Florida

Rodean interrogantes refugio temporal para menores indocumentados en Homestead

A pesar de varias acciones pedidas por las congresistas demócratas, no ha habido respuesta del gobierno y, por el contrario, el refugio va a ampliar su capacidad a 3 mil camas

Agencias
sábado, 15 junio 2019 | 11:56
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Miami – El pasado 12 de junio fue la fecha límite, establecida en una carta enviada por la congresista demócrata Debbie Mucarsel-Powell (distrito 26) al director encargado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) Jonathan Hayes, para que esa entidad especificara el plan de evacuación, en caso de amenaza de tormenta o huracán, del refugio para menores inmigrantes de Homestead, dio a conocer el Diario Las Américas.

De acuerdo con la oficina de la representante federal, se venció el plazo y no hubo respuesta por parte de Hayes.

El sur de la Florida es siempre un área de alto riesgo cuando arranca la temporada de huracanes. Por todos los medios, los condados y municipios se encargan de insistirles a los habitantes de estar listos con agua y alimentos para resistir el embate de la naturaleza y, además, con un plan familiar de evacuación en caso de que las autoridades den esa orden.

En el centro de detención de menores hay cerca de 3 mil jóvenes inmigrantes, niñas y niños entre los 13 y 17 años, alojados en edificios de ladrillo y en enormes carpas de lona.

De acuerdo con la misiva de la congresista, “la ausencia de prevención o coordinación para prepararse de manera efectiva para un desastre, es irresponsable y pone en peligro la vida de miles de niños”.

Sus inicios

En el mes de febrero de 2018 las instalaciones del Job Corps de Homestead, localizadas al lado de la base aérea de Homestead, fueron activadas para darles cabida a los menores que cruzaban la frontera sur, provenientes del triángulo de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala), sin la compañía de sus padres.

Este refugio es administrado por la empresa Comprehensive Health Services, filial del grupo Caliburn.

Los niños quedaron en custodia del Departamento de Salud (HHS, por sus siglas en inglés), y su situación reglamentada bajo el acuerdo Flores, el cual exige que los menores se alojen en instalaciones aprobadas por los estados y bajo estándares específicos.

Se refiere a que los niños tengan todos los servicios necesarios y que su estadía en esos refugios sea lo menos restrictiva, dada su edad y sus necesidades. Además, el acuerdo, que data de 1997, estableció que los menores no debían estar más de 20 días en esos refugios.

Por lo tanto, se les debía buscar, sin dilaciones, la posibilidad de estar con un familiar cercano, un acudiente legal, sus padres o un hogar sustituto.

De acuerdo con un comunicado enviado por el Departamento Federal de Niños y Familias, “desde marzo de 2018, más de 12 mil niños inmigrantes que ingresaron al país sin sus padres (Unaccompanied Alien Children, UAC) y más de 10 mil jóvenes han sido dejados en libertad y a cargo de una persona (por lo general, un padre o un familiar muy cercano)”.

 Según la misma fuente oficial, “al activar esos refugios temporales -y tener otros en reserva-, la ORR tiene la capacidad de responder a los siempre cambiantes niveles de referidos [jóvenes remitidos por el Departamento de Seguridad Interior al Departamento de Salud] y en este caso a una situación de emergencia en la frontera”.

Al respecto, las autoridades migratorias señalaron que este año la ORR ha enfrentado un “incremento dramático” en el número de menores no acompañados, que para el 30 de abril era de 40.800, un incremento de 57% con respecto al año anterior.

Demanda

Hay en curso una demanda para que el Departamento de Justicia cumpla lo estipulado en el acuerdo Flores.

En el documento legal se anexaron decenas de testimonios de los jóvenes que se encuentran en estos momentos en el refugio de Homestead, por un tiempo mucho más largo del que establece dicho acuerdo, es decir, un tiempo no mayor a 20 días.

De acuerdo con la declaración de la abogada de inmigración Hope Frye, contenida en la demanda, “cada uno de los chicos entrevistados [en la demanda aparecen 76 testimonios] expresaron miedo y ansiedad por la manera como se hacen respetar las reglas en el refugio. Se les ha dicho, durante la orientación, que cualquier violación a las normas puede resultar en una extensión de 10 a 30 días de la detención. Algunos niños creen que si ellos violan una regla su trabajador social va a suspender, por un periodo de tiempo, su labor de reunificación con sus padres o familiares”.

Según Frye, los jóvenes también dijeron tener miedo de no conocer todas las normas establecidas, pero sí afirmaron saber las siguientes: “Abstenerse de tocar a las personas, así sean hermanos o en el momento de despedir a un amigo que se va del refugio; prohibido ducharse por un tiempo mayor de cinco minutos; no se puede hablar o mirar a una persona del sexo opuesto; es prohibido no terminar de comer todo los alimentos que se sirven”.

La abogada dejó en claro, en su declaración escrita juramentada, que fue informada de que dicha instalación de Homstead “no tenía licencia para cuidar a niños dependientes o, ciertamente, ninguna licencia del estado. Ella [la funcionaria que habló con Frye] indicó que no era necesaria dicha licencia porque el refugio de Homestead es una propiedad federal.”

Sin embargo, el acuerdo Flores establece que el estado debe conceder licencia a cualquier organización o agencia que provea servicios de residencia o de hogar sustituto a niños dependientes.

La vocera de la Administración de Niños y Familias del Departamento de Salud, Evelyn Stauffer, indicó en un email que “la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud en general opera una red de centros y refugios con licencias estatales según se requieran, pero no [opera] centros de detención”.

Aclaró que como un asunto de política, “el Departamento de Salud no comenta sobre temas relacionados con litigios pendientes o en desarrollo”.

En la moción de apoyo a la demanda relacionada con el acuerdo Flores, hay testimonios sobre la extensión de las detenciones, muchos más de los 20 días establecidos.

Es el caso, por ejemplo, de una niña guatemalteca, de 14 años, detenida en Texas en el mes de mayo de 2018 y transferida cinco días después a Homestead, donde ha permanecido por 58 días.

Otro muchacho, también de Guatemala, fue detenido con su padre cruzando la frontera por Mexicali, en Baja California. Lleva en el refugio del sur de Florida 67 días.

Un joven de El Salvador, de 14 años, fue detenido en la frontera y trasladado a Homestead, donde ha permanecido recluido durante 164 días.

A los niños, según sus declaraciones recogidas por Frye, no se les ha dado la lista de abogados o los derechos que tienen a la luz del acuerdo Flores. Además, el único contacto que tienen los jóvenes con el mundo exterior es el teléfono.

“Después de entrevistar a los miembros de una clase, fue claro, sin lugar a dudas, que el personal de Homestead no les da suficiente tiempo para hablar con sus familiares, o privacidad cuando están en esas conversaciones. El director del programa de Homestead y los jóvenes indicaron que el tiempo para hablar por teléfono es entre 2 y diez minutos a la semana. Se debe solicitar tiempo extra, pero se les ha negado, incluso si enfrentan una circunstancia inusual como la muerte de un ser querido”, puntualizó Frye en su documento legal.

Acciones

Las congresistas demócratas de la Florida (Debbie Wasserman Schultz, Debbie Mucarsel-Powell y Donna Shalala) no sólo han visitado ese refugio, sino que en una ocasión se les negó la entrada.

Estas parlamentarias han pedido el cierre de ese centro. También hay una investigación, por parte del Inspector General del Departamento de Salud, para saber por qué han tenido retenidos por tanto tiempo a esos jóvenes.

Además, pidieron aclarar por qué el contrato original para operar el refugio de Homestead fue otorgado por el Departamento de Salud a través de licitación pública, “mientras que el nuevo contrato fue ofrecido por el HHS a puerta cerrada sin una licitación de por medio”, según afirma la misiva que le enviaron las representantes al Inspector General, Daniel Levinson.

El Gobierno le paga a la empresa que administra ese refugio 750 dólares por cada menor que allí permanece. También preguntaron sobre el papel que pudo haber jugado el general John Kelley [exjefe del gabinete del presidente Donald Trump] en las negociaciones del nuevo contrato, por un valor de 341 millones de dólares.

Este exmilitar fue nombrado hace unas pocas semanas miembro de la junta directiva de Caliburn.

En la noche del pasado miércoles 12 de junio, la congresista Shalala dirigió una comunicación a la Oficina de Asentamientos de Refugiados en la que pide que continúen los servicios que se les ofrecen a los niños, entre ellos la asesoría legal. Y que ésta se extienda cuando los menores salgan de los refugios.

Este pedido de la congresista por el distrito 27 se da ante la orden emitida por del Gobierno de Trump, en la primera semana de junio, de suspender en todos los refugios que albergan a niños inmigrantes que entraron al país sin la compañía de sus padres, los servicios que no tengan que ver de manera directa con la protección de la vida y la seguridad de los menores.

Tal decisión implica la reducción o suspensión de las clases de inglés, las asesorías legales y las actividades recreativas.

“Se están pidiendo de manera urgente recursos adicionales para cubrir las necesidades de este flujo de menores, para sostener tanto el bienestar de los niños, como el proceso de dejarlos en libertad y el incremento en la capacidad de los refugios”, puntualizó la Administración de Niños y Familias.

Según esta agencia, la ORR ha experimentado un aumento dramático en los niños inmigrantes enviados a esa oficina por el Departamento de Seguridad Interior. El HHS pidió unos fondos de emergencia del orden de 2.800 millones de dólares para atender a los menores que tiene a su cargo.

Lo cierto es que, hasta al momento, ninguna de las acciones o investigaciones pedidas por las congresistas demócratas han arrojado resultados.

En un comunicado, Mucarsel-Powell enfatizó que “la Administración de Trump no está rindiendo cuentas. Esta falta de respuestas –asegura la congresista- demuestra que a la administración no le importan los miles de menores detenidos o los asuntos que enfrenta el sur de la Florida.”