Extranjeros, implicados en trata de personas

Al menos cuatro casos de personas originarias de Honduras y una más de Venezuela han estado implicados en el delito de trata de personas, de los cuales al menos uno logró evadir a la justicia mexicana, según consta en los archivos de la Fiscalía General del Estado. 

El caso más reciente fue el caso de Javier Jesús A. M., de 33 años de edad, originario de Venezuela, vinculado a proceso por el delito de trata de personas en la modalidad de producción, almacenamiento y comercialización de material prohibido. 

El pasado 28 de junio de 2020, agentes de Investigación de la Unidad de Trata de la Fiscalía Especializada de la Mujer Zona Norte detuvieron en flagrancia al inculpado en el momento en que negociaba la venta dentro de un hotel ubicado en la colonia Monumental en Ciudad Juárez Chihuahua. 

En la acción policial se le aseguraron dos teléfonos celulares que se analizaron y se presentaron ante el juez de Control como parte de la evidencia en este caso; además, los datos de prueba establecen que el ahora vinculado se grabó con su celular teniendo relaciones con un niño sin identificar y almacenó el material para comercializarlo por 700 pesos. 

Al venezolano se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva con una duración de dos años y se fijó un plazo de tres meses para el desarrollo de las investigaciones complementarias para recabar más elementos de prueba. 

Las indagatorias realizadas hasta el momento indican que el imputado pudo haber ofrecido el video a más personas, por lo que se invita a las personas que lo reconozcan para que acudan a denunciarlo ante el Ministerio Público. 

Otro de los casos es el del niño David Jaziel Báez Mejía, de 9 años de edad, quien desapareció el pasado 26 de junio en el estado de Coahuila, aunque se cuenta con datos que señalan que pudiera encontrarse en el estado de Chihuahua, informaron de la Fiscalía General del Estado. 

La información proporcionada por autoridades de Coahuila indica que el niño se encuentra en compañía de una mujer de origen hondureño y sus hijos, por lo que se considera que la integridad del menor pudiera encontrarse en riesgo, señalaron de la dependencia estatal.

El año pasado, el 10 de mayo, el hondureño Wilson Lenin Pacheco Barrera había convencido a la niña Rubí de irse con él; la búsqueda duró más de tres semanas, hasta que el 5 de junio lograron ubicarlos en la comunidad de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, que está en el límite de México con Guatemala. 

El centroamericado trató de llevarse a la menor a su país de origen, sin embargo fueron descubiertos por las autoridades federales y de Inmigración en la garita El Ceibo, por lo cual este huyó a Guatemala dejando en el lugar a la niña, quien fue finalmente rescatada tras pasar 26 días ausente. 

Se había señalado que la menor y Wilson viajaban a través de la red ferroviaria del país y estuvieron quedándose en casas del Migrante en distintas entidades de México. Asimismo información proporcionada por la unidad de transparencia de la Fiscalía General del Estado en su número FGE-4C.5/1/2/166-2020, da a conocer que el pasado 7 de septiembre de 2017 en la ciudad de Chihuahua fueron detenidos dos hombres de origen hondureños por el delito de trata de personas. 

VAN 157 VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN 

En la actual administración estatal se han registrado al menos 157 víctimas por trata de personas, el 78 por ciento son mujeres con 123, un total de 30 fueron varones, mientras que en 4 casos no se especifica el sexo, información presentada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp). 

Lo anterior, desde el mes de octubre de 2016 al 31 de mayo de 2020, en los primeros 5 meses de este año se han registrado un total de 9 víctimas de trata de personas, seis menores de edad (5 mujeres y 1 hombre), una mujer adulto y dos casos donde no se determina la identificación. 

El año pasado (2019) el estado de Chihuahua se ubicó en segundo lugar por este delito de, ya que se registraron 77 casos, lo que significa el 12 por ciento nacional, información presentada por Secretariado Ejecutivo. 

La ciudad de México fue el primer lugar por trata de personas con 211 víctimas de este delito, según los registros de la autoridad federal, lo que significa el 32.76 por ciento del total nacional, ya se reportaron 644 víctimas en el 2019. 

En este sentido la cantidad de víctimas por trata de personas en la entidad, subió en un 140 por ciento en el último año, ya que en el 2018 el registro de víctimas fueron 32 y al cierre del año pasado la cantidad llegó a por lo menos 77 personas. 

En el 2019 hubo 59 mujeres víctimas por el delito de trata de personas, 25 de ellas eran menores de 18 años de edad; en cuanto a hombres se registraron un total de 16 víctimas, 5 menores entre 0 y 17 años de edad; asimismo se tienen dos casos más donde no se identificó el sexo. 

Cabe señalar que la trata de personas está contemplado como delito federal, por lo cual la Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos establece en su artículo 10 que toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes. 

Además el artículo 22, menciona que será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa, quien tenga o mantenga a una persona en trabajos forzados. En este sentido se establece que hay trabajo forzado cuando el mismo se obtiene mediante el uso de la fuerza, la amenaza de la fuerza, coerción física, o amenazas de coerción física a esa persona o a otra persona, o bien utilizando la fuerza o la amenaza de la fuerza de una organización criminal.

Daño grave o amenaza de daño grave a esa persona que la ponga en condiciones de vulnerabilidad; y/o el abuso o amenaza de la denuncia ante las autoridades de su situación migratoria irregular en el país o de cualquier otro abuso en la utilización de la ley o proceso legal, que provoca que el sujeto pasivo se someta a condiciones injustas o que atenten contra su dignidad.