Llega La Boquilla a la Corte y FGR

Chihuahua— Mientras que cinco presidentes municipales llevaron ante la Suprema Corte el conflicto por el agua de la presa La Boquilla, la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó denuncia ante Fiscalía General de la República (FGR) contra Conagua y funcionarios que participaron la semana pasada en la apertura de ese cuerpo de agua. 

La semana pasada el Gobierno federal permitió la extracción de un mayor volumen de agua de esa presa, lo que derivó en protestas violentas durante la semana pasada.

Una de las quejas contra Conagua es no haber citado ni convocado a participar en la toma de decisiones a los municipios integrantes de la cuenca, ni a los usuarios y productores de la misma, afectando gravemente el derecho al agua para uso agrícola en la entidad.

Los que llevaron la queja a la Corte son los alcaldes priistas Jaime Ramírez Carrasco de San Francisco de Conchos, Óscar Galván Neri de López; Refugio Soto Terrazas de Coronado; José Antonio Bilbao Martínez de Santa Bárbara y Héctor Ariel Fernández Martínez de Aquiles Serdán.

A esa instancia le llevaron solicitud de controversia constitucional y demanda contra servidores públicos federales por diversas omisiones y violaciones a la Ley de Aguas Nacionales.

Entre otros argumentos para lograr que cese la extracción de agua en La Boquilla por parte de Conagua, destacaron que no hay un plan hídrico de la cuenca hidrológica en el que se haya dado la participación debida y obligada a los municipios y productores de la Cuenca Bravo-Conchos.

El diputado y dirigente estatal del PRI Omar Bazán presentó una denuncia ante la FGR contra la directora de la Conagua y contra quien o quienes resulten responsables por el probable delito de coalición de servidores públicos al realizar acciones de gestión y disposición del agua nacional sin cumplir con lo previsto en la ley.

También “por incumplir con su obligación de promover la participación de las autoridades estatales y municipales, y asegurar la instrumentación de los mecanismos de participación de los usuarios de la cuenca, además de las organizaciones de la sociedad en la formulación, aprobación, seguimiento, actualización y evaluación de la programación hídrica de la cuenca”.

Omar Bazán dijo que hay responsabilidad directa de quienes integran la Comisión Nacional del Agua cuya directora general es Blanca Jiménez Cisneros, además del Consejo de Cuenca del Río Bravo.

Dicha responsabilidad, aseguró, podría configurarse como el delito previsto en el artículo 216 del Código Penal Federal, al tomar medidas contrarias a una ley, y violar derechos humanos como consecuencia de ello.