Diario
El Paso
viernes, 18 enero 2019 | 21:54
Washington— El programa de la era de Obama que protege a los inmigrantes jóvenes de la deportación, y que el presidente Donald Trump ha intentado eliminar, parece que sobrevivirá por al menos otro año.
Eso es debido a que la Suprema Corte no tomó acción alguna el viernes en relación a la petición de la administración Trump de decidir para comienzos del verano si la licitación de Trump, de terminar el programa de Acción Deferida para Inmigrantes Llegados en la Infancia (DACA), era legal. El programa ha sido protegido por varias cortes federales.
En base a las usuales prácticas de la Corte Suprema, los jueces no escucharán los argumentos en torno al caso hasta el otoño, eso si es que deciden escuchar el caso. Si los argumentos son presentados en octubre, no es muy probable que se emita una decisión para antes del 2020, cuando tal fallo podría afectar la campaña presidencial.
La administración “nunca solicitó una suspensión de los fallos, lo que nos indicó que siempre ha sabido que no hay un verdadero apuro por resolver estos importantes asuntos”, dijo Theodore Boutrous Jr. un abogado en Los Ángeles que representa a algunos de los inmigrantes jóvenes que impugnaron los planes de la administración.
Trump y el Congreso podrían arrebatar el caso de las manos de la Corte si logran entablar un acuerdo con el programa conocido como DACA, quizás incluso en las negociaciones para terminar el cierre gubernamental.
El caso de la inmigración es uno de varios asuntos de alto perfil que la Corte aparentemente decidió no agregar a su calendario de trabajo y tener que emitir una decisión a finales de junio. Otras apelaciones pendientes tienen que ver con las restricciones al aborto en Indiana, sobre si la ley federal contra la discriminación en el empleo protege a las personas LGBT y la política de Trump para limitarles el servicio militar a las personas transgénero.
La Corte también tiene que actuar en torno a una petición adicional de la administración para dejar que la política de transgénero pueda entrar en vigor, incluso antes de que se llegue a una decisión en el caso.
En cuanto a la inmigración, la administración intentó eliminar el DACA en el 2017, pero las cortes federales en California, Nueva York y Washington, D.C., evitaron que esto sucediera. Un juez federal en Texas declaró que el programa era ilegal, pero se rehusó a emitir una orden para suspenderlo.
DACA ha protegido a unas 700 mil personas que fueron traídas a Estados Unidos de manera ilegal cuando aún eran menores, o que vinieron con sus familias por la vía legal, entrando al país usando una visa, pero nunca regresaron a sus países de origen.
La administración de Obama creó el programa DACA en el 2012 para ofrecer permisos de trabajo y protección de la deportación a personas que, en muchos casos, no conocen un hogar en otro país que no fuera Estados Unidos.
La administración de Trump dijo haber tomado acciones para eliminar el programa bajo la amenaza de una demanda de parte de Texas y otros estados, generando el prospecto de que todo este asunto tendrá un final caótico.
El entonces procurador general, Jeff Sessions, determinó que DACA era ilegal debido a que el presidente Barack Obama no contaba en primer lugar con la autoridad para adoptarlo. Sessions citó un fallo del 2015 de la Corte Federal de Apelaciones en Nueva Orleans con el que se bloqueó otra política inmigratoria implementada por Obama junto con la expansión del programa DACA.
Texas y otros estados dominados por los republicanos eventualmente presentaron una demanda y consiguieron una victoria parcial en una Corte federal en Texas. Pero grupos a favor de los derechos civiles, defensores de los inmigrantes y los estados dominados por los demócratas impusieron también una demanda para evitar que el programa sea eliminado.
En noviembre, un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones en San Francisco determinó que la decisión de la administración de ponerle fin a DACA era arbitraria y caprichosa.
La Corte de Apelaciones señaló que el Gobierno federal tiene una larga y bien establecida historia de uso discrecional para hacer cumplir la ley de inmigración contra ciertas categorías de personas.
Aunque el Gobierno federal podría eliminar el DACA por razones políticas bajo su propia discreción, no puede hacerlo en base a la errónea creencia de Sessions de que el programa excede la autoridad federal, sostuvo la Corte.
La administración ha intentado en dos ocasiones esquivar las cortes de apelaciones y ganar un rápido fallo vía la Suprema Corte. Los jueces rechazaron un primer intento el año pasado, determinando que era prematuro. Al no tomar acción hasta el momento en torno a la segunda petición, la Corte Suprema da señales de que considera el asunto menos urgente de lo que lo considera la administración.