Diario
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El Paso
jueves, 15 febrero 2024 | 09:49
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Los abogados de la administración de Biden y de Texas se enfrentarán este jueves en una corte federal en Austin para argumentar si una nueva ley estatal que permitiría a la policía arrestar a personas sospechosas de cruzar la frontera entre Texas y México ilegalmente debería entrar en vigor el próximo mes.
La Ley del Senado 4, que el gobernador Greg Abbott firmó en diciembre, es el último intento de Texas de disuadir a las personas de cruzar el Río Grande después de varios años de cifras históricas de migrantes llegando a la frontera entre Texas y México.
La ley convierte en un delito grave (felonía) de Clase B cruzar la frontera ilegalmente, con una pena de hasta seis meses de cárcel. Los reincidentes podrían enfrentar un delito grave de segundo grado con una pena de dos a 20 años de prisión. La ley también requiere que los jueces estatales ordenen el regreso de los migrantes a México si son condenados; las fuerzas del orden locales serían responsables de transportar a los migrantes a la frontera. Un juez podría retirar los cargos si un migrante acepta regresar voluntariamente a México.
Desde marzo de 2021, el gobernador ha implementado diversas tácticas, incluyendo el envío de patrulleros estatales y la Guardia Nacional a diferentes partes de los 1,200 kilómetros de frontera de Texas con México; arrestar a migrantes y acusarlos de intrusión; erigir barreras en tierra y agua; y más recientemente, bloquear a los agentes de la Patrulla Fronteriza de ingresar a un parque de la ciudad en Eagle Pass y cercar el área con alambre de púas.
La oficina del fiscal general de Texas ha demandado repetidamente a la administración de Biden por sus políticas de inmigración, calificándolas como políticas de fronteras abiertas. Algunos de estos casos legales han llegado a la Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, que ha fallado a favor de la administración de Biden, reafirmando el precedente de décadas de que el gobierno federal tiene autoridad exclusiva sobre las leyes de inmigración.
Sin embargo, los partidarios de la nueva ley estatal creen que es constitucional.
"Esperamos con ansias esa pelea en la corte", dijo la semana pasada el representante estatal David Spiller, republicano de Jacksboro, durante una conferencia de prensa con Abbott y otros legisladores republicanos en Eagle Pass, que estuvo cargada de críticas a las políticas fronterizas de la administración de Biden. "Sé que su Departamento de Justicia ha presentado una demanda para impugnar eso. A eso digo, 'Adelante, estamos listos para esa pelea'".
En diciembre, la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas demandaron a Texas en nombre del condado de El Paso y dos organizaciones de derechos de los inmigrantes: el Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas, con sede en El Paso, y American Gateways, con sede en Austin. El mes siguiente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó su propia demanda contra Texas. Desde entonces, las demandas se han combinado.
Ambas partes han presentado sus argumentos en la corte, pero durante la audiencia del jueves, harán sus argumentos ante el juez de distrito de EE. UU. David Ezra.
El DOJ sostiene que la ley de Texas interfiere con la ley federal de inmigración.
El DOJ argumenta que la Ley del Senado 4 interfiere con la ley federal y, aunque la ley de Texas intenta imitar la ley federal, sigue siendo problemática porque no brinda a los migrantes acceso al proceso de asilo y podría afectar las relaciones diplomáticas con México, uno de los mayores socios comerciales del país.
En 1952, el Congreso aprobó la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que regula la inmigración en el país e incluye estatutos federales que prohíben ingresar ilegalmente al país.
"Estados Unidos ha estado aplicando los delitos federales de entrada ilegal y reentrada ilegal en Texas desde que fueron promulgados en 1952", argumentan los abogados del DOJ en documentos judiciales. "Sin embargo, Texas ha pasado al menos siete décadas sin un contraparte estatal inconstitucional como la SB 4".
La SB 4 también interferiría con el proceso de asilo, argumenta el DOJ.
"Los no ciudadanos pueden solicitar asilo en general incluso cuando no han ingresado por un puerto de entrada", argumentan los abogados del DOJ. "Pero si los solicitantes de asilo pueden ser arrestados, procesados, detenidos y deportados por Texas durante el tiempo de su solicitud, se les impedirá participar en procesos federales que permitan la concesión de asilo o protección relacionada contra la expulsión".
El DOJ también argumenta que si la SB 4 entra en vigencia, podría llevar a los migrantes a intentar cruzar ilegalmente la frontera en Nuevo México, Arizona o California, lo que obligaría al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la agencia que supervisa a los agentes de inmigración, a "reubicar sus activos, recursos y personal, lo que sería una tarea significativa".
Si la ley no se detiene, argumenta el DOJ, también podría inspirar a otros estados a aprobar sus propias leyes estatales de inmigración.
"En el mejor de los casos, esto podría crear un problemático sistema 'de parches'", argumenta el DOJ. "En el peor
de los casos, podría haber un impacto desastroso en la capacidad del gobierno federal para llevar a cabo sus funciones centrales de inmigración".
La SB 4 también puede crear otras consecuencias no deseadas, argumenta el DOJ, al enjuiciar a migrantes que pueden tener permiso para ingresar al país bajo ciertos programas federales o aplicarse a niños no acompañados, a quienes el Congreso les ha otorgado ciertas protecciones.
La SB 4 tampoco tiene en cuenta que Estados Unidos ha negociado acuerdos con México para aceptar a un cierto número de migrantes de países que se han negado a aceptar a sus propios ciudadanos deportados, argumentó el DOJ.
"La aplicación de la ley de inmigración implica un delicado equilibrio de los intereses de Estados Unidos en la seguridad nacional y las relaciones exteriores, incluido el trato recíproco de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero", escribieron los abogados del DOJ. "Y permitir que cada estado arreste, detenga, procese y deporte a extranjeros socavaría fundamentalmente ese delicado equilibrio".
Los abogados del condado de El Paso y los grupos de derechos de los inmigrantes hacen argumentos similares en sus presentaciones judiciales. Pero agregan que la nueva ley de Texas también podría llevar a la discriminación racial por parte de la policía y perjudicar a los ciudadanos estadounidenses que tienen familiares indocumentados.
"Los perjuicios de la aplicación serán inmensos", argumentan. "Las comunidades enfrentan el arresto y la expulsión sumaria de sus seres queridos y la separación de familias".
Citando un caso emblemático de derechos civiles federales, Ortega-Melendres v. Arpaio, como un ejemplo de cómo darle a la policía local el poder de hacer cumplir las leyes de inmigración puede llevar a la discriminación racial. En diciembre de 2013, un juez federal en Phoenix determinó que los diputados del sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, habían hecho perfiles raciales de residentes hispanos durante paradas de tráfico y las "redadas de inmigración" del sheriff.
El caso se originó a partir de una parada de tráfico en 2007, cuando los diputados detuvieron a un conductor que había recogido a algunos hombres de una iglesia que se utilizaba como área de reunión para jornaleros. Después de dejar ir al conductor, los diputados detuvieron a Manuel de Jesús Ortega Melendres, un ciudadano mexicano que viajaba en el vehículo y tenía una visa de turista que mostró a los diputados, y lo entregaron a las autoridades federales de inmigración. Después de ser retenido durante horas, los agentes de inmigración lo dejaron ir.
Los abogados de Texas argumentan que recogieron un testigo que el gobierno federal dejó caer
Los abogados del estado argumentan que Texas está experimentando una "invasión a gran escala de carteles criminales transnacionales a través de nuestras fronteras del sur, y Texas es el epicentro".
Argumentan que Texas tiene derecho bajo la Constitución de Estados Unidos a defenderse contra organizaciones criminales responsables del contrabando de personas y drogas. En lugar de ayudar a Texas, la administración de Biden ha decidido demandar al estado, argumentan los abogados de Texas.
"Incluso si de alguna manera las leyes federales de inmigración chocaran con la SB4, esas leyes no podrían interpretarse para anular la obligación del gobierno federal de proteger a los estados contra la invasión, ni para anular el derecho constitucional de Texas a defenderse contra la invasión", argumentan los abogados de Texas.
También argumentan que la administración de Biden ha fallado en cumplir con las leyes de inmigración aprobadas por el Congreso que buscan retener a más migrantes en centros de detención, negar más reclamaciones de asilo y deportar a los migrantes cuyas reclamaciones son rechazadas.
"La administración de Biden ignora notoriamente cada una de estas obligaciones de la INA (Ley de Inmigración y Nacionalidad), y otras también, lo que equivale a colocar un letrero parpadeante de 'Entrada libre, estamos abiertos' en la frontera sur", escriben los abogados de Texas.
Los abogados de Texas también afirman que la administración de Biden "se niega a despedir en el puerto de entrada a las oleadas de migrantes económicos cuyas reclamaciones de asilo son evidentemente frívolas".
Los argumentos de los abogados del condado de El Paso y los grupos de derechos de los inmigrantes sobre "cómo funcionará la ley son incorrectos" y son especulativos, ya que la ley aún no ha entrado en vigor, afirman los abogados del estado.
"La SB4 simplemente permite a un estado (Texas) recoger un testigo que el gobierno federal ha dejado deliberadamente caer", argumentan los abogados de Texas."
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