Opinión

Visos de dictadura

Hace unos meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la inconstitucionalidad de la llamada 'Ley Bonilla'

Sixto Duarte
Analista

martes, 20 abril 2021 | 06:00

Hace unos meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la inconstitucionalidad de la llamada “Ley Bonilla”, que fue el intento infructuoso del gobernador de Baja California Jaime Bonilla, de perpetuarse en el poder más tiempo del que había sido originalmente votado. En ese momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidió darle la espalda declarando la inconstitucionalidad de la extensión de su mandato.

Con dicha decisión, la Corte ganó algo de prestigio y legitimidad, pues para todos los ciudadanos era clara la inconstitucionalidad de dicho decreto. Sin embargo, dicho prestigio ganado por la SCJN fue tirado a la basura cuando, semanas después, la misma Corte resolvió que era constitucional el planteamiento de consulta popular para enjuiciar expresidentes.

Esto solo ha podido lograrse gracias a la enorme influencia que posee López Obrador en el Máximo Tribunal del país, al colocar ahí a incondicionales, que, lejos de defender la Constitución, defienden su proyecto de gobierno.

Ahora, el mismo gobernador Bonilla decretó la expropiación del Club Campestre de Tijuana. Naturalmente que la expropiación, es siempre una medida que se estima arbitraria, quizá propia de regímenes poco democráticos. Al conocerse el decreto expropiatorio, todo mundo evocó imágenes de Hugo Chávez, quién en un video que trascendió hace cerca de diez años (como un cliente en un supermercado) iba escogiendo qué propiedades expropiar en la ciudad de Caracas.

Las amenazas y medios de presión ejercidos en contra de los consejeros del INE respecto a la resolución de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, revelan el aire dictatorial con que se conduce la “Cuarta Transformación”. Y es que poco les importa a los acólitos de la 4T que Salgado no hubiera cumplido con la ley. Ante las amenazas gangsteriles de Salgado, vino un llamado “enérgico” de la Secretaria de Gobernación, invitando a Salgado y al INE a resolver sus diferencias por la vía institucional. Es decir, un absurdo, siendo que el INE en ningún momento le faltó al respeto a Salgado.

López Obrador controla el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las resoluciones que éste le ha otorgado al poder, han sido tributos que vasallos rinden al Señor Feudal. De ahí que no vaya a ser sorpresa si reinstalan a Salgado en la candidatura.

Ahora, para continuar con la serie de tropelías cometidas por el gobierno, se aprueba un decreto por parte del Senado (mismo que debe ser confirmado por la Cámara de Diputados) que extiende la permanencia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es evidente que este ministro ha sido obsequioso a más no poder con el gobierno. Incluso, dejando de lado la investidura que debe guardar, ha asistido a programas de propaganda del régimen (en Canal Once) para defender su supuesta independencia. Nunca un presidente del más alto Tribunal del país había tenido que defender tanto su supuesta independencia. Los hechos confirman que no es independiente.

Conforme a la Constitución, Zaldívar debe permanecer cuatro años al frente de la Suprema Corte. Eso lo dice la Constitución, lo dice la Ley Orgánica, y lo dice cuanta disposición reglamentaria se haya emitido al respecto. Sin embargo, Morena aprobó en el Senado la extensión de su mandato, al más puro estilo de Bonilla.

¿Qué busca López Obrador con la extensión del periodo de Zaldívar al frente de la Corte? No es propiamente colaboración, sino sumisión. Zaldívar ha demostrado ser el más dócil a los caprichos dictados desde Palacio Nacional. Es curioso que exista por parte del gobierno tanto interés en que sea Zaldívar quien encabece la Corte. Si fueran verdaderos demócratas (como dicen hasta el cansancio serlo) les resultaría irrelevante quién encabeza el Tribunal Constitucional.

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