Enfrentan disturbios del 8-M a diputados

Chihuahua— Tras los daños provocados durante la marcha del 8-M a varios edificios e instalaciones públicas y privadas, los integrantes de las distintas bancadas del Congreso del Estado se enfrascaron en una discusión en la que el PAN y el PRI acusaron a Morena de haber llevado infiltrados a la protesta para provocar un ambiente de inestabilidad en el Gobierno estatal. 

Previamente, Gabriel Díaz, presidente estatal del PAN, había acusado que hombres y mujeres con acento del centro del país, y presuntamente originarios de la Ciudad de México, encabezaron los destrozos de edificios públicos, negocios privados y mobiliarios urbanos.

Se refirió de manera específica al llamado “bloque negro” que participó e incitó a la quema del Palacio de Gobierno. “Qué casualidad que eran los únicos encapuchados, y tenían acento del centro”, dijo.

Previo a la sesión de ayer, el coordinador de los diputados de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, calificó de irresponsables, irrespetuosas y carentes de conocimiento objetivo alguno las declaraciones de su homólogo panista Alfredo Chávez Madrid, quien responsabilizó a Morena de orquestar los destrozos en Palacio de Gobierno, Presidencia municipal, Congreso y medios de comunicación.

Chávez insistió que un grupo de encapuchados y encapuchadas llegó a la marcha desde la Ciudad de México con la consigna de generar violencia. Aseguró que este grupo, integrado en su mayoría por hombres, llevaba bombas molotov y una logística definida. 

“En Chihuahua no estamos acostumbrados a este tipo de marchas, la verdad es que se infiltraron encapuchados y la responsabilidad la tiene que tomar ese partido por los actos radicales… unos cuantos radicales de un partido político manchan lo que cientos de mujeres, con todo el derecho, piden a través de la marcha, para desestabilizar un gobierno”, manifestó Chávez Madrid. 

Estrada Sotelo cuestionó la falta de seguridad por parte de las administraciones estatal y municipal, porque, a su criterio, la autoridad preventiva tiene la obligación de evitar y prevenir daños a terceros y a las propias manifestantes.

“¿Quién gobierna en el estado de Chihuahua, quién gobierna en el municipio? ¿Qué actos preventivos realizaron la autoridad municipal y estatal para prever la violencia durante la marcha? ¿Qué actividades desarrolló la autoridad preventiva? De eso no escucho al presidente del PAN hablar”, declaró el diputado morenista. 

Invitó al líder de la fracción del PAN a presentar las denuncias correspondientes, de tener evidencias con relación a que Morena está detrás de los destrozos, y mencionó también que desde Palacio de Gobierno activaron extintores y lanzaron bombas de gas a las manifestantes para intentar replegarlas, lo que luego derivó en que éstas prendieran fuego a las ventanas de madera del edificio. 

“Qué bueno que no tenían granadas”, reviró el morenista, quien insistió en la responsabilidad preventiva que sí se aplicó en otras entidades como la Ciudad de México, en donde se colocaron vallas metálicas y se comisionó a un grupo de mujeres policías para intervenir en caso de emergencias, amenazas o lesiones. 

En la tribuna legislativa, diputadas del PAN y Morena también discutieron por los señalamientos y acusaciones. Las diputadas María Antonieta Pérez, Leticia Ortega, América García y Magdalena Rentería negaban que Morena fuera causante de la situación del pasado miércoles, y acusaban a las panistas Rosa Isela Martínez, Yesenia Reyes y Diana Pereda de supuesta falta de apoyo a los movimientos feministas. 

Por su parte, las legisladoras de Acción Nacional manifestaban una postura de apoyo a los reclamos históricos de las mujeres. El discurso se tornó repetitivo en tribuna y por momentos el diputado Edgar Piñón, del PRI, quien dirigía la sesión, tuvo que llamar al orden. 

Independiente de las posturas de las bancadas, en la realidad de la legislación local se carece de adecuaciones al Código Penal para casos básicos como tentativas de feminicidio y armonización con leyes generales para establecer agravantes en casos particulares de ataques hacia mujeres, mientras que en la legislación federal también deben realizar ajustes que impidan amparos y garantías para violentadores de género.