Detenidos en protesta podrían pasar hasta 42 años de cárcel

Chihuahua– Hasta 42 años de cárcel es la pena que podrían recibir los tres agricultores de La Cruz, Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Carlos Rivera Márquez, de ser procesados y sentenciados por los delitos de que los acusó la Guardia Nacional ante el juez federal Nestor Pedroza Sotelo.

Gerardo Navarrete, abogado de los tres imputados, indicó que ya están preparando la siguiente acción de defensa, luego de que el pasado miércoles el juez de Distrito con sede en el Centro de Justicia Penal federal, Néstor Enrique Pedraza Sotelo, los vinculó a proceso por el delito de acopio y posesión de cartuchos, así como uniformes de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Los tres hombres de entre 37 y 39 años de edad fueron detenidos el pasado 8 de septiembre por elementos de la Guardia Nacional en el conflicto por la defensa del agua en la presa “La Boquilla”.

El abogado indicó que en el caso del delito de acopio de armas, las penas van de los 5 a los 30 años de cárcel.

Por el delito de posesión de armas y cartuchos las penas llegan hasta los seis años.

Y en el caso de uso de uniformes de las fuerzas armadas las penas también ascienden a los seis años de cárcel.

El abogado insistió en que los delitos por los cuales se acusa a sus representados no ameritan la prisión preventiva.

Lo anterior porque las evidencias aseguradas, como las 18 latas de gas lacrimógeno y un cargador de 31 cartuchos útiles, fueron dentro de una manifestación multitudinaria por la defensa del agua en la presa La Boquilla. 

Expresó que el juez dictó la prisión preventiva por un supuesto riesgo a la comunidad y el riesgo de sustracción de la acción de la justicia.

En la audiencia del pasado miércoles dentro de la causa penal federal 186/2020, en las instalaciones de la sede del Poder Judicial Federal en la avenida Washington y Mirador, se evidenciaron graves irregularidades en el proceso judicial.

Por lo anterior los tres acusados regresaron al Cereso número Uno de Aquiles Serdán.

El abogado defensor cuestionó públicamente al concluir la diligencia, la resolución del juez Pedraza Sotelo, debido a que tomó por cierto y como “armas letales” un total de 18 latas de gas lacrimógeno con la leyenda inscrita “CM Riot Control CS Defense Tecnology”, que presuntamente –a decir de la versión de la Guardia Nacional–, traían los acusados al momento de ser detenidos en la zona del conflicto,  mismas de las que supuestamente se habían apoderado ilegalmente luego de la recuperación por parte de los campesinos de la presa “La Boquilla” en San Francisco de Conchos.