‘Nos imaginábamos que se irían a paraísos fiscales’

Chihuahua.— La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe investigar el destino de los recursos que miles de chihuahuenses invirtieron en Aras y que ahora podrían estar en Panamá, pidieron defraudados, a través de su representante legal, Mariano Cordero; indicaron que ya esperaban que algo similar ocurriera, lo que les parece preocupante, por lo que presionarán para que se haga un rastreo de bienes y dinero.

“Nos imaginábamos eso, que ya desde antes ellos tenían paraísos fiscales, puede ser Panamá o las Islas Caimán, pero ese trabajo de investigación lo tendrá que hacer la UIF. Qué bueno que sale la nota, pero nos preocupa seriamente que se hayan ido grandes capitales a otros lados que no sabemos y que tenemos que perseguir”, dijo.

Cordero aseguró que continuarán haciendo presión para que se dé curso legal a los casos, aunque reconoció que no se prevé una solución inmediata al conflicto.

“La posición es seguir insistiendo en que se haga el trabajo adecuado por la UIF y que a través de la Interpol se pueda generar una persecución y un rastreo de bienes y dinero”, solicitó. 

“Es una desfachatez de estas gentes querer seguir defraudando en otros lados con la complacencia de las autoridades. Allá van con una intención igual de poder defraudar a la gente y hacer lo mismo. Qué bueno que ya los localizaron, ojalá y localicen todos los capitales”, clamó. 

Agregó: “si somos honestos la solución no puede ser inmediata pero tampoco puede tardarse mucho porque generará una reacción social muy grave”.

Señaló que a inicios del año deberán estar trabajando con la autoridad de forma conjunta, con el objetivo de tener un plan para solucionar el conflicto.

“La solución es que a vuelta de año deben estar las cosas muy claras, quitando el velo de las autoridades en cuanto a las mentiras que cuentan, el atole con el dedo y estar trabajando de una manera conjunta para tener planes integrales de solución, porque ni el penal del fuero común, ni el federal es para solucionarlo ni las acciones civiles ni mercantiles ni tampoco el concurso de acreedores porque entonces no le tocará nada a nadie porque es muy poco”, explicó Cordero. 

“Debe haber un plan de damnificados a futuro porque el Gobierno federal tendrá que participar en el grado que le toca por no haber fiscalizado de manera adecuada a la empresa. La gente de Panamá debe estar enterada y esas alertas que pudieran generarse allá nos son útiles a nosotros”, indicó.