Estiman cárcel de 4 a 12 años vs corralista

Chihuahua— Una penalidad de entre 4 y 12 años de prisión enfrenta Arturo F. V., exsecretario de Hacienda en la administración de Javier Corral Jurado, luego de que un juez de Control liberó una orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en el desvío de 98 millones 600 mil pesos mediante la contratación irregular de servicios de asesoría financiera para realizar la reestructura de deuda a largo plazo, entre 2019 y 2020. 

En rueda de prensa el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, dio a conocer que dicha orden de aprehensión deriva de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en enero del presente año, en la cual se exhiben los resultados de una auditoría forense realizada a la Cuenta Pública 2021. 

De dicha revisión del órgano fiscalizador se desprende que el imputado, actuando como representante del Gobierno estatal, en su calidad de fideicomitente dentro del Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago, número 851-01869, realizó diversos actos concatenados entre sí, llevados a cabo con la intención de dar apariencia de legalidad, los cuales constituyen el medio comisivo para realizar una serie de pagos ilegales con cargo a fondos públicos que tenía a su cargo.

De ahí distrajo del erario, sin estar autorizado para ello, dos pagos por las cantidades de 49 millones 300 mil pesos cada uno, realizados los días 3 de diciembre de 2019 y 5 de agosto de 2020, en favor del despacho “López-Elías Finanzas Públicas”.

La ASE, en su informe, señaló que dicha firma no estaba inscrita dentro del padrón de proveedores del Gobierno del Estado, durante el quinquenio de Javier Corral; asimismo existieron violaciones a todos los procedimientos de adjudicación de dicho contrato, entre ellas: falta de suficiencia presupuestal, del dictamen de excepción y procedimiento que acreditara la necesidad de la contratación de los servicios de esa firma, falta de entrega de garantía de cumplimiento, así como de investigación de mercado.

El fiscal Anticorrupción explicó que, aunque de la acusación inicial formulada por la ASE se desprendía la posible comisión del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, durante la investigación realizada por el Ministerio Público se encontraron elementos para presumir la existencia del delito de peculado agravado, el cual tiene una penalidad mucho más severa. 

En ese tenor, Abelardo Valenzuela detalló que el artículo 270 del Código Penal del Estado establece que se impondrá prisión de 4 a 12 años y de 500 a 2 mil días multa, al servidor público que disponga o distraiga de su objeto, dinero, valores, inmuebles o cualquier otra cosa, si los hubiere recibido por razón de su cargo, de igual manera cuando el monto o valor exceda de 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). 

Ante los medios de prueba recabados y el riesgo de que el imputado pudiera evadirse de la acción de la justicia fue que, en enero pasado, el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión al juez, misma que fue obsequiada. 

Sin embargo, Arturo F. V. tramitó un amparo ante la justicia federal, en el cual al otorgarse le ordena comparecer ante los tribunales locales en los próximos tres días hábiles contados desde ayer.

Textualmente, Valenzuela Holguín dijo: “En observancia al debido proceso, a nuestra Carta Magna y en particular al artículo 16 constitucional se integró una carpeta robusta con todos los elementos técnicos legales de la probable comisión de un delito agravado, y en base al cargo público que ostentaba el hoy imputado, la naturaleza pública y monto del recurso económico distraído, así como la mecánica de cómo se desarrollaron los hechos, aunado a la facilidad del ex servidor público de entrar y salir del país, pues además, no sólo cuenta con los medios económicos para hacerlo, sino además, que cuenta con un domicilio en el extranjero.

“Por último y no menos importante, el imputado (Arturo F. V.)  no ha afrontado su responsabilidad de rendir cuentas ante la autoridad, es que esta Fiscalía solicitó la orden de aprehensión sustentando en ella y en todo momento la necesidad de la cautela contemplada en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, señaló.

Estuvieron en la rueda de prensa el vicefiscal Anticorrupción Gabriel Ruiz Gámez, así como el director de la Policía de Investigación de dicha Fiscalía, Ramón Domínguez Perea.

El exsecretario de Hacienda Arturo F. V. sostuvo por medio de su cuenta en redes sociales que trató de aportar elementos tanto a la Auditoría Superior del Estado como a las fiscalías, tanto a la General como a la Anticorrupción, pero que nunca le fue permitido.

A través de dicha publicación negó “categóricamente que se haya realizado un pago indebido al despacho en cuestión, al estar plenamente acreditado y sustentado el trabajo realizado en miles de documentos y comunicaciones electrónicas”. 

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