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Opinión

¿Y la Ley de Juicio Político… apá?

Constituye un hecho notorio que las pasadas legislaturas denigraron la función legislativa

Gerardo Cortinas Murra
Analista

lunes, 02 mayo 2022 | 06:00

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Constituye un hecho notorio que las pasadas legislaturas denigraron la función legislativa. Al extremo de que el Congreso fue tildado como la ‘Oficialía legislativa del Gobernador’. Hoy en día, el principal propósito de la actual Legislatura es el de desterrar el mediocre desempeño legislativo que, durante las últimas décadas, caracterizó al Poder Legislativo estatal.

Quien no recuerda cuando el corrupto Enrique Serrano fue coordinador del grupo parlamentario del PRI. A pulso, dada su prepotencia y sumisión política, se ganó los apodos de ‘Enrique VIII’ y ‘el ‘Edecán Legislativo’ del Gobernador César Duarte. 

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Ante semejante desprestigio político, aprovechando la inexistencia de diputados de los partidos políticos rémoras (PT y Verde), la actual Legislatura se ha propuesto dignificar la función legislativa generando acuerdos parlamentarios consensuados entre todos los grupos parlamentarios. Ejemplo de ello, es el siguiente:

La semana pasada, se reunieron los integrantes de la Comisión legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales para dar inicio al análisis las siguientes iniciativas: a) reforma a la Constitución Local relativa al procedimiento de selección de magistrados del TSJ, así como para democratizar los trabajos del Consejo de la Judicatura”; y b) Análisis de las Iniciativas presentadas (Pan, Pri y Morena) para crear la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia. 

En esta ocasión, solo haré referencia a las iniciativas relativas al Juicio Político. Para ello, debe recordarse que en décadas pasadas, la responsabilidad oficial y administrativa de los servidores públicos en Chihuahua, estaba regulada por la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos (LRSP) (Ley derogada en el año 2017, por la Ley General de Responsabilidades Administrativas).

Sin embargo, en materia de juicio político, la LRSS tuvo vigencia hasta el año 2018, en la que la Ley de Juicio Político la derogó, en los términos siguientes: “Se derogan los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 19 de la LRSS…”

Ahora bien, con motivo de la expedición de la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo en el año 2016, se precisó la obligación del Congreso para expedir un ordenamiento legal para sancionar la responsabilidad política, en los términos siguientes:

“ART. 218. Las solicitudes de denuncia de Juicio Político que se presenten en contra de los servidores públicos mencionados en el artículo 179 de la Constitución Política del Estado, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley que expida el Poder Legislativo, para tales efectos”.

A pesar de ello, la Legislatura correspondiente al primer trienio de gobierno de Javier ‘El Inútil’ Corral demoró dos años en expedir la Ley de Juicio Político y de Declaración de Procedencia; misma que en el año 2020, la ‘Tremenda Corte’ la invalidó, toda vez que:

“…el dictamen fue aprobado por la mayoría parlamentaria -sin discusión de fondo- lo que constituye una violación al procedimiento legislativo que generó una afectación al principio democrático de participación de todas las fuerzas políticas con representación, en condiciones de libertad e igualdad”.

 Así las cosas, se puede afirmar que desde el año 2016, el Estado de Chihuahua carece de una legislación confiable y eficiente, para enjuiciar a los altos funcionarios de gobierno por actos de corrupción que conllevan un grave daño al erario público y/o un perjuicio generalizado a los derechos humanos de la sociedad chihuahuense.

Y por si esto fuera poco, la redacción de las iniciativas para la nueva Ley de Juicio Político, es propicia para que, a través de juicios de amparo, los funcionarios corruptos sean absueltos y, por ende, sus actos de corrupción queden impunes.

Al parecer, los integrantes de la comisión legislativa han prometido garantizar la participación de especialistas en la materia en las sesiones de análisis. De no ser así, se estaría en la eventualidad de aprobarse otra ley inconstitucional.

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