Hizo Corral de la austeridad puro discurso

Los cinco años de gobierno de Javier Corral estuvieron marcados por el derroche y los excesos a pesar de un acuerdo de austeridad que firmó el 19 de enero de 2017, unos meses después de empezar su mandato.

Nepotismo, miles de millones de pesos gastados en viáticos y cientos de horas de vuelo en la flotilla del Estado, demuestran los despilfarros de dinero público y lo someten ahora a un juicio político.

El exdiputado local y federal y senador –cargos obtenidos por la vía plurinominal en el paso de su carrera política– enfrenta con este proceso una sanción que lo inhabilitaría para ocupar cargos públicos por 10 años.

"Manejaré los recursos económicos y materiales con responsabilidad, austeridad y honradez, por lo cual no toleraré, y en su caso denunciaré, todo acto de corrupción y de impunidad que se cometa entre servidores públicos, y entre éstos y cualquier instancia privada".

Eso dice el décimo de 15 “principios” del código de ética que el exgobernador instaló en todas las oficinas de Gobierno del Estado el 11 de enero de 2017, al destacarse como hombre honrado, transparente y de rendición de cuentas.

Pero la realidad en cinco años fue otra cosa.

Empezando por la flota aérea del Gobierno del Estado, que prometió vender en el decreto de austeridad. El exmandatario viajó sin restricción, en casi mil horas de vuelo en las que se paseó por el país con amigos, familiares y hasta con su perro, indican reportajes.

De acuerdo con bitácoras de vuelo dadas a conocer a través de solicitudes de transparencia, el panista no viajaba solo, sino que solía hacerlo acompañado de figuras públicas de los tres niveles de gobierno, entre políticos, periodistas y empresarios.

En promedio, el exgobernador Corral viajaba hasta 16 veces cada mes en las aeronaves oficiales, acumulando durante su gestión 917 viajes.

Y lo hacía hasta para votar en su partido, el PAN, como el domingo 24 de enero de 2021, cuando acompañado de su equipo de seguridad llegó a Juárez por la mañana a bordo del Cessna Citation CJ3, matrícula XCGDC, para participar en elecciones internas.

Tan sólo de octubre de 2016 a marzo 2019, según cifras oficiales, la administración había ejercido más de 28 millones de pesos en mantenimiento y gastos de operación de la flotilla aérea, aunque cálculos extraoficiales expandían el gasto hasta los 60 millones de pesos.

                                      De vacaciones en Mazatlán

Tarjetas

Lejos de la austeridad, incluso el mismo escolta de Corral, el capitán Juan Manuel Escamilla León, usaba tarjetas de débito con fondos de 200 mil pesos mensuales para gustos personales.

Escamilla pagaba con ese dinero público cafés de Starbucks por cerca de 500 pesos al día, comidas en restaurantes por más de 9 mil pesos, hacía compras en dólares y pagaba suscripciones para el celular y noches en hoteles de lujo.

Un reporte oficial de la Secretaría de Hacienda en poder de El Diario establece los saldos al 17 de febrero de 2020 de las tarjetas de débito empresariales que se manejan, asignadas al despacho del gobernador y al jefe de su guardia privada.

A Corral Jurado, indica, se le tenía asignada la cuenta de BBVA 2699823069 a nombre de la Secretaría de Hacienda, con un límite de 100 mil pesos; además de otra Santander también para su uso personal con fondos por 150 mil.

Durante su administración, el exmandatario y dos de sus auxiliares dispusieron de gastos mediante tarjetas de débito empresariales, de los bancos Santander y BBVA, de hasta 630 mil pesos de viáticos al mes para pagar consumos en restaurantes, cafés, hoteles y cantinas.

Sólo por “aportar ideas brillantes al Gobierno” y sin restricciones, su excoordinador de Gabinete, Jesús Mesta Fitzmaurice, gastó 360 mil pesos durante 10 meses en viajes al extranjero, principalmente Francia, China y Corea del Sur.

Un reporte oficial de la Secretaría de Hacienda muestra cómo el gobierno de Corral triplicó el gasto en viajes de comisiones de trabajo: de 8 millones de pesos que ejerció en viáticos en 2016, gastó 26 millones en 2017, lo cual justificó en más de 15 mil comisiones de trabajo.

Mesta Fitzmaurice reportó en los primeros ocho meses de 2019, siendo subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico, en 96 días de comisiones, un promedio de 6 mil pesos al día. 

La austeridad no existía para el funcionario de “las ideas brillantes”, quien tan sólo hasta agosto de ese año hizo 29 viajes, ocho de ellos internacionales, con un gasto equivalente a 572 mil 173 pesos, en destinos como Nueva Orleans, París, Madrid y Seúl. 

“No podemos andar con pequeñeces”, argumentaba Mesta ante los cuestionamientos por comer en restaurantes caros y hasta pagar películas en la habitación de los hoteles con cargo a la tarjeta de la Tesorería.

Viaticada para todos

Los datos oficiales establecen que en los primeros nueve meses de 2021 el Gobierno corralista reportó 844 millones de pesos ejercidos en viáticos, asesorías, gasolina, publicidad oficial, computadoras y hasta vehículos último modelo para funcionarios de primer nivel.

Esta cantidad representa hasta el 63 por ciento de lo que la administración necesitaba para pagar aguinaldos de ese año a médicos y enfermeras, maestros y personal burocrático, por más de mil 325 millones 342 mil pesos.

Sólo entre servicios de traslado y viáticos, que representaron un gasto superior a los 132 millones 993 mil pesos entre enero y septiembre de ese año; y asesorías, cuya erogación sobrepasó los 257 millones 480 mil pesos durante el mismo lapso, el Gobierno del Estado erogó 390 millones 473 mil pesos, indican los informes consultables en la página de Transparencia Fiscal de la Secretaría de Hacienda.

Pagó también otros 120 millones 662 mil pesos en publicidad oficial a medios del estado, adicionales a 120 millones pesos que se fueron en “servicios oficiales”, que representan las asignaciones destinadas a cubrir los servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias oficiales, así como los gastos de representación y los necesarios para las oficinas establecidas en el exterior.

Hasta la limpieza de su casa

Corral no pagaba ni de su bolsa la limpieza de su casa, indica un reportaje exhibido por El Diario el 27 de agosto de 2021.

El reporte de transparencia con número de folio 157792021 ubicaba a Silvia Mijares Zúñiga como “operadora de computadora de la Secretaría Particular del despacho del gobernador” con un sueldo tabular mensual de 10 mil 201 pesos.

Ella ingresó a esa nómina el 1 de noviembre de 2018 y para el 5 de julio de 2021 su plaza seguía vigente. Sin embargo, esta mujer, en realidad, era el ama de llaves de su casa en Juárez.

“Silvia Mijares es una señora humilde y trabajadora, que se gana la vida siendo la trabajadora doméstica de Leticia Corral Jurado”, denunció el 26 de agosto del año pasado su compañero de partido, el panista José Márquez Puentes.

“La señora Silvia es la que limpia las dos casas, la ubicada en la calle Costa Rica e Ignacio de la Peña de la colonia Partido Romero, propiedad del gobernador, más la de Leticia ubicada en Rincones de San Marcos”, señaló.

Su hermana con escolta y sus amigas aviadoras

Como Silvia, también estaba en la nómina pública la esposa del regidor Enrique Torres, Diana Guadalupe Veloz Carbajal, con plaza de “asesor técnico” en la Coordinación de Asesores y Proyectos Especiales, y un salario libre mensual de 34 mil 660 pesos.

Y no tendría nada de malo, salvo que “es amiga incondicional de Leticia Corral”, según Márquez Puentes.

“Lo que es grave y totalmente corrupto, es que trabaja para el IMSS desde el 17 de septiembre de 2010 y hasta el día de hoy, en el órgano de operación administrativa desconcentrada en Ciudad Juárez con clave 0123, con un horario de trabajo de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas”, reveló el panista, quien citó fuentes oficiales de Transparencia.

En esa misma dependencia es donde se contrató al excoordinador de Comunicación Social, Antonio Pinedo Cornejo, desde el 29 de noviembre de 2019 hasta enero de 2021, a pesar de tener denuncias y causas penales en su contra por delitos de corrupción.

La misma hermana del exjefe del Ejecutivo tenía escolta con cargo al erario, siendo ésta Aurora Vaquera Horta, agente de la Fiscalía, además de una Suburban con placas EMS2771.

A pesar de que en una primera instancia la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal trataron de ocultarlo a través de requisiciones de transparencia, El Diario constató con fotografías que Leticia Corral, quien extraoficialmente era llamada la “vicegobernadora”, gozaba de seguridad con cargo a recursos estatales.

En el caso de juicio político que fue solicitado por el abogado Gerardo Cortinas Murra, se hace mención de que Corral Jurado fue totalmente omiso en dar cumplimiento a sus propias medidas de austeridad y racionamiento del gasto público. Indica que fue también omiso en promover las acciones necesarias para reducir los estratosféricos salarios de la alta burocracia estatal, así como para optimizar y racionar los gastos de la Administración Pública Estatal.

Además de ser omiso en presentar iniciativas de ley tendientes a reducir el financiamiento público de los partidos políticos y la reducción de plazas de la Administración Pública.

Cortinas Murra se basa en estas aseveraciones: 

1. La omisión de concluir la compraventa de la “Casa de Gobierno” y la oficina alterna del gobernador del Estado; así como diversos inmuebles propiedad de la administración estatal.

2. La omisión de concluir la compraventa de la flota aérea propiedad del Gobierno del Estado, la que registró más de mil horas de vuelo.

3. La omisión de concluir el procedimiento de subasta pública de 500 vehículos propiedad del Gobierno del Estado. 

4. El incumplimiento de la prohibición para que los funcionarios públicos viajaran en primera clase en vuelos comerciales.

5. El incumplimiento de la prohibición en vuelos comerciales realizados por el titular del Poder Ejecutivo –fuera del Estado– para eventos ajenos por completo a las funciones del gobierno estatal. 

6. El gasto excesivo erogado por los siguientes conceptos: combustible y mantenimiento de la flotilla aérea del Gobierno del Estado; así como también el pago por los servicios de los pilotos contratados.

7. La nula implementación de medidas de austeridad tendientes a reducir el sueldo de los altos funcionarios de gobierno

El juicio político promovido por el abogado resulta procedente en los términos de los artículos 178 y 181 de la Constitución Política del Estado; y de los artículos 5, 6, 9 y 10 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

En el caso concreto, agrega, los hechos y omisiones cometidos por el exservidor público denunciado generó un grave daño al erario estatal, toda vez que el incumplimiento del acuerdo de austeridad trajo consigo un grave perjuicio al erario estatal en el ámbito de la Administración Pública Estatal, durante el mandato de Corral, ante la imposibilidad de obtener un ahorro millonario, añade.

Finalmente pide que se inhabilite por diez años para ocupar cargos en el servicio público, según lo dicta la ley.

En el despilfarro

19 de enero de 2017

Firmó Corral el acuerdo de austeridad, a pesar de eso:

Viajó sin restricción

*Casi 1,000 horas de vuelo en la flota aérea del Gobierno del Estado, en la que se paseó por el país con amigos, familiares y hasta con su perro

*28 mdp en mantenimiento y gastos de operación de la flotilla aérea de octubre de 2016 a marzo 2019, según cifras oficiales … aunque cálculos extraoficiales señalan hasta 60 millones de pesos

                                                       Corral en un banco de medicamentos caducos

El acuerdo de austeridad dictaba lo siguiente:

“Por tal razón, el Presupuesto de Egresos proyectado para el 2017 contuvo el firme compromiso de establecer un plan de austeridad que nos asegure lograr una estabilidad presupuestaria, y por otro lado, la eliminación gradual del déficit de más de $8,000 millones de pesos con el que se dio inicio a la presente administración. 

Para lograrlo, es necesario el establecimiento de mecanismos de control, evaluación y seguimiento como medidas de disciplina en el ejercicio presupuestal, para administrar los recursos de manera óptima a fin de generar economías y promover la participación ciudadana en la planeación y desarrollo de los programas gubernamentales, así como en la vigilancia de la asignación y uso de recursos públicos”.

Mientras que su código de ética pedía asumir un papel proactivo en la generación de una nueva clase de servidores públicos.

Según el exgobernador, su plan lograría ahorros significativos que permitirían inversión en proyectos productivos, rescate del campo, apoyo a pequeños y medianos empresarios.

Así como el fortalecimiento en distintas áreas como desarrollo social, salud, seguridad y educación.