Económico para Complementar la Alimentación, a favor de personas en situación de vulnerabilidad con motivo de la contingencia generada por el COVID-19”, indica el texto.

Asimismo, se reporta que Servicios de Salud del Estado –que acumuló 16 observaciones– incurrió en “falta de justificación técnica de las especificaciones solicitadas para la adquisición de ventiladores adulto-pediátrico-neonatal por medio de los contratos por $5,233,920.00 y $15,701,760.00, toda vez que la entidad fiscalizada no adjuntó en su respuesta los documentos por los cuales se acreditara la justificación de los requisitos o características de insumos o tecnologías que indujeron a la preferencia o exclusividad de algún proveedor en lo particular”.

Otra observación deriva de la falta de contrato por parte del Ichisal, que sin este procedimiento pagó a una empresa 2.3 millones de pesos por la adquisición de guantes de nitrilo y overoles desechables, además de que en otro caso adjudicó dos contratos para la adquisición de cubrebocas –por 8.6 millones de pesos– sin realizar investigación de mercado.

También, sobre la misma dependencia se informa que presentó una diferencia de 52.5 millones de pesos entre los ingresos registrados y lo recibido.

“La entidad fiscalizada registró la cantidad de $138,940,076.00 por concepto de transferencias de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, en la cuenta contable número X, sin embargo, únicamente recibió durante el período en revisión la cantidad de $86,351,708.00, presentándose una diferencia entre lo registrado y recibido de $52,588,368.00”, dice el informe.

Pablo Pinedo, asesor de la diputada Leticia Ortega –que preside la Comisión de Fiscalización del Congreso– y quien atendió una solicitud de información hecha a la legisladora, confirmó la recepción del documento de la ASE.

“El seguimiento de esta auditoría seguirá el mismo curso que los demás informes individuales”, dijo.

“Es un reporte que es sólo para conocimiento y de trabajo transparencia proactiva”, agregó ayer Acosta. 

srodriguez@redaccion.diario.com.mx