¿Viola el gobierno la ley al obligar a solicitantes de asilo a regresar a México?

Estados Unidos ha hecho retroceder a 35 mil 122 inmigrantes a través de la frontera sur

Agencias
jueves, 29 agosto 2019 | 14:58
Agencias

Mexicali – En la calle, Oswaldo Ortiz Luna ofreció una caja de dulces a los autos que se encontraban detenidos en el tráfico. Su esposa vendía otra caja mientras acomodaba a su hija de 18 meses en una cadera. Los dulces pegajosos y las lágrimas mancharon las mejillas del bebé, publicó el rotativo LA Times.

Al caer el sol, Oswaldo y su familia de seis personas no habían vendido suficientes dulces como para conseguir los 6 dólares que necesitaban para pasar la noche en un refugio cercano. Ellos están entre los miles de solicitantes de asilo atrapados justo en la frontera bajo la política de la administración Trump – conocida como “Permanecer en México”.

Bajo los Protocolos de protección al migrante -más conocidos como Permanecer en México- en siete meses, los funcionarios de la administración Trump han hecho retroceder a 35 mil 122 solicitantes de asilo a través de la frontera sur de EU, según los informes del Departamento de Seguridad Nacional revisados por el Los Angeles Times. Un tercio de los migrantes fueron devueltos a México desde California. La gran mayoría se ha dispersado por todo México en los últimos 60 días.

Floridalma Ortega-Ortiz, con dos de sus hijos, trabaja con su esposo vendiendo dulces

Mientras sus casos se tramitan en los tribunales de Estados Unidos, los solicitantes de asilo se ven obligados a esperar en México, en ciudades que el Departamento de Estado de Estados Unidos considera algunas de las más peligrosas del mundo. Muchos han sido atacados, agredidos sexualmente y extorsionados. Algunos han muerto.

En docenas de entrevistas y en procedimientos judiciales, funcionarios y exfuncionarios, jueces, abogados y defensores de los solicitantes de asilo dijeron que los funcionarios de Seguridad Nacional que implementan Permanecer en México, parecen estar violando las leyes de Estados Unidos, y que el costo humano está aumentando. El testimonio de otra docena de solicitantes de asilo confirmó que estaban siendo expulsados sin las salvaguardias previstas por la ley estadounidense. Las supuestas violaciones legales incluyen negarle sus derechos a los solicitantes de asilo y ponerlos a sabiendas, en riesgo de daño físico - en contra de las regulaciones federales y la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la base del sistema de inmigración de Estados Unidos. La ley de los Estados Unidos otorga a los migrantes el derecho a buscar protección en Estados Unidos.

Los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos están escribiendo la frase “domicilio conocido” en la documentación de los solicitantes de asilo en lugar de una dirección legalmente requerida, lo que hace casi imposible que los solicitantes que se encuentran en México sean notificados de cualquier cambio en sus casos o en las próximas fechas de los tribunales. Al no asistir a las audiencias judiciales, los solicitantes pueden ser excluidos permanentemente del asilo en Estados Unidos.

Mientras tanto, algunos oficiales federales de asilo que están convencidos de que están enviando a los solicitantes de asilo a sus lugares de origen donde corren peligro de muerte, dijeron que se han negado a implementar la política de Permanecer en México a riesgo de ser despedidos. Dicen que viola las obligaciones legales de Estados Unidos regresar a los solicitantes a los sitios donde corren peligro.

La oficina central de Seguridad Nacional, así como Aduanas y Protección Fronteriza, la agencia encargada de la aplicación de dicha política, rechazó repetidas solicitudes de entrevistas o datos sobre la política, citando la “sensibilidad de la aplicación de la ley”.

Para el presidente Trump, sin embargo, cuya prioridad política es restringir incluso la inmigración legal a Estados Unidos, la política de Permanecer en México ha sido su esfuerzo más exitoso.

Varios migrantes caminan hacia la cocina para comer en la Cobina Posada del Migrante

Oswaldo dijo que su familia huyó de su ciudad natal en las afueras de la capital de Guatemala en febrero, después de que sus hijos mayores se negaron a unirse a la MS-13 y los miembros de la pandilla amenazaron con matarlos. Mientras estaba en México, dijo que la policía los golpeó y les robó, y que las pandillas locales intentaron secuestrar a su hija de 7 años. Viajaron en trenes de carga a la frontera con Estados Unidos, Oswaldo corria hacia los trenes con el niño sobre su pecho en un portabebés de color rosa brillante.

La familia solicitó asilo en abril ante las autoridades estadounidenses en Calexico, una pequeña ciudad agrícola en el este de California, frente a Mexicali. Los oficiales los enviaron de regreso a México, diciéndoles que se reportaran a la frontera un mes después y a 120 millas al oeste, en Tijuana. Allí, los llevaban al otro lado de la frontera para una audiencia judicial en San Diego, y luego los enviaban de regreso a Tijuana. Los oficiales separaron el caso del hijo mayor de Oswaldo, de 21 años, del resto de la familia.

“La vida ya era de por sí difícil”, dijo Oswaldo. Cuando los funcionarios estadounidenses los devolvieron a México, dijo, “fue muy difícil de aceptar”.

Después de dar a conocer la política de Permanecer en México en diciembre, los funcionarios de Seguridad Nacional no empujaron a los primeros solicitantes de asilo a México hasta el 28 de enero, lanzando el programa en San Ysidro, al sur de San Diego. Para finales de marzo, habían expandido la política hasta El Paso, Texas.

En mayo, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que la política podía continuar hasta las audiencias sobre su legalidad en octubre. Con la bendición de la corte, la administración expandió la política al resto de la frontera México-Estados Unidos, y a cualquier hispanohablante, no sólo a los centroamericanos. En menos de tres meses, el número de retornos se cuadruplicó.

En julio, funcionarios estadounidenses comenzaron a devolver a los solicitantes de asilo del resto de Texas a Nuevo Laredo y luego a Matamoros, en el estado de Tamaulipas.

Esto a pesar de que el Departamento de Estado le da a Tamaulipas una advertencia de nivel 4 de “no viajar”, igual que a Siria.

Al menos 141 migrantes bajo el programa Permanecer en México han sido víctimas de la violencia en ese país, según Human Rights First, un grupo de defensa no partidista. La organización sin fines de lucro presentó el lunes una queja pública sobre la política ante la oficina del inspector general de Seguridad Nacional y su Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles.

Durante una rueda de prensa en agosto, Mark Morgan, jefe interino de Aduanas y Protección Fronteriza, le dijo a The Times, “nunca participaría en algo que yo pensara que es ilegal”. Añadió que, en última instancia, el sistema judicial “determinará la legalidad” de la política.

Dijo que no tenía conocimiento de ningún incidente en el que un solicitante de asilo haya sufrido daños en el marco de Permanecer en México, pero dijo que Estados Unidos no hizo un seguimiento de lo que les sucedió a los migrantes una vez que fueron devueltos a México. “Eso depende de México”, dijo.

Roberto Velasco, portavoz de la cancillería mexicana, dijo que la política es una “acción unilateral” y que Estados Unidos es “el único responsable” de garantizar el debido proceso para los solicitantes de asilo que regresan a México.

Aunque dijo que la política es para la propia protección de los inmigrantes, Morgan agregó que también tenía la intención de disuadir a los solicitantes de asilo. Afirmó, como hace a menudo el presidente, que muchos solicitantes de asilo tenían casos fraudulentos. “Si llegas aquí con un niño, el menor no va a ser un pasaporte automático a Estados Unidos”, dijo Morgan. “Espero que ese mensaje se entienda”.

Cuando Oswaldo y su familia regresaron a Mexicali en mayo después de su primera audiencia en San Diego, habían perdido su lugar en un refugio cercano. Ahora están en su cuarta audiencia.

Incapaz de obtener los permisos de trabajo prometidos por el gobierno mexicano, y potencialmente a años de una decisión final sobre la solicitud de asilo de su familia en Estados Unidos, Oswaldo hizo un gesto con la caja de dulces, diciendo que eso era todo lo que la familia tenía.

“Esto es todo.”

Daniela Díaz huyó el año pasado de las amenazas de muerte de las pandillas y de la policía de San Salvador. Ahora está esperando en Tijuana

Daniela Díaz, una salvadoreña de 19 años, salió de una pequeña tienda de campaña con una chaqueta rosa forrada con una tela imitación piel.

Apiñada en un refugio de Tijuana, la tienda de campaña ha sido el hogar de la adolescente durante cinco meses mientras tramitaba su solicitud de asilo en Estados Unidos, excepto por el mes que había pasado detenida en este país.

Desde que huyó de San Salvador, la capital de El Salvador, a finales del año pasado, Díaz se ha visto repetidamente afectada por la caótica implementación de Permanecer en México por parte de la administración Trump.

En noviembre, el gobierno de Trump entabló intensas negociaciones con México para que aceptaran a los solicitantes de asilo que se dirigían a Estados Unidos. Durante ese tiempo, los funcionarios de la administración redactaron un programa piloto en California llamado Permanecer en México. En los intercambios de correo electrónico, los funcionarios suprimieron protecciones clave para los solicitantes de asilo. Pero cuando se filtraron los planes, la política quedó en suspenso.

A finales de enero, las autoridades rechazaron a los primeros solicitantes de asilo de San Ysidro, pero duró poco: en abril, un juez federal de San Francisco bloqueó temporalmente el programa “Permanecer en México”.

Luego, sólo unas semanas después, la Corte de Apelaciones del 9º Circuito permitió que la administración de Trump reanudara la política.

Pero dos de los tres jueces expresaron su preocupación por su legalidad. Un juez dijo que el argumento legal del gobierno para enviar migrantes a México era una lectura “imposible” de la ley.

“El gobierno está equivocado”, escribió el juez. “No sólo es discutiblemente incorrecto, sino clara y flagrantemente incorrecto”.

En cuanto a Díaz, huyó de El Salvador el año pasado después de que un miembro de la pandilla Barrio 18 la amenazó con matarla después de que se negara a ser su novia. Un oficial de la policía local dijo que la protegería, pero que en su lugar comenzó a acosarla, dijo.

Ledijo: “Puedo violarte, puedo hacer lo que quiera contigo y hacer que parezca que las pandillas hicieron esto, no yo”, contó la joven.

En noviembre cruzó sola de Guatemala al sur de México. En enero, llegó a Tijuana para reunirse con miles de personas que esperaban en el puerto de entrada de San Ysidro para someter sus solicitudes de asilo.

En marzo, el número de Díaz finalmente llegó. Las autoridades estadounidenses la trajeron a la entrada de San Ysidro, tomaron sus huellas dactilares, le hicieron algunas preguntas y luego la enviaron a la “hielera”, término de los migrantes para los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos. Pero poco después, los oficiales de la CBP la llevaron a la puerta de regreso a Tijuana y le dieron un aviso para que regresara el mes siguiente para una audiencia en la corte.

“No puedo volver allá, mi vida está en peligro”, les dijo.

Dijo que le dijeron: “Ese ya no es mi problema”.

El 8 de abril, Díaz fue llevada de San Ysidro a San Diego para su primera audiencia - el mismo día que un juez federal bloqueó la política de Permanecer en México.

Después de varias semanas más de detención, los oficiales la regresaron a Tijuana, con otra cita en la corte a un mes de distancia.

Díaz le dijo al juez en mayo que ella quería representarse a sí misma, pero él ignoró su decisión. Ya había llamado a todos los abogados de la lista proporcionada por el tribunal. Ninguno respondió. Todavía está esperando en Tijuana.

Ahora, los funcionarios estadounidenses están devolviendo a los solicitantes de asilo a un ritmo de casi 3.300 por semana.

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La voz del juez Lee O’Connor rebotó a través de su casi vacía sala de audiencias en San Diego.

“Si yo emitiera una orden en rebeldía, ¿dónde se entregaría?”, le preguntó O’Connor al abogado de la administración.

“Su Señoría, en la dirección que tiene el tribunal”.

"¿Domicilio conocido, Baja California, México?”

“Sí, Su Señoría.”

"¿Cómo es que eso es una dirección?”

“Esas son las direcciones que me dieron”, respondió el abogado del gobierno. “No sé de dónde vinieron”.

Abogados, defensores, oficiales de asilo y jueces estadounidenses ven algo más que una disfunción burocrática y una formulación descuidada de la política: los oficiales de Trump, dicen, tenían la intención de hacer casi imposible obtener asilo en Estados Unidos bajo el programa Permanecer en México.

En el fallo del 9º Circuito en mayo, un juez dijo que los procedimientos de Seguridad Nacional para implementar la política eran “tan inadecuados que parecían haber sido hechos de manera arbitraria y caprichosa”.

A principios de este verano en San Diego, en un día en que aproximadamente 100 casos de Permanecer en México habían sido escuchados, casi todos los jueces se habían ido y el personal de seguridad había abandonado el juzgado - excepto el juez O’Connor.

Se quedó horas más tarde porque había tratado de explicarle cuidadosamente a cada solicitante la nueva política que los estaba forzando a quedarse en México durante un ya complejo proceso de inmigración estadounidense.

Permanecer en México se ha sumado a la acumulación de más de 975 mil casos pendientes de inmigración. En julio, uno de cada cuatro casos nuevos fue asignado al programa Permanecer en México.

Sentado detrás de montones de papel, O’Connor sopesó la solicitud del gobierno de emitir órdenes de expulsión para un puñado de solicitantes de asilo que no se habían presentado a sus audiencias ese día. Si O’Connor fallara a favor de la administración, la decisión podría impedir a cada solicitante de asilo, regresar a Estados Unidos en por lo menos por una década, y en algunos casos permanentemente.

Se puso en contacto con el abogado de la administración, haciendo una lista de violaciones legales.

El gobierno no ofreció ninguna prueba de que se hubiera notificado debidamente a los solicitantes de asilo que debían comparecer ante el tribunal. El gobierno no había presentado traducciones certificadas al español de los documentos del caso, que O’Connor notó que tenían errores de traducción evidentes. Y la dirección que el gobierno dio a docenas de solicitantes de asilo cuyos casos había visto era “domicilio conocido”.

“Parece una gran coincidencia que para 70 personas diferentes, les den la misma dirección”, dijo O’Connor al abogado del gobierno. Los funcionarios del PFC estaban haciendo “prácticamente ningún esfuerzo” para obtener la información legalmente requerida, añadió el juez. “Me provoca severas dudas la forma en que este programa está siendo implementado”.

Más temprano ese mismo día, en una sala al final del pasillo, la Jueza Christine Bither había escuchado sus primeros casos del programa.

Una pareja había viajado de Mexicali a Tijuana y luego al otro lado de la frontera para su audiencia en San Diego. Pero el gobierno no había presentado su aviso de comparecencia ante el tribunal, lo que significa que el juez de inmigración no podía verlos ese día, y tendrían que regresar a México.

Un abogado de la administración entregó documentos a una familia de Guatemala que hablaba k’iche’. El abogado le dijo: “Señoría, les voy a dar instrucciones en español y en inglés sobre cómo presentarse”.

El juez respondió: “Ninguno de los dos idiomas son comprendidos por ellos”.

La mayoría de los solicitantes de asilo devueltos a México bajo esta política son originarios de América Central, por lo que un número considerable de ellos sólo hablan lenguas indígenas. Pero los oficiales de Seguridad Nacional rutinariamente no proveen traducción o usan intérpretes telefónicos en los procedimientos de deportación, según las comunicaciones internas obtenidas por la organización sin fines de lucro American Oversight y compartidas con The Times.

El LA Times revisó una serie de documentos de los solicitantes de asilo en los que los funcionarios de la CBP habían puesto direcciones incompletas o no habían proporcionado ninguna traducción. Y el número de teléfono gratuito que el gobierno proporcionó a los solicitantes para que llamaran a fin de obtener información actualizada sobre sus casos era un número 800, que sólo se puede utilizar desde dentro de Estados Unidos.

“Hay algunas cosas por las que todavía estamos trabajando”, dijo Sidney Aki, un funcionario de la CBP a cargo del puerto de San Ysidro. Reconoció que los oficiales habían cometido errores al implementar la política.

A finales de julio, sólo se habían resuelto 2 mil 599 casos en México, con otros 23.402 casos pendientes en los tribunales de inmigración de todo el país, casi el doble que un mes antes, según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. En ese momento, ni una sola persona había ganado el asilo.

Un poco más del 1 por ciento de los solicitantes de asilo habían logrado encontrar representación legal de México.

O’Connor ordenó que los procedimientos de deportación del gobierno contra los solicitantes de asilo ausentes fueran terminados. No es el único; en general, en aproximadamente el 60 por ciento de las decisiones tomadas hasta ahora bajo el programa Permanecer en México, los jueces de inmigración han cerrado el caso del gobierno contra los solicitantes de asilo, de acuerdo con los datos del TRAC.

Si el gobierno tiene la intención de llevar a cabo el programa”, dictaminó O’Connor, “debe asegurarse de que se cumpla estrictamente con el debido proceso y se cumplan estrictamente los requisitos legales”. Eso no se ha demostrado en ninguno de estos casos”.

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Nora Muñoz Vega vio a su hijo patear una pelota de fútbol en el refugio Buen Pastor en Juárez. Mientras Josué David, de 9 años, jugaba, su madre, de 29, sopesó una decisión difícil: Seguir esperando en Juárez por su caso de asilo o tomar un autobús, patrocinado por el gobierno mexicano, y regresar a Honduras.
Los solicitantes de asilo atrapados en Juárez bajo Permanecer en México tienen audiencias programadas para el 2020. Pero incapaz de encontrar trabajo en México sin un permiso, y demasiado asustada para aventurarse a salir, Muñoz Vega dijo que las pocas semanas que faltan para su segunda audiencia le parecían una eternidad.

En su fallo de mayo, que permitía la reanudación del programa “Permanecer en México”, el 9º Circuito se basó en parte en las garantías de Estados Unidos de que México se ocuparía de los solicitantes de asilo. Sin embargo, ninguno de los migrantes con los que habló The Times había podido obtener un permiso de trabajo: todos se alojaban en refugios administrados por iglesias u organizaciones no gubernamentales, o en hoteles cuando los refugios estaban llenos.

A través del “retorno voluntario”, el gobierno mexicano, junto con las Naciones Unidas, está facilitando el esfuerzo de la administración Trump para conseguir que los solicitantes de asilo renuncien a sus casos. Más de 2.000 centroamericanos han regresado gratis a sus países de origen bajo el programa de las Naciones Unidas, financiado por el gobierno de Estados Unidos.

“Estamos igualmente preocupados por las implicaciones”, escribió el 13 de agosto la agencia de migración de la ONU a un grupo de ONG preocupadas por su papel en Permanecer en México, según una carta obtenida por The Times. La agencia dijo que estaba tomando medidas para asegurar que los retornos fueran voluntarios.

Fredy Augusto Burrion, un agricultor de Guatemala, y su hijo Jhostin en el refugio Buen Pastor en Juárez

Aunque no está claro exactamente cuántos solicitantes de asilo en virtud de Permanecer en México se han ido a casa, un porcentaje amplio parece estar cada vez más cansado de esperar y están cruzando la frontera ilegalmente.

En el viaducto entre Juárez y El Paso, el agente de la Patrulla Fronteriza Mario Escalante observó desde el lado estadounidense cómo las unidades de la Guardia Nacional Mexicana patrullaban en su lado.

Escalante nació en El Paso, pero dijo que prácticamente creció en Juárez, con familia a ambos lados del puente durante generaciones. Los asesinatos se habían convertido en algo común en Juárez, agregó. “Es la cultura; te acostumbras a ella”.

Pero cuando se le preguntó si Juárez era un lugar seguro para los solicitantes de asilo que las autoridades estadounidenses habían enviado allí, Escalante rechazó la pregunta.

“Es muy difícil”, dijo Escalante. “La necesidad tiene que ser muy grande”.

Una mujer con su hijo levantó la cabeza. Era Muñoz Vega, la madre hondureña.

Migrantes cruzan de Juárez, México, a El Paso, donde agentes de la Patrulla Fronteriza esperan para detenerlos

En todo el país, un número indeterminado de oficiales federales de asilo han renunciado, y un puñado se niega a implementar Permanecer en México, dijeron media docena de oficiales de asilo y personal de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos al The Times.

Dicen que la administración Trump les está obligando a violar la ley al implementar la política, las normas de funcionamiento final establecidas por el Congreso y al poner intencionalmente en peligro a los solicitantes de asilo vulnerables. La mayoría pidió el anonimato por temor a represalias.

En junio, el sindicato que representa a los funcionarios federales de asilo en el área de Washington, D.C., presentó un escrito en apoyo de la demanda contra Permanecer en México.

“Cada día se pone un poco peor”, dijo un oficial de asilo en California que se negó a examinar a los migrantes en virtud de la política.

Generalmente, antes de Permanecer en México, los solicitantes de asilo en la frontera recibían una entrevista de “temor creíble”. Los oficiales de asilo, muchos de los cuales son abogados, examinan el temor a ser perseguidos en el país de origen del solicitante de asilo por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular. El Congreso estableció el “temor creíble” como un límite intencionalmente bajo para ayudar a asegurar que Estados Unidos no violara la ley devolviendo a la gente a los sitios en que corren peligro.

Sin embargo, de acuerdo con las directrices administrativas de Permanecer en México, sólo los solicitantes de asilo que expresan abiertamente su temor a regresar a México -no a sus países de origen- son remitidos por los funcionarios del PFC a los funcionarios de asilo para un proceso de entrevistas totalmente nuevo. Ese proceso los protege contra la posibilidad de persecución en México.

En estas entrevistas, los oficiales de asilo también tienen que usar un estándar legal mucho más alto. Esencialmente, en lugar de demostrar una probabilidad del 10 por ciento de persecución en su país de origen, los solicitantes de asilo tienen que demostrar una probabilidad del 51 por ciento de persecución en México. Ese estándar generalmente se reserva para una audiencia completa ante un juez de inmigración.

En realidad, el estándar que se está usando bajo Permanecer en México es casi imposible, dijo otro oficial de asilo. “Nadie puede pasar”.

E incluso cuando los oficiales deciden que los solicitantes de asilo cumplen con los estándares más altos y estarían en grave peligro en México, los oficiales de Seguridad Nacional los están devolviendo de todos modos, de acuerdo con los seis miembros del personal del USCIS.

Según entrevistas con solicitantes de asilo y oficiales, así como las estadísticas de USCIS compartidas con The Times, muchos solicitantes de asilo bajo Permanecer en México están siendo expulsados sin ninguna entrevista en absoluto.

Lucero Gerarld, a la izquierda, se sienta con sus hijos, así como Darlene Pérez, en el extremo derecho, y la hija de Pérez. Cruzaron la frontera desde Juárez, México, hasta El Paso, Texas

En contra de sus propias directrices, esas fuentes dicen que los funcionarios de Seguridad Nacional también están devolviendo niños, personas con discapacidades y otra condiciones médicas, y mujeres embarazadas. Los legisladores han exigido una investigación general del inspector de las presuntas violaciones.

La segunda oficial de asilo dijo que recientemente dio la voz de alarma después de ver que una serie de mujeres que se encontraban en las últimas etapas del embarazo fueron devueltas a México. Se le dijo que el CBP no considera que un embarazo en etapa tardía sea una condición médica grave.

“No quieren que nazca ningún bebé en suelo estadounidense”, dijo la oficial de asilo.

Un tercer oficial de asilo dijo que se les exige que realicen las más complejas entrevistas de Permanecer en México -que a veces duran más de cinco horas- con niños demasiado pequeños incluso para hablar.

Cuatro oficiales describieron casos de solicitantes de asilo que dijeron que habían sido secuestrados en México, luego golpeados y violados. Una vez que sus familias enviaron dinero, los secuestradores los liberaron. Pero cuando las víctimas huyeron a la frontera, los oficiales de asilo tuvieron que devolverlas. Los secuestradores están ahora esperando fuera de los puertos de entrada”, dijeron los oficiales.

“En el 99 por ciento de las entrevistas, dijeron que se enfrentaron a daños en México, y a pesar de eso los enviamos de regreso”, dijo el tercer oficial de asilo.

Un oficial de asilo dijo que rutinariamente se despertaba sudando por las pesadillas.

"¿Cuánto tiempo puedo seguir haciendo esto y vivir en paz conmigo misma?”, dijo. “Pienso en estas personas todo el tiempo... las que envié de regreso. Espero que estén vivos”.