Opinión
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Vuelve al cargo en el mundo del revés

El regreso de Ávila a la Secretaría de Salud no puede tener más explicación que los preparativos 'financieros' para la retirada. El régimen panista de Javier Corral concluye en septiembre del año próximo

LA COLUMNA
de El Diario

jueves, 03 septiembre 2020 | 06:00

-Vuelve al cargo en el mundo del revés

-Muerte de policía exhibe deuda en hospital

-Para el Consejo del PAN hay semáforo amarillo

-Contralorías resultaron un fracaso

Este es el mundo del revés, dijo en expresión generosa una colega periodista al conocer el regreso de Ernesto Ávila a la Secretaría de Salud del Gobierno estatal como jefe de “proyectos especiales”.

Otro comentario fue menos misericordioso, “en defensa del padre de la Patria, recordar que ahora será el año de Gómez Morín, a robar de principio a fin”.

Hubo quienes se cansaron de escuchar el año de Hidalgo como el último de cualquier administración pública, caracterizado regularmente por pillerías, y agregaron que entre panistas debe hablarse ahora del año de Gómez Morín... e indudablemente vendrá el de AMLO cuando concluya su administración y los morenos apartados del camino busquen llenar sus bolsas antes de dejar el gobierno.

El regreso de Ávila a la Secretaría de Salud no puede tener más explicación que los preparativos “financieros” para la retirada. El régimen panista de Javier Corral concluye en septiembre del año próximo.

También militar retirado, Ernesto Ávila inició en octubre del 2016 como secretario de Salud del gobierno corralista. Lo primero que hizo fue despacharse en diciembre con 100 mil pesos de un bono identificado luego como ilegal y sujeto de sanción por la Secretaría de la Función Pública.

Eso fue lo menos. El 24 de agosto del 2018 fue obligado a renunciar por la extraordinaria crisis en la que tenía al Sistema Estatal de Salud, incluyendo una corrupción igual o peor que la señalada a la administración de César Duarte. Millones por miles entregados a empresas sin licitación alguna.

Tras la separación de Ávila llegó al relevo el médico cirujano y exrector universitario, Jesús Enrique Grajeda Herrera, quien murió por coronavirus a finales de julio pasado. Su lugar fue ocupado por el economista sin cédula profesional, Eduardo Fernández Herrera, “higadito” entre la burocracia estatal; ahora en Salud, antes en la Fiscalía General, y más anteriormente en la Subsecretaría de Hacienda; sobrino cómplice del director general de Pensiones, Alberto Herrera.

Bajo ese contexto se reintegra Ávila a Salud. Es quien conoce a detalle las cañerías financieras, no le contará nadie las muelas en materia médica y quien seguramente buscará planchar las arrugadas cuentas de la Secretaría de aquí a julio próximo, cuando deba empezar la entrega de papelería al nuevo gobierno.

El explicable mundo del revés.

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Aunque desde la semana pasada fue visto Ávila en una gira que realizó Javier Corral por Guazapares y Bocoyna, su regreso quizá fue apurado esta semana por un hecho trágico que exhibió la brutal pobreza administrativa en Pensiones Civiles y/o la propia Secretaría de Salud en su conjunto.

La madrugada del domingo fue agredida en la ciudad de Chihuahua una mujer policía ministerial del área de derechos humanos. Su victimario fue un policía estatal. Aparentemente estaban en un convivio. Murió ayer tras una agonía de casi 72 horas.

Fueron perdidos minutos muy valiosos después de la agresión –casi una hora- porque requería de cirugías inmediatas que no podían ser practicadas en hospitales públicos, solo había disponible un nosocomio privado al que tuvieron dificultades para acceder por una deuda millonaria que el gobierno de Salud tiene ahí.

Increíble pero nadie de los jefes de Salud –incluido el secretario Fernández, menos el gobernador, podían ser despertados para avalar el ingreso de la joven policía al hospital privado.

Finalmente algún alma caritativa facilitó la operación y pudo ser concretado el traslado, por infortunio las lesiones fueron tan graves que la mujer no sobrevivió.

Así están las deudas hasta el cuello de todo el Sistema de Salud Estatal al grado que lo convierten en regularmente inoperante.

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La presidenta del PAN y su secretario general, Rocío Reza Gallegos y José Luis Cisneros Carlos, deben tener la mística capacidad de predecir el semáforo epidemiológico. Ni modo que de Palacio de Gobierno les digan cuándo habrá de cambiar de naranja a amarillo, eso es impensable.

El caso es que por fin la dirigencia panista convocó a sesión del Consejo Estatal el próximo domingo 20 de septiembre, en un privado del remodelado Quallity Inn San Francisco de la capital. Eso quiere decir que para esa fecha habrán de permitirse reuniones con decenas de personas como las que integran el máximo órgano de las decisiones albiazules.

Así que la buena noticia será para los capitalinos, a los que inexplicablemente el semáforo político los mantiene en naranja, mientras la frontera pasó al amarillo, con más casos de contagios, defunciones y demanda hospitalaria.

La mala noticia será para la dirigencia, pues al menos dos de los grupos fuertes que operan al interior del PAN esperaban con ansias la convocatoria a la sesión, debido a que muchas decisiones se han tomado a espaldas del Consejo.

Según los conocedores, el órgano colegiado básicamente se divide en tres facciones: corralistas, independientes y afines a la alcaldesa de la capital, María Eugenia Campos. Los dos últimos resultan más numerosos (y escandalosos) que el primero. También son los más inconformes con una gestión del partido que ha ido a menos desde su arranque.

La aprobación del presupuesto del año pasado y del actual, asuntos tan desfasados como controvertibles; así como la autorización a la dirigencia para buscar alianzas electorales con otros partidos, apuntan a convertirse en los mayores temas de discusión.

Hay que sumar, además, el reclamo general de la falta de acción de la dirigencia panista en la tarea de promover la unidad socavada desde el Palacio de Gobierno.

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Los Órganos Internos de Control (OIC) que todos los entes públicos deberían tener desde hace un año han resultado un fracaso, ya sea por la nula actividad de los pocos creados o por su inexistencia total.

Hasta la semana pasada -según un reporte del pomposo y a la vez inútil Sistema Estatal Anticorrupción- faltaba más del 90 por ciento de los municipios de crear su OIC. Fuera de Chihuahua, Juárez y Matachí, no existe la dependencia a cargo de la Contraloría en el resto de los ayuntamientos.

No es novedad alguna, tampoco la tienen el Congreso del Estado, el Instituto Estatal Electoral o la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Son entes constitucionalmente autónomos que por su espíritu democrático deberían ser los primeros en poner el ejemplo. No lo han hecho.

Sin los órganos internos el Sistema Anticorrupción, que de por sí fue diseñado para que no tuviera utilidad alguna, en realidad sirve sólo para hacerles perder el tiempo a los funcionarios que lo integran, al igual que a los participantes ciudadanos del Comité Coordinador del SEA, encabezado por Ana Terrazas Cerros.

De hecho es cada vez más común la queja de los funcionarios -titulares del Instituto Chihuahuense para la Transparencia, Auditoría Superior, Fiscalía Anticorrupción, Secretaría de la Función Pública- en el sentido de que se reúnen una vez al mes sin agenda, sin temas que tratar en la orden del día, sin puntos críticos para resolver.

Con la Legislatura actual y la administración corralista en cuenta regresiva, parece que ahora menos que nunca van a querer que el SEA funcione. Si no les interesó cuando pudieron usarlo contra otros, no les interesará ahora que podría ser usado en su contra.