Opinión

Voyeurismo político en la casa de la tortura

Conocedores del populismo presupuestario, López Obrador y Javier Corral señalaron a sus antecesores por hacer uso de residencias oficiales, sin darse cuenta de que dichos recintos existen por una razón

Sixto Duarte
Analista

martes, 12 octubre 2021 | 06:00

Conocedores del populismo presupuestario, López Obrador y Javier Corral señalaron a sus antecesores por hacer uso de residencias oficiales, sin darse cuenta de que dichos recintos existen por una razón. En el caso de Los Pinos, es mejor tener al presidente protegido y evitar causar molestias viales a los ciudadanos de la capital del país, teniendo un lugar donde despachar y vivir. En cambio, López Obrador decidió irse a vivir a un Palacio virreinal, causando tráfico y molestias a los habitantes del centro de la Ciudad de México, pues las manifestaciones en contra de su gobierno se materializan precisamente en el primer cuadro de la ciudad. Para el caso de Chihuahua, las mismas razones existían para tener una Casa de Gobierno.

Al llegar Javier Corral al gobierno de Chihuahua, y tratando de romper con sus antecesores (César Duarte y Reyes Baeza) de forma populista determinó que no viviría en la Casa de Gobierno. Por ello, incrementó su equipo de seguridad, causando molestias y abusos a los vecinos que tenía en su casa, allá en la ciudad de Chihuahua.

De forma simbólica, decidió usar las oficinas de dicha Casa de Gobierno como una auténtica casa de terror (a propósito de Halloween en próximas fechas) en donde citaba y torturaba psicológicamente a cualquier persona, con el afán de destruir a su antecesor.

El uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia se denunció en este mismo espacio en reiteradas ocasiones (Fepade y Justicia Política, El Diario, 24 de octubre de 2017) (La prisión preventiva como tortura, El Diario, 11 de diciembre de 2017) (Más caro el caldo que las albóndigas, El Diario, 14 de mayo de 2018). En su momento, quizá no hubo el eco necesario para hacer ver a la población que el gobierno de Chihuahua usaba la amenaza de prisión preventiva como un medio de tortura para detenidos, o personajes a punto de ser detenidos por el corralato. Es decir, quienes entraban a esa casa embrujada, salían habiendo declarado algo a gusto de la Fiscalía, o con el riesgo de ser posteriormente detenidos por no haber colaborado. Todo con la complacencia de jueces corruptos y a modo.

Prueba de que muchas de las acusaciones fueron infundadas es que hoy, solamente dos acusados del corralato continúan detenidos, aunque seguramente saldrán pronto.

El día de ayer, La Jornada publicó una nota donde hacía referencia a la creación de un “centro de acoso político” para inculpar opositores. Esto, si bien no es una novedad pues todos en Chihuahua sabíamos que el gobernador Corral y sus secuaces (cómplices sería la palabra adecuada) usaban dicho inmueble para que se citara, amenazara, y declarara a modo a los personajes que hubieran tenido algo que ver con el gobierno de su antecesor. Lo que viene a sorprender es el hecho de que Corral, como solamente una mente enferma puede hacer, supervisara dichos interrogatorios desde una sala contigua, a través de un sistema de circuito cerrado. Voyeurismo político le llamarían algunos.

Esto viene a evidenciar cuáles eran las prioridades de su gobierno, pues en lugar de dejar en manos de las autoridades las investigaciones, decidía jugar al policía.

El Gobierno del Estado anunció que investigará las presuntas prácticas de tortura emprendidas por la anterior administración. Es importante que así sea, en virtud que se tiene que enviar un mensaje de que quien abusa de las instituciones, debe de pagarla. Por una vendetta política, delincuentes como Javier Corral, César Peniche, Francisco González, Lucha Castro, entre otros jueces-ujieres, destruyeron vidas completas. Un ejemplo es el de Lázaro López, a quien el régimen anterior mató en una prisión. Si existe voluntad, seguramente caerán bastantes junto con Peniche, González Arredondo, entre otros delincuentes.

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