Niegan liquidación pese a una sentencia de juez

A ocho meses de haber sido sentenciada por un juez a pagar más de 31.6 millones de pesos por el concepto de daños y perjuicios, la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (Coesvi) ha incumplido con la Constructora Casas Grandes S.A. de C.V.

De acuerdo con el expediente número 53/2018 del Índice del Juzgado Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, tras un juicio oral ordinario civil, el 5 de diciembre de 2019 se declaró la recisión del contrato de prestación de servicios para la rehabilitación, comercialización y venta de vivienda recuperada, y se condenó a la Coesvi a dos pagos por un total de 31 millones 673 mil 50 pesos.

La empresa constructora interpuso la denuncia luego de que el 8 de agosto de 2010 el Gobierno del Estado de Chihuahua celebró un convenio de colaboración institucional con el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), con el objeto de establecer acciones para lograr la regeneración urbana de vivienda en el Estado de Chihuahua, mediante la ejecución de proyectos y programas tendientes a que la Coesvi adquiriera la totalidad de la vivienda recuperada.

El 10 de abril de 2013 se celebró un contrato de promesa de compraventa entre el Infonavit y Coesvi, con el objetivo de la adquisición de 16 mil 214 viviendas recuperadas en el Estado, por lo que Coesvi requería de los servicios de un promotor inmobiliario que llevara a cabo las tareas de rehabilitación, comercialización y venta de dichas viviendas. 

De acuerdo con la demanda, el 20 de agosto 2015, Constructora Casas Grandes S.A. de C.V. y Coesvi celebraron un contrato para la rehabilitación, comercialización y venta de vivienda recuperada, identificado como Contrato de prestación de servicios Coesvi-56/2015 en la ciudad de Chihuahua.

Ambas partes pactaron que el objeto del contrato era que Constructora Casas Grandes S.A. de C.V., con sus propios recursos humanos y financieros llevaría a cabo la rehabilitación, comercialización y venta de las viviendas recuperadas que la Coesvi le asignara conforme a los términos y condiciones pactados en el contrato, así como los trabajos de rehabilitación del entorno urbano relativo a las citadas viviendas. 

“Para contribuir eficazmente a la rehabilitación, promoción y venta de vivienda recuperada, se pactó entre ambas partes que mi representada tenía también una obligación de saneamiento (…) la obligación de gestionar y efectuar el pago de los servicios con que cuenta la vivienda asignada, incluyendo las cuotas de mantenimiento que en su caso deban cubrirse, así como el impuesto predial y, en su caso, las contribuciones por las mejoras inherentes al inmueble que se lleguen a causar con la finalidad que la vivienda asignada se comercialice libre de todo agraven o adeudo fiscal”, se señala en la relativa de los hechos.

Agrega que se acordó entre ambas partes que los trabajos de rehabilitación tendrían por objeto lograr que las viviendas alcancen condiciones de habitabilidad, incluyendo la funcionalidad de los servicios de agua, luz y gas. 

Los precios de cada vivienda para efectos del contrato eran: precio Infonavit, que era la cantidad correspondiente al 65 por ciento del valor que resulte del avaluó comercial, y el precio final de venta, que es la cantidad correspondiente al valor de venta final al adquiriente de la vivienda recuperada, el cual deberá ser igual al valor que arroje el avalúo final. 

Constructora Casas Grandes S.A. de C.V., recibiría como pago de la Coesvi la cantidad remanente que resultara de descontar al precio final de venta, el precio de venta Infonavit  y el 5 por ciento de gastos de operación del programa a la Coesvi, porcentaje que se descontaría de la venta final. 

Con motivo del contrato, la Coesvi le asignó a la empresa particular 588 viviendas, todas ubicadas en el fraccionamiento Senderos de San Isidro, en Ciudad Juárez. El plazo para la rehabilitación, comercialización y venta asignado por la Comisión fue el 30 de septiembre de 2016. 

“Una vez que fueron asignadas las 588 viviendas de manera inmediata nos dimos a la tarea de organizar nuestra infraestructura y recursos humanos en Ciudad Juárez para iniciar los trabajos de rehabilitación y comercialización de la vivienda, así como el saneamiento y el entorno; enfrentándonos a múltiples problemas de vandalismo, robo, invasiones y actos de violencia en contra de nuestros trabajadores, pero seguimos adelante ya que como lo mencioné, en el contrato se marcó un plazo máximo para la rehabilitación, comercialización y venta de las viviendas”, señala la denuncia realizada a través de su representante legal.

De acuerdo con la empresa, se trabajó con un primer paquete de 209 viviendas. De marzo a agosto de 2016 se le pagó a la empresa la contraprestación pactada de las primeras 57 viviendas. Mientras que al proceder con la venta de las otras 152 viviendas, se les informó en el Infonavit “únicamente de manera verbal que mejor nos lleváramos una caja con nuestros expedientes, ya que se había dado por terminado anticipadamente el convenio que se tenía entre Coesvi e Infonavit, por lo que las viviendas que nos habían sido asignadas para su rehabilitación y comercialización habían pasado de nuevo a posesión del Infonavit”.

Se dijo que al acudir al área jurídica de la Coesvi para solicitar una aclaración de la situación, les respondieron “de manera muy escueta, limitada y de mala gana, que en efecto, que así se había decidido, que se había decidido terminar el convenio con Infonavit sobre esa vivienda, ya que debido al cambio de poderes próximo, en Gobierno del Estado querían que no hubiera nada que saltara a la siguiente administración”. 

De acuerdo con la resolución del juez, la parte actora probó los elementos constitutivos de su acción, mientras que la moral demanda no hizo lo propio con sus excepciones y defensas, por lo que se declaró la recisión del contrato de prestación de servicios y se condenó a la Coesvi al pago de 16 millones 55 mil 840 pesos por concepto de daños ocasionados, ya que dicha cantidad fue invertida en el proyecto.

También se condenó al pago de 15 millones, 117 mil 210 pesos más por concepto de perjuicios ocasionados, ya que dicha cantidad corresponde al costo total de la utilidad esperada y la venta de las 152 viviendas que fueron rehabilitadas como parte del contrato.