Opinión

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‘Yo sí lo digo y sí es reclamo, no como Rogelio...’

El reclamo desagradó inclusive al presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien pertenece a Morena, pero ha buscado mantener sana su relación con la gobernadora del estado

LA COLUMNA
de El Diario

lunes, 15 noviembre 2021 | 06:00

• ‘Yo sí lo digo y sí es reclamo, no como Rogelio...’

• Gastan dinero en cámaras, no en las becas

• Echa el ojo grupo de la ONU a Chihuahua

• Inservibles uno de cada cinco hidrantes

El plato fuerte del galardón al “Empresario del Año”, nacido el pasado viernes en Ciudad Juárez e instituido por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), debió ser la entrega del mismo a don Octavio Muñoz, uno de los más respetados emprendedores de esta frontera.

El Centro de Convenciones Cibeles lució con el esplendor de siempre para eventos similares. No hay bodas, quince años, inauguraciones, tomas de protesta, sin éxito ahí.

Todo marchó sobre ruedas hasta que la presidenta de los agentes aduanales, Nora Yu, enmarcó con buen speech la trayectoria de Muñoz pero adrede quiso hacer notar la ausencia de la gobernadora, Maru Campos Galván.

“Yo sí lo digo y sí es reclamo, no como Rogelio”, señaló ante los selectos invitados, refiriéndose a la participación del expresidente de Canaco, Rogelio González, quien mencionó con sutileza la ausencia pero así la dejó únicamente para anotación del representante de la gobernadora, Oscar Fidencio Ibáñez, ahí presente.

Las murmuraciones y el pitorreo desplazaron al merecido galardón. Entre los presentes concluyeron que el reclamo de Nora, además de inoportuno, careció de independencia y suficiente objetividad, pues lo hizo más en carácter de priista inconforme con los pasados resultados electorales que por la ausencia de la gobernadora en el evento. Aprovechó el escenario para el intento de desquite, se dijo.

Algunos capitanes de empresa le otorgaron la razón pero la mayoría no. No era el evento para concentrarse en otra cosa que no fuera esa buena iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial por su primer galardón anual al “Empresario del Año”.

Vaya, el reclamo desagradó inclusive al presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien pertenece a Morena pero ha buscado mantener sana su relación con la gobernadora del estado. Está consciente que es la gobernadora.

Posiblemente quede en mera anécdota, ya lo veremos.

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El titular en Chihuahua del programa federal de becas Benito Juárez para estudiantes, Genaro Vázquez Soto, está a un empujón de que lo mande a volar su jefe, Abraham Vázquez Piceno, pues ya es un escándalo dentro de toda la dependencia su decisión de poner cámaras en las oficinas.

Vázquez y su administrador, César Donati Espinoza, recibieron un oficio la semana pasada para que expliquen por qué mandaron a instalar sistemas de videovigilancia en las sedes que tienen en varias partes del estado.

A los dos funcionarios federales, como ya se sabía, les cayó de peso la autonomía que tienen desde hace unos meses, al no depender de la Secretaría del Bienestar ni de la representación oficial de los programas federales.

Por ello la ocurrencia de las cámaras que no tenían otro objetivo más que espiar y hostigar al personal a su cargo, así como a cuanto estudiante acudiera a solicitar una beca.

Principalmente porque la subdelegada de Bienestar en Juárez, Lizzy Guzmán, fue de las que no se aguantó esos actos de hostigamiento sin ton ni son, fue que le pidieron explicaciones a Vázquez Soto, ahora en la picota.

El funcionario respondió echándole la culpa de poner cámaras a la empresa de seguridad Servicios Industriales y Empresariales de la Laguna. Sobra decir que la empresa la contrató él mismo, producto de sus relaciones que hizo cuando fue jefe de Recursos Humanos en el C-4 de Chihuahua.

Con tal mentira tan burda pretendió ese par chamaquear al coordinador nacional, Vázquez Piceno.

El tema dará para mucho más, pues el programa de becas está prácticamente sin funcionar más que para los jóvenes de Chihuahua y Juárez, donde hay sedes permanentes.

La página oficial del programa está caída desde hace semanas (imágenes en versión digital de La Columna) y no se puede consultar nada, por lo que obligan a los estudiantes de los municipios más alejados a tener que viajar a otras partes para poder hacer sus trámites.

Aunque el problema de la inoperatividad de las becas es nacional, la percepción es que sí hay para poner cámaras, pero no para entregar los apoyos más necesitados, que siempre son la bandera de la 4T.

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A partir de hoy y hasta finales del mes, el Comité contra Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (CED) visitará 12 estados del país, en lo que es la primera gira formal del grupo desde su creación.

La delegación del CED estará compuesta por Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del comité, así como por Juan Pablo Albán Alencastro, Juan-José López Ortega y Horacio Ravenna.

Chihuahua será el segundo o tercer sitio a visitar en la agenda que se maneja de forma confidencial. Pero el grupo internacional pretende visitar a las autoridades de todos los niveles de gobierno, en especial a los encargados del problema, es decir, fiscales y jefes de seguridad.

Los expertos también se reunirán con víctimas, organizaciones sociales, instancias oficiales de derechos humanos y otros interesados.

Pretenden asistir a exhumaciones realizadas por las autoridades y grupos de víctimas. Además, buscarán ingresar a las cárceles y centros de detención para examinar su sistema de registro como medio para prevenir desapariciones forzadas.

Increíblemente, México apenas autorizó la visita del comité, cuando el CED la había solicitado desde el año 2013.

El contexto de esta visita es sencillo, pero a la vez aterrador. Las estimaciones oficiales es que hay casi 90 mil desaparecidos en el país, desde el año 2006 hasta la fecha, y el 80 por ciento o más se concentra en 10 entidades de México.

Chihuahua tiene el deshonroso séptimo lugar del país, según los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, que ha avanzado muy poco en la resolución de casos.

Así las cosas, bienvenida la presión de la ONU a los gobiernos nacional y estatal, visiblemente rebasados por los criminales que están detrás de las desapariciones, que por lo general terminan en ejecuciones e inhumaciones clandestinas.

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De perlas le cayó al director de Protección Civil Municipal, Roberto Briones Mota, la presión de la regidora panista Alma Arredondo, para que le destinen mayor presupuesto a un área que por lo general termina olvidada por todas las administraciones.

Además de la falta de equipos para atender emergencias, del poco personal y las duras condiciones laborales que enfrentan los trabajadores de dicha dependencia, hay un problema mayor que se ha agravado con el paso de los años y el crecimiento desordenado de Juárez.

Se trata de la red de hidrantes instalada desde hace décadas, que se ha incrementado sobre todo en los desarrollos más modernos, pero por falta de mantenimiento está lejos de ser un solución ante emergencias. Más que solución es otro problema.

Resulta que de los dos mil 410 hidrantes existentes, hay más de 500 sin funcionar. O sea que uno de cada cinco son inservibles.

El asunto es grave, porque eso explica los tiempos extra que han debido trabajar bomberos y los grandes daños dejados por siniestros de alto impacto, como los ocurridos en abril, junio, julio y octubre pasados en zonas industriales.

Al menos en uno de los incendios de mediados del año, la misma Protección Civil Municipal había advertido que había hidrantes para ayudar a combatir el fuego, pero no funcionaron cuando se trataron de utilizar.

Así, la mesa está servida para que Briones aproveche a la hora de cuadrar el presupuesto 2022 con la Tesorería Municipal.

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En lo que queda de este mes habrá de definirse la encuesta –de esas encuestas extrañas de Morena– con la que se habrá de elegir al candidato a gobernador del estado de Durango.

Nada tendría de interés local el proceso electoral de la entidad vecina de no ser porque un par de aspirantes están muy ligados a Chihuahua. Se trata del expanista-yunquista Manuel Espino Barrientos y del morenista José Ramón Enríquez.

Espino es de Durango, pero se considera juarense adoptivo. Es exdirigente nacional del PAN, exdirigente de su propio movimiento que buscó ser partido y ahora exfuncionario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la que renunció para contender en el proceso interno de Morena.

Enríquez Herrera no llegó a ser adoptado en Chihuahua, pero casi. Fue el responsable de conducir el proceso de asignación de candidaturas en el pasado proceso electoral. No entregó los mejores resultados, no ganó la gubernatura ni el Congreso y retrocedió en diputaciones federales.

Los morenistas locales que tienen cierta injerencia en el proceso duranguense dicen que el pasado pluripartidista de Espino es el gran factor que lo tiene aplastado en las encuestas previas. De ahí que todo el apoyo sea a favor del exdelegado especial morenista para Chihuahua.

La pelea por esa candidatura parece estar entre Enríquez y Margarita Valdez, ambos senadores por dicha entidad, y será a principios de diciembre cuando se confirmen los resultados, a menos que algún gran dedo elector cambie de opinión.

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