Fraude de Aras: sin freno y cada vez más turbio

Chihuahua.— El caso de la empresa promotora de inversiones Aras Business Group, lejos de resolverse, se ha vuelto más turbio, luego de que se revelara que la firma se trasladó a Panamá para constituir una nueva “Sociedad de Responsabilidad Limitada” desde el 18 de febrero pasado, y que además cuenta con un lujoso departamento en el exclusivo edificio “Ph Waterview” San Francisco de ese país, cuyo valor en el mercado inmobiliario oscila entre los 150 mil y 220 mil dólares.

La empresa se colocó en el ojo del huracán el 21 de septiembre, cuando se dio a conocer que el CEO, Armando Gutiérrez Rosas, tenía al menos 9 días desaparecido. 

Esto provocó que muchos de los inversionistas que colocaron su dinero en la empresa para generar rendimientos, denunciaran que no habían recibido sus pagos, y muchos otros comenzaron a temer por su capital. 

Sin embargo, horas más tarde, el propio Gutiérrez Rosas salió a la luz pública para negar que estuviera ausente y envió un mensaje de calma a los clientes. 

En esa ocasión, explicó que Aras tuvo su origen en la inversión minera, lo que le permitió adquirir derechos para la extracción de metales. Apuntó también que los buenos resultados que obtuvieron de las minas les abrieron las puertas a los bienes raíces y que actualmente Aras ya estaban consolidada como una Sociedad Promotora de Inversión de Capital Variable (SAPI) con una base de 15 mil inversionistas y 18 sedes distribuidas en México y en los Estados Unidos. 

Pese a este mensaje, en el que el CEO garantizaba la solidez de la firma y que los recursos de los inversionistas estaban garantizados, los clientes siguieron manifestando que no se les habían pagado sus rendimientos conforme a los establecido en los contratos, ni tampoco se les regresaba su capital. 

Las quejas constantes provocaron asesores de Aras tuvieran que salir nuevamente a dar explicaciones. Señalaron que el retraso en el pago de rendimientos a sus asociados se debió a una inversión fallida en La Morita de Ascensión, pero que ya se había logrado la reactivación de los trabajos en dicho yacimiento. 

Mina, fuente de pago

Incluso, la empresa ofreció a los afectados firmar un contrato accesorio de garantía en el que colocaban a esta mina como fuente de pago dentro de seis meses. Es decir, quienes accedieran a este acuerdo, aceptarían que la firma no les entregara los rendimientos en medio año con la promesa de que los recursos generados por La Morita servirían para cubrir el adeudo. 

El 17 de noviembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordenó a la firma suspender la promoción de captación de ahorros del público en general, debido a que esta empresa no tiene la autorización para hacerlo por no ser una organización perteneciente al sistema financiero. Sin embargo, esta amonestación no se tradujo en reparación del daño para los afectados que invirtieron sumas millonarias en la SAPI.

Un nuevo vuelco en la historia se dio el 2 de diciembre, cuando El Diario informó que Armando Gutiérrez vendió sus acciones dentro de la consultora en colocación de capital desde el 5 de abril de 2021, generando más incertidumbre. 

Este 29 de diciembre, en vísperas de terminar el 2021, el Ministerio Público local, cumple 57 días recibiendo querellas. Al corte de ayer, sumaban 2 mil 624 en todo el estado sin que ninguna haya sido judicializada. 

El primer caso se presentó el 3 de noviembre en la Fiscalía de Distrito Zona Centro. Desde entonces, las denuncias comenzaron a aumentar rápidamente, no sólo en la capital, sino en otros municipios. Por ejemplo, el 29 de noviembre, un grupo de cerca de 200 personas procedentes de Cuauhtémoc, Delicias, Parral se congregó en la capital para presentar sus demandas.

El 7 de diciembre, más de una decena de afectados se reunió con el fiscal estatal, Roberto Fierro Duarte; el de la Zona Centro, Carlos Mario Jiménez Holguín, y el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, donde el titular de la FGE aseguró que ya habían solicitado información a la CNBV para robustecer las investigaciones. 

En el encuentro, las partes acordaron disponer de más de 130 agentes del Ministerio Público, adscritos a diversas unidades, y crear un formato especial para atenderlos entre el viernes 10 y el domingo 12 de diciembre. Ese fin de semana se radicaron 587 querellas tramitadas en no más de 15 minutos, tan sólo en la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

Aseguran bienes 

La FGE ha asegurado 69 bienes en dos momentos diferentes, uno el 26 de noviembre, cuando se resguardaron 53, y otro el 3 de diciembre, que sumó 16 inmuebles más. El 4 de diciembre se incautó un millón 532 mil 500 pesos en uno de los locales de la empresa. El fiscal Jiménez Holguín subrayó que estos embargos están vigentes.

El lunes 20 de diciembre, Aras comunicó que mantiene la atención a sus clientes y que había empezado a pagar a algunos de los inversores. Ese mismo día, el fiscal general aseguró que las denuncias debían ser presentadas ante los jueces antes de que terminara el año; dos días después manifestó que no se tiene fecha determinada para hacerlo. 

Por su parte, Carlos Mario Jiménez Holguín, indicó que podrían desistirse de las investigaciones contra la empresa si en realidad lograra llegar a acuerdos reparatorios con todas las personas que han presentado querellas. 

Ante la complejidad del caso y la gran cantidad de víctimas, la diputada María Antonieta Pérez, en coordinación con la Defensoría Pública, comenzó a recibir denuncias de afectados en Chihuahua y Ciudad Juárez desde el domingo 5 de diciembre, para conformar una demanda colectiva. 

La semana pasada la legisladora indicó que los mil 800 expedientes de personas defraudadas que se han sumado a esta demanda colectiva, ya superan los 400 millones de pesos de desfalco; la legisladora añadió que la cifra total acumulada por la empresa sería mayor tomando en cuenta que se habla de 40 mil afectados en México, Estados Unidos y otros países.

Demandas civiles y mercantiles

En materia judicial, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) también comenzó a recibir demandas mercantiles y civiles contra la firma. Al 17 de diciembre, fecha en que inició el período vacacional, el Poder Judicial recibió 431 demandas que comenzaron a ser turnadas a los 12 juzgados de la capital, conforme fueron llegando, en el término de 3 días que marca la ley procesal, según explicó la magistrada presidente, Myriam Victoria Hernández Acosta.

La titular del TSJ subrayó que, de ser necesario, se abrirían más juzgados, incluso auxiliares, así como una ventanilla única para que los ciudadanos puedan presentar sus documentos. 

Puntualizó que los escritos radicados en los juzgados se encuentran en una fase precautoria, es decir, no se ha formalizado ninguna contienda, pues las partes irán presentado sus pruebas y construyendo su asunto conforme lo marcan las etapas procesales. 

Avalancha de quejas 

El 25 de diciembre, El Diario evidenció que siete meses antes de entrar en crisis financiera en Chihuahua, directivos de Aras se trasladaron y constituyeron una nueva sociedad con capital de 10 mil dólares en Panamá. 

Aparece como presidente Jorge Mario Valdez Flores, como tesorero está Luis Carlos Salazar Rojas y como secretario aparece Luis Alberto Ramírez Amaya. Los tres directivos inscribieron como domicilio un mismo apartamento de lujo, valuado entre los 150 mil y 220 mil dólares y que cuenta con alberca, jacuzzi, gimnasios y otras comodidades. 

Estos hechos generaron que la misma diputada María Antonieta Pérez, pidiera que las autoridades mexicanas acudieran ante la Interpol para evitar más fraudes por parte de la empresa. 

Al respecto, el fiscal Roberto Fierro indicó que para que alguna autoridad de orden internacional dé seguimiento a un asunto, debe existir primero una petición por parte del Gobierno Federal, pues las autoridades locales no tienen competencia para hacer estas solicitudes. 

Protestas

Ayer, decenas de afectados se manifestaron frente al Congreso del Estado, hasta donde acudió una representación de la Fiscalía Zona Centro para atenderlos, sin embargo, el acercamiento se rompió luego de que las autoridades les negaran acceso a los detalles de la investigación. 

Los manifestantes se trasladaron frente a Palacio de Gobierno donde acordaron convertir estas protestas en un movimiento de resistencia civil pacífica ante la inacción de las autoridades, que no han logrado llevar ante los tribunales a los responsables del quebranto que sufrieron. 

Pese a que los fiscales mantienen su postura de que existen importantes avances en las investigaciones y que se mantendrá el contacto con las víctimas, el tiempo sigue su curso y los miles de chihuahuenses que invirtieron, temen que su patrimonio pueda perderse definitivamente. 

El recuento

• El 21 de septiembre se da a conocer que el CEO de Aras, Armando Gutiérrez Rosas, tenía al menos 9 días desaparecido; los inversionistas empiezan a denunciar que no han recibido sus pagos

• Ese mismo día pero horas más tarde, el propio Gutiérrez Rosas envía un mensaje de calma a los clientes  

• El 17 de noviembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores  ordena a la firma suspender la promoción de captación de ahorros del público en general

• El 2 de diciembre, El Diario informa que Armando Gutiérrez vendió sus acciones dentro de la consultora desde el 5 de abril de 2021, generando más incertidumbre 

• Se presenta la primera denuncia contra Aras el 3 de noviembre en la Fiscalía de Distrito Zona Centro; para el 29 de noviembre, un grupo de cerca de 200 personas procedentes de Cuauhtémoc, Delicias, Parral se congregó en la capital para presentar sus demandas 

 • La FGE asegura 69 bienes en dos fechas, una el 26 de noviembre, cuando se resguardaron 53, y otra el 3 de diciembre, que sumó 16 inmuebles más

• Ante la complejidad del caso y la gran cantidad de víctimas, la diputada María Antonieta Pérez, en coordinación con la Defensoría Pública, comienza a recibir denuncias de afectados en Chihuahua y Ciudad Juárez  

Huyen a Panamá

• El 25 de diciembre, El Diario evidenció que siete meses antes de entrar en crisis financiera en Chihuahua, directivos de Aras se trasladaron y constituyeron una nueva sociedad con capital de 10 mil dólares en Panamá 

• De directivos aparecen Jorge Mario Valdez Flores como presidente, Luis Carlos Salazar Rojas como tesorero y Luis Alberto Ramírez Amaya como secretario  

• Los tres directivos inscribieron como domicilio un mismo apartamento de lujo, valuado entre los 150 mil y 220 mil dólares y que cuenta con alberca, jacuzzi, gimnasios y otras comodidades