Es igual de dañino el Plan B electoral de Amlo: Coparmex

Chihuahua, Chih.- Aunque no se aprobó la reforma constitucional en materia electoral, la aprobación del Plan B propuesto por el presidente Andrés Manuel López, puede ser un daño severo a la democracia en México.

Lo anterior lo señaló en rueda de prensa, el presidente de la Coparmex, Salvador Carrejo, quien precisó que si bien se esperaba el sentido del voto de los legisladores oficialistas de Morena y sus aliados, de manera fast track de un documento de mas de 300 páginas sin un análisis, hace ver que no hay división de poderes y la Cámara de Diputados se ve como una oficina de partes del Ejecutivo, que aprueba todo lo que le manda el Ejecutivo.

Acompañado de Gil Sánchez, presidente de la Comisión de Estado de Derecho y Democracia, así como de Miguel Barragán, de la Mesa de Democracia y el director René Nava, dijo que hay un mayor acercamiento al autoritarismo del que todos rechazan.

Reconoció el rechazo de legisladores a la reforma constitucional, acorde a la demanda ciudadana manifestada el pasado 13 de noviembre.

En torno a los puntos graves de este Plan B, manifestaron cosas como el que se destruye la autonomía técnica y financiera del INE, destituye al secretario ejecutivo del INE, actualmente nombrado por varios años.

También el que se establece que el Tribunal Electoral solo podrá aplicar sanciones de estricto derecho, con lo cual no puede haber interpretaciones. Esto atenta contra los derechos de acceso e impartición de justicia.

También se modifica los procedimientos ordinarios sancionadores y el especial sancionador por parte del Tribunal Electoral.

Cuestionaron que se da al CONACYT la responsabilidad del desarrollo del método de voto electrónico, a pesar de carecer de infraestructura o experiencia en materia informática o electoral.

Permite a los servidores públicos realizar actividades de campaña y precampaña pues atenúa las sanciones y desnaturaliza el concepto de “actos anticipados”, agregaron.

Indicaron que el Plan B extingue los fideicomisos de pasivo laboral e inmobiliario del INE, cuyos remanentes deberán entregarse a la Tesorería Federal, vulnerando la autonomía financiera del Instituto y los derechos laborales de los trabajadores.

Asimismo, se elimina el secreto bancario para que una Dirección de Fiscalización tenga acceso a registros bancarios de personas físicas y morales en un periodo de cinco días, lo cual representa un riesgo para los datos personales, concluyeron.