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Opinión

OPINIÓN

Video: Ningún castigo por charoleada en borrachera

Llama la atención en ese sentido el escandalito etílico provocado ya ni siquiera por un regidor sino por un asesor el domingo durante la madrugada que, charoleando, quiso defender a una mujer

LA COLUMNA
de El Diario

martes, 30 noviembre 2021 | 06:00

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• Ningún castigo por charoleada en borrachera

• La censura de un hijito de Óscar Aparicio

• Ni la Ómicron asusta a los de la 4T

• Otra estafa con mina de 500 millones dólares

El Ayuntamiento es la máxima autoridad en la ciudad, los regidores de los distintos partidos que lo integran tienen bajo su responsabilidad conducirse con seriedad, integridad y buen criterio.

Llama la atención en ese sentido el escandalito etílico provocado ya ni siquiera por un regidor sino por un asesor el domingo durante la madrugada que, charoleando, quiso defender a una mujer y aparentemente la charola lo salvó de ser “remitido” como ocurre con cualquier cristiano en condiciones de aliento alcohólico hacia arriba.

Óscar Omar Palacios Lazos, asesor de la regidora del Movimiento Ciudadano, Tanía Maldonado, trató de evitar que fuera detenida una mujer que lo acompañaba y conducía el vehículo tripulado por ambos en la Gómez Morín, en hechos registrados la madrugada del domingo.

Del video correspondiente manejado en redes se desprende que Palacios andaba en calidad de placa de tráiler y exhibiendo su gafete como asesor en el Cabildo para defender a su amiga no identificada.

Una mujer policía de Vialidad se habría llevado a la acompañante del asesor, pero a éste lo salvo la charoleada porque varios municipales que auxiliaron a su compañera vial lo obligaron a subirse a su carro. “Súbase a su vehículo. Es una vergüenza”, le insistía la vial, buscando hacer su trabajo con el borracho casi encima.

El escándalo duró hasta ayer. Fue motivo de discusiones en pasillos y controversia entre el grueso de los regidores que integran el Cabildo, pero de amonestaciones o sanciones cero, solo promesas de que será investigado. Tampoco la obligada explicación por parte de la regidora jefa de su asistente.

Se dijo en broma que mandarán hacer gafetes iguales para todos los asesores de los regidores, más de 60. ¡Son milagrosos!, decían en plan poco serio.

A ver cómo reacciona el muy serio diputado y presidente estatal de Movimiento Ciudadano, Francisco “Pancho” Sánchez.

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Ambicioso, por decir lo menos, es el paquete presupuestal 2022 entregado ayer por la gobernadora, María Eugenia Campos al Congreso del Estado a través de sus muchachos César Jáuregui y José Granillo; secretarios General de Gobierno y de Hacienda, respectivamente.

De entrada, los números están cuadrados a 81 mil 300 millones de pesos en ingresos y egresos a diferencia del presupuesto 2021 de Javier Corral que fue aprobado por el Poder Legislativo con un déficit cercano a los cinco mil millones: 69 mil de ingresos... ¡y 74 mil de egresos! De ahí parte del tronadero de finanzas heredado.

La gobernadora no solo está segura que acabará con el déficit, sino que le incrementó siete mil millones al presupuesto de egresos y más de 10 mil millones al de ingresos cuya diferencia deberá salir de algunos nuevos impuestos como a las casas de empeño, a las bebidas alcohólicas y el incremento al controversial impuesto sobre nómina, entre algunos. Ya veremos cómo vienen los detalles por rubro.

Por lo pronto no hay observaciones de quienes tienen a su cargo la aprobación, modificación o rechazo del proyecto, los diputados en el Congreso del Estado. Andan en buen plan inclusive los legisladores de Morena; y fuera de ellos los demás marchan al mismo ritmo que la gobernadora panista gracias a sus operadores políticos, Jáuregui; y en el Congreso, Mario Vázquez, líder de la bancada azul.

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Imposible ocultar los sucesos en la calle por parte de quienes dirigen los gobiernos. Pierden tiempo, dinero e imagen.

Ha llegado ahora a la Fiscalía de Justicia en la zona norte un nuevo vocero que pretende descubrir el agua hervida en materia de “resultados institucionales” con el manejo mediático de las noticias hacia los medios de comunicación.

Óscar Márquez llegó de la ciudad de Chihuahua a ocupar ese cargo en Juárez y de inmediato implantó medidas que limitan casi por completo el acceso de los periodistas a la información  generada por la Fiscalía en esta frontera.

Ni en la pasada administración del corralato pasó eso porque el exfiscal, Jorge Nava, siempre tuvo puertas abiertas para hechos del día y estadísticas, información vital para conocimiento de la sociedad y la toma de sus decisiones cotidianas en materia de seguridad.

Ojalá recapacite el funcionario ex vocero también de ÓSCAR Aparicio, polémico y señalado por corrupción excomisionado de Seguridad Pública con Javier Corral. Podrá tapar la información al interior de sus cómodas oficinas, pero no en el exterior, donde se registran los homicidios, los robos de vehículos, de viviendas, los asaltos... ahí donde sufren los juarenses la violencia muchas veces sin ningún apoyo de instituciones como de la Fiscalía, justamente.

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Ni la variante Ómicron del Covid, ni el peso depreciado y menos la inflación en niveles de preocupación asustan a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. Ellos se organizan para festejar el tercer aniversario de su llegada como presidente... y lo demás es lo de menos.

En los canales oficiales de Morena, la gente del superdelegado Juan Carlos Loera, del dirigente moreno Martín Chaparro y de líderes informales como Fernando Tiscareño, siguen convocando para acudir al zócalo de la Ciudad de México mañana al mediodía.

“Acompañemos al presidente”, dice la invitación que han puesto a circular en redes sociales, donde aparece la imagen en grande del tabasqueño vestido de traje negro, atravesado por la banda tricolor con el correspondiente sello del águila. Foto en versión digital.

El llamado a festejar los tres años de la 4T desde luego que es cuestionada por algunos morenistas más prudentes, pues una concentración multitudinaria en la que habrá miles de personas de diferentes partes del país, desde luego que puede ser foco de contagio para los estados una vez que todos regresen.

Pero ni la prudencia ni la sensatez son los distintivos federales o del partido en el poder. Así, no queda más que seguir el mensaje presidencial planeado a las tres de la tarde de mañana primero de diciembre.

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Circula entre los estafados por la financiera patito Aras un contrato igual de patito, mediante el cual el CEO Armando Gutiérrez y sus abogados pretenden embaucar nuevamente a los afectados por el fraude que alcanzó a miles de chihuahuenses.

Los cientos que han presentado denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado y los que todavía no se animan a denunciar, pero ya reclaman el regreso de su capital, han recibido la oferta para firmar un nuevo compromiso que supuestamente les garantizaría el retorno de su inversión.

El ofrecimiento (imagen del contrato en versión digital) consiste en aceptar la garantía de una mina con reservas de utilidad bruta por 500 millones de dólares. Sí, de dólares, según una supuesta valuación fantasma hasta el primero de octubre de este año.

Ahí se sustenta la adquisición de Grupo Aras de la mina La Morita, registrada oficialmente por una minera seria, Camex Mining Company, que se habría desecho de ese supuesto activo.

No se muestra más documento de la propiedad de la mina, la concesión ni pruebas de la valuación fenomenal que dice tener, por lo que el carácter especulativo más bien parece un guion peliculesco de las estafas de Wall Street que una realidad tangible.

En suma, quieren pasar a los estafados de ser dueños de nada, con un saldo a favor en una fallida inversión, a ser los flamantes propietarios de una mina que le habría de dejar más de 40 mil dólares de ganancia a cada afectado, suponiendo un reparto igualitario entre 12 mil incautos.

Suena demasiado bien para ser verdad, como demasiado bien sonaban los fantasiosos rendimientos de 10 por ciento mensual, cuando el mercado pagaba entre dos y cuatro por ciento anual. Otra estafa, pues, para decirlo con todas sus letras.

Ante estos nuevos intentos de fraude, la Fiscalía General del Estado se ha visto lenta para actuar. Si bien es cierto que ya procedió a asegurar inmuebles de la financiera, no ha reparado que insiste en el engaño, la mala fe y el uso de medios excesivos para convencer a los incautos de negociar.

Eso es penal 100 por ciento, no mercantil ni civil; decir otra cosa para no actuar son meros pretextos para justificar acciones simplonas.

De tolerarse intentos de acuerdos igual de fantasiosos y engañosos que los contratos originales que dieron pie al fraude, la autoridad estaría haciéndose cómplice.

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