Violencias, violencia estructural y salud mental

No son algunos días, semanas o meses. La incertidumbre que los hechos de violencia generan en el país, el estado y este municipio, tiene ya más de 12 años. El feminicidio, en esta ciudad, fue reconocido hace más de 25 años.

Gobiernos van y vienen. Partidos llegan, se posicionan, alternan, se recomponen y/o se alinean a otros protagonistas, en tanto las violencias permanecen.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres tiene razón cuando argumenta que los feminicidios no pueden entenderse sin considerar los problemas estructurales vigentes. De hecho, constituyen una de las manifestaciones de la violencia estructural que se ha enseñoreado en este municipio y que se expresa también en otras regiones del país.

Cuando las personas se enfrentan a condiciones que les impiden desarrollar plenamente sus capacidades, nos encontramos en un escenario donde la violencia estructural está presente. Así se explica por qué miles de personas abandonaron sus lugares de origen para venir a residir a esta frontera, para incorporarse a empleos con bajos salarios, los que, no obstante, les ofrecían una opción mejor que aquellas que prevalecían en su lugar de residencia previo.

Y no es la migración ni son los hombres y mujeres migrantes el problema, como en ocasiones se señala. Por principio, el crecimiento económico de esta ciudad no se puede entender sin la incorporación de miles de migrantes que integran su fuerza laboral.

La riqueza generada no se ve representada en las condiciones de vida que las acciones gubernamentales les ofrecen. Esto es evidente en las vialidades, el transporte público, las áreas verdes y deportivas, el alumbrado público, las inadecuadas viviendas de interés social y la violencia interpersonal, colectiva, autoinfligida y de género que se reproducen.

No existe sector o grupo social exento de actos de violencia. Tanto en las fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno, como en las fuerzas armadas que fueron incorporadas a labores de seguridad pública, las bajas, en términos militares, son numerosas y, por tanto, dolorosas para sus familiares, amigos, superiores jerárquicos y la ciudadanía que los valora.

En las familias de las víctimas de la delincuencia, como en las de las y los delincuentes, la tranquilidad, la paz y el sosiego, son estados por alcanzar. Aun así, Juárez es una ciudad resiliente. Porque a pesar de todos los sucesos que ha enfrentado, sigue activa, constante, sin detener las actividades económicas, aunque las vidas se fragmenten y lentamente se consuman.

Al menos así se puede entender cuando se establece que “La resiliencia urbana es la capacidad de las personas, comunidades, empresas y sistemas que se encuentran dentro de una ciudad para sobrevivir, adaptarse y prosperar sin importar qué tipos de estrés crónico y crisis agudas experimenten” (iniciativa 100 Ciudades Resilientes).

Se ha dicho antes, este estado de cosas no favorece el desarrollo pleno de las capacidades de las personas, antes bien, posibilita la emergencia de daños a la salud y en particular, de afectaciones a la salud mental de sus habitantes.

El creciente consumo de drogas legales e ilegales no es ajeno a esta condición. Los suicidios, la ansiedad y otras manifestaciones similares, entre las y los jóvenes, constituyen otras de sus revelaciones. En estos casos, como señala Johan Galtung, “La violencia está edificada dentro de la estructura, y se manifiesta como un poder desigual y, consiguientemente, como oportunidades de vida distintas”.

En este sentido es que la violencia de género que se ejerce en contra de las mujeres se superpone a la violencia estructural. El sexismo y la misoginia son expresión de la violencia cultural que ha ubicado a hombres y mujeres en posiciones diferentes, las mismas que hoy en día son insostenibles en escenarios como el juarense, donde el espacio público, los entornos laborales y las aulas son territorios frecuentados por las mujeres, como lo son por hombres y mujeres con orientación erótico-afectiva distinta a la heterosexual.

Un riesgo presente en este contexto consiste en que, ante las dificultades presentes, se imponga una modalidad de violencia institucional del “tipo que se ejerce desde las instituciones legitimadas para el uso de la fuerza cuando en la práctica de sus prerrogativas impiden la realización de las potencialidades privativas a las personas” (Galtung).

Se impone más inteligencia, el debido proceso y el ejercicio de la justicia, antes que la impunidad y el desaliento.