Video: Se cree tiktoker pero es funcionario público

• Se cree tiktoker pero es funcionario público

• No es regidora indígena por pura suerte

• La ex “independiente” se cuela como asesora morena

• Están a un empujoncito los jefes de Migración

La inclusión panista en el equipo de la gobernadora Maru Campos en Juárez comenzó por el secretario general del Comité Municipal del PAN, Ricardo Vega. Su seriedad fue puesta en duda casi segundos después de la designación que lo favoreció.

Apenas nombrado coordinador de gabinete en la Zona Norte, de sus redes sociales los albiazules comenzaron a tomar ejemplos de que actúa más como tiktoker o youtuber en potencia que como funcionario público.

“Uuuuta güey, qué buena rola, qué buena rola”, así comienza uno de sus videos (disponible en La Columna versión digital), mientras conduce despreocupadamente su vehículo y voltea al celular donde él mismo se graba.

“El éxito es como el embarazo: todo mundo te felicita, pero nadie sabe cuántas veces...”, bueno, el resto ni es necesario describirlo.

Solito se puso en su nivel el nuevo representante estatal, que es ampliamente conocido entre las bases azules. Imposible que no se generaran burlas en torno a su actitud.

Hoy, precisamente, tras los nombramientos del viernes, se espera que tome las oficinas el resto de los que componen el equipo estatal que atenderá la frontera.

Como se sabe, es la inclusión del panismo, despreciado en el quinquenio pasado, lo que marcó las designaciones.

Destacan entre los panistas Eduardo Fernández en la Dirección de Transporte; Karla Gutiérrez, en el Registro Civil; Óscar Lozoya, en la Comisión Estatal de Vivienda; y Sergio Acosta, en la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.

Todavía quedan pendientes, sin embargo, algunas de las posiciones más relevantes, como la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, la Recaudación de Rentas, y por supuesto, la Fiscalía.

Gran parte del pandero en los nombramientos lo ha movido hasta el momento la diputada Marisela Terrazas en acuerdo con el nuevo jefe del Gobierno estatal en Juárez, Oscar Fidencio Ibáñez, por cuya fiscalización no pasarían ni pasarán Rogelio Loya ni Víctor Talamantes, que el viernes partieron fúricos a Chihuahua porque los dejaron chiflando en la loma con puras promesas.

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También esta semana que comienza, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, enviará refuerzos a esta frontera para incrementar la presencia de la Policía Estatal. A la vez vendrá la depuración de mandos y elementos desplegados aquí.

El modelo de patrullaje tendrá mayor coordinación con la Policía Municipal y buscará trabajar en conjunto con la corporación que dirige César Muñoz.

El cambio de enfoque atiende a peticiones como las realizadas por la Mesa de Seguridad y Justicia que encabeza Guillermo Asiaín, que han pedido, sobre todo, una limpia en las corporaciones y que haya mandos locales con arraigo en la frontera, para que se sientan más comprometidos con la ciudad.

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La primera regidora tarahumara de Ciudad Juárez, Mayra Karina Castillo Tapia, de 29 años de edad, ha sido vista desde fuera de Morena como la ocupante de una posición por mera cuota de género e inclusión étnica en el Cabildo.

Pero esa visión mocha está muy lejos de la realidad. Lo cierto es que la regidora, residente de la colonia Tarahumara de esta frontera, llegó por méritos propios y no por pura suerte para cumplir con las cuotas.

Es más, no llegó siquiera por invitación morenista, sino que, pocos lo saben, es de las mismísimas fundadoras de Morena en Juárez; además fue la primera mujer que ocupó el cargo partidista de secretaria de Asuntos Indígenas en el año 2013.

En otras palabras, ya tiene camino recorrido en el activismo social y partidista de Morena cuando éste apenas era una asociación civil fundada en el 2012 y que tuvo efectos constitutivos el 2014.

No es la “mexican curious”, pues, que algunos de sus compañeros quieren ver en el Cabildo, sino una morenista que sabe a lo que va al Ayuntamiento.

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Logró colarse como asesora al Congreso del Estado la extitular de Desarrollo Social de la administración municipal anterior, Laura Domínguez Esquivel. Ya está en la Torre Legislativa viendo dónde va a despachar y de cuánto será la paga con los diputados de Morena que coordina Cuauhtémoc Estrada.

La también exdiputada del tricolor anduvo coqueteando con el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y la gobernadora Maru Campos tras dejar el gobierno independiente, que luego mutó a morenista, de Armando Cabada.

Al no encontrar acomodo, la 4T loerista representada en el Legislativo le hizo lugar para sumarse a los escuálidos asesores con ribetes de aviadores, entre ellos al exsecretario corralista Víctor Quintana Silveyra.

Parece que en el Gobierno municipal juarense no le abrieron espacio en la nómina por algunos pecadillos con los que carga. Se habla de que cubrió con su manto a jóvenes expertos en desviar recursos de la alcaldía como láminas para techos, decenas de miles de despensas y demás.

Entre los que encubrió están Marco Antonio Cruz Torres y Mario Solís, ambos ya corridos de Atención Ciudadana, uno por robo de láminas y el otro por cobrarle a la gente de escasos recursos para acelerar sus trámites.

Ahora como asesora, el problema es si Domínguez andará de la mano de las ahora morenistas María Antonieta Pérez o Adriana Terrazas, lo cual sería muy extraño, pues no son precisamente las grandes comadres o amigas.

Lo que sí es que los chairos asientan que se mantendrá cobijada por “Benjamón” Carrera y Gustavo “Pichú” de la Rosa, por encargo de quien los manda.

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La reciente polémica que evidenció el pobre y sospechoso papel del delegado del Instituto Nacional de Migración, el general Pedro Alcalá, les puso la mesa a las autoridades federales, estatales y municipales que han padecido su ineficiencia.

Arrastra Alcalá, junto con su segundo, Lorenzo Pico, una serie de acusaciones e investigaciones internas por lo mismo que ya se ha señalado hasta el cansancio: no hacen otra cosa más que negocios y transas con las visas y residencias mexicanas, sin el mínimo interés por atender el fenómeno migratorio.

Al menos una de esas investigaciones está por resolverse en el órgano de control interno del INM. Alcanzarían las sanciones al general impuesto por la 4T y a Pico, que tiene años en el puesto, desde que el priista Wilfrido Campbell lo llevó y empoderó en el organismo federal.

Por eso se habla dentro del INM que es el momento perfecto para que le den un empujón en las oficinas centrales. La realidad es que ni el representante federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera, lo aguanta, menos los gobiernos estatal y municipales.

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Hoy a primera hora en la Ciudad Judicial se realizará la audiencia de vinculación o no a proceso de los exfuncionarios de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Antonio Andreu y Carlos Silveyra Saito.

El exrector de la UACJ y el exdiputado priista enfrentan acusaciones que la semana pasada les formuló la Fiscalía Anticorrupción ante un juez de Control, por supuestos desvíos de recursos entre 2015 y 2016.

Ahora van a la prueba de fuego tanto acusados como acusadora, con la posible vinculación en puerta y las cautelares que puedan dictarse.