Opinión

¿Viola los derechos humanos el toque de queda?

El 8 de mayo el presidente municipal de esta ciudad, estableció una serie de medidas de restricción por 10 días

Olivia Aguirre Bonilla
Académica

viernes, 15 mayo 2020 | 06:00

El 8 de mayo el presidente municipal de esta ciudad, estableció una serie de medidas de restricción por 10 días, para todas las personas que residan aquí, una de ellas tiene que ver con la restricción a la movilidad, en donde se prohíbe circular por la ciudad ya sea de manera peatonal o en automóvil a cualquier hora del día, es decir las 24 horas, sin embargo el edil hizo hincapié en que la excepción a la movilidad será sólo por motivos estrictamente necesarios y de causa mayor como por ejemplo que se dirija la persona a adquirir alimentos, productos farmacéuticos, o de primera necesidad, acudir a hospitales o establecimientos sanitarios para atender a los adultos mayores, menores de edad o dependientes con discapacidad. 

La restricción a la movilidad de manera permanente por 10 días constituye a todas luces un toque de queda, es decir el presidente municipal, sin tener las atribuciones para hacerlo decide proclamar un estado de excepción, el cual no se realiza de conformidad con el marco constitucional y demás disposiciones que rigen dicha actuación. 

Pues a pesar que el edil hace referencia a que se deben atender las disposiciones establecidas en los tres niveles de gobierno, en ningún momento tomó en consideración que la postura del Gobierno federal ha sido el de no aplicar medidas que restrinjan derechos ciudadanos durante el período de la pandemia a causa del coronavirus. Incluso el 30 de abril del presente año la Secretaría de Gobernación exhortó a las autoridades estatales y municipales, a aplicar las medidas emergentes con apego irrestricto a los derechos de las personas, y frenar todo abuso de autoridad, amenazas o castigos a la población. 

Así pues, las medidas decretadas por cierto de manera arbitraria y desproporcionada por la administración municipal han representado amenazas para la persona, ya que de transitar por la ciudad sin la necesidad imperiosa para hacerlo podrían ser amonestadas. Y es que, tan sólo del 8 al 10 de mayo, la Policía y Seguridad Vial amonestó y sancionó a mil 593 personas en conjunto, señalando la autoridad que se actuó cuando los conductores no demostraron tener la necesidad justificada de salir de su hogar, o por no traer cubrebocas, así se dio a conocer por la SSPM, como lo indica información publicada en este medio informativo (El Diario12/05/20). 

Incluso recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Resolución 1/2020, estableció estándares y recomendaciones bajo la convicción de que las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención de la pandemia debieran tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos. Entre las que se encuentran el deber de garantizar que no se realicen detenciones arbitrarias durante la vigencia de estados de emergencia o restricciones a la circulación de las personas, y que toda detención cuente con el debido control judicial, de conformidad con los estándares. 

Resulta pertinente analizar que en el caso de que el Ejecutivo Federal determinará decretar la suspensión de derechos se tendría que atender a los requisitos que nos da el derecho internacional, el primero es la legalidad, el segundo en la necesidad, proporcionalidad y temporalidad, que por cierto cabe señalar que a la fecha a pesar de estar en la fase tres de la pandemia no lo ha hecho pues está consciente de que no se trata penetrar la vida ciudadana con autoritarismo. 

Lo que se debe hacer es concientizar e informar a la ciudadanía, incluso la ciudadanía tiene una gran responsabilidad, y es que la mayor cura es la solidaridad, la solidaridad como un mecanismo de defensa, solidaridad que debe ser en primer lugar del Estado y en segundo lugar de los ciudadanos. Y como ciudadanos tenemos que ser muy cuidadosos y reflexivos en torno a los riesgos y peligros que se vienen detrás de este virus. Sería catastrófico que con el argumento de la protección de la salud termináramos sacrificando las libertades civiles. Se necesita por tanto una visión holística, que permita una protección adecuada de todos los derechos humanos. Facebook: Dra. Olivia Aguirre Bonilla